La buena fe en el juicio de amparo

La doctrina y la jurisprudencia son acordes en señalar que el amparo es un juicio que parte de la buena fe de las partes. Esto se pone de relieve, sobre todo, en el juicio de amparo indirecto, donde el quejoso narra los hechos, bajo protesta de decir verdad, a efecto de que el juez tenga elementos suficientes para resolver 2 cuestiones sumamente importantes: la admisión a trámite de la demanda y el otorgamiento de la suspensión.

La buena fe en la narrativa de estos hechos implica que el agraviado no falte a la verdad (señalando hechos falsos) u omita decir cosas verdaderas que le son adversas.

Con el paso del tiempo he advertido que los quejosos son probos en este sentido, pero, como en todo, hay algunas excepciones. No falta quien alegue, por ejemplo, que se pretende rematar un bien de su propiedad, argumentando que jamás se ha enterado de ningún juicio en su contra; cuando llega el informe del juez responsable advertimos que nuestro “extraño a juicio” contestó la demanda, ofreció pruebas e interpuso todo tipo de recursos (incluso el amparo directo contra la sentencia definitiva). En este caso, la falsedad con la  que se condujo el ciudadano le permitió que se admitiera la demanda de amparo y se le concediera la suspensión del acto reclamado.

Otro tipo de “mentiras piadosas”, las menos frecuentes, se dan cuando el agraviado falsea el derecho. Aunque parezca increíble, hay personas que modifican las leyes a su favor. El año pasado leía una demanda y el agraviado decía que se le debía conceder el amparo, pues un artículo de la Constitución le daba la razón, inclusive lo transcribía; mientras avanzaba en la lectura pensé: ¡qué raro, no recuerdo haber leído esto en la Constitución! Al checar la versión de esa semana de la CPEUM me di cuenta que el quejoso había cambiado -a su favor- la redacción de un artículo constitucional (tal vez pensando que nadie se daría cuenta). Hace poco, una persona, en un amparo contra leyes fiscales, se inventó  todo un artículo (con todo y fracciones) para demostrar una supuesta antinomia.

Insisto que este tipo de casos son los menos (no llegan al 1%), pero rompen un equilibrio procesal delicado y su materialización podría considerarse como ilícita, con las consecuencias penales que ello podría acarrear al justiciable.

Inconstitucionalidad superveniente de la cláusula de exclusión docente

Uno de los grandes logros del sindicalismo mexicano ha sido la cláusula de exclusión por admisión(1), que consiste, en esencia, en que el patrón pierde la libertad de contratar libremente a determinados trabajadores, pues solo podrá iniciar una nueva relación laboral con personas que le sean impuestas por el sindicato. Por medio de esta institución se ha logrado patrimonializar a favor de las personas las plazas laborales, al grado que los trabajadores pueden vender o heredar “sus” trabajos por medio del sindicato.

Con las llamadas reformas educativas de 2013, tanto constitucional como legal, se terminó con esa figura en el servicio profesional docente, para que los profesores del sistema educativo público lleguen a sus puestos por medio de exámenes de oposición realizados por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE). De esta manera, todas las cláusulas  de exclusión por admisión que hubiesen convenido los sindicatos de profesores con instituciones educativas públicas se tornaron inconstitucionales.

En el presente caso estamos ante una inconstitucionalidad superveniente, ya que antes de la reforma educativa tales cláusulas eran perfectamente legales (lo siguen siendo en otras materias, excepto la educativa), pero a raíz de la reforma al artículo 3o, constitucional(2), los convenios colectivos que prevén tales cláusulas atentan directamente lo dispuesto por la Constitución Federal y, por lo tanto, han perdido toda su efectividad.

Notas al pie:

(1) Esta figura está contemplada en el artículo 395 de la Ley Federal del Trabajo que dice: “Artículo 395. En el contrato colectivo podrá establecerse que el patrón admitirá exclusivamente como trabajadores a quienes sean miembros del sindicato contratante. …”.

(2) Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de febrero de 2013.

9 artículos de ética judicial.

En diciembre del año pasado (2014) se conmemoró el décimo aniversario de la publicación del Código de Ética del Poder Judicial Federal; por tal motivo escribí en Borde Jurídico una serie de artículos sobre la materia, los cuales comparto a continuación:

I. Ética judicial.

II. Prudencia judicial.

III. Justicia.

IV. Fortaleza.

V. Templanza.

VI. Independencia judicial (1 de 2).

VII. Independencia judicial (2 de 2).

VIII. Imparcialidad. 

IX. Objetividad.

Ebook: Las sentencias de los tribunales constitucionales

Ebook: Las sentencias de los tribunales constitucionales.

Fix Zamudio y Ferrer Mac Gregor.

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Contenido:

Prefacio

 I. Introducción

II. Principios básicos de las resoluciones judiciales

III. Las sentencias constitucionales en sentido estricto

IV. La interpretación conforme

V. Contenido y Efectos

VI. Cumplimiento y ejecución

VII.La jurisprudencia constitucional

VIII.La jurisprudencia internacional y su trascendencia en el ámbito interno

IX. Conclusiones

X. Anexo Jurisprudencial ……………………………………………………………………. 83

A) Amparo

B) Materia Común

C) Acción de Inconstitucionalidad

D) Controversia Constitucional

E) Tratados Internacionales

XI. Proyecto de Nueva Ley de Amparo (2001) (Capítulo VI: Declaratoria General de Inconstitucionalidad o de Interpretación Conforme)

Jurisprudencia, reiteración y mayorías calificadas.

La semana pasada la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió, por mayoría de 6 votos contra 5, que la detención en centros de arraigo es constitucional. Como sabemos, para que la jurisprudencia – en amparo – del Pleno de la Corte sea obligatoria para los demás órganos jurisdiccionales del país se requiere que el criterio respectivo sea reiterado en 5 ocasiones, sin ningún caso en contrario, además de que cada uno de los precedentes obtenga una votación calificada de 8 votos. Sin duda es un sistema perverso diseñado por el legislador;  ¿acaso la Corte Suprema de EEUU debe reiterar en múltiples ocasiones una determinación para que, siguiendo la teoría del stare decisis, la sigan los demás juzgados y tribunales? ¿El Tribunal Constitucional Alemán debe reiterar sus resoluciones para que no sean simples ‘llamados a misa’?

La votación calificada también tiene graves inconvenientes. Imaginemos que en el transcurso de 5 años la Corte resuelve 20 o 30 casos relativos a la constitucionalidad del arraigo, todos ellos con la votación de 6 – 5. Aunque estemos en presencia de doctrina jurisprudencial estable, no será obligatoria para las Salas, tribunales o juzgados.
Ante este panorama ¿cómo deben actuar los jueces que están convencidos que la detención en centros de arraigo viola derechos humanos protegidos por la Constitución  y tratados internacionales?
Una primera postura sería adoptar el criterio mayoritario del Pleno de la Corte (abandonando la postura personal); a fin de cuentas se trata del órgano cúspide del Poder Judicial Federal y último intérprete de la Constitución.
La segunda postura implicaría pasar por alto la decisión de la Corte, declarando la inconstitucionalidad de la detención en centros de arraigo, estableciendo en la resolución correspondiente que si bien se tiene noticia de la decisión de la SCJN, al no ser obligatoria en términos de la Ley de Amparo, se puede resolver en sentido contrario.
Tal vez este tema sea de fácil solución para abogados y académicos, pero para quienes ejercemos la función jurisdiccional implica múltiples aristas, desde la deferencia que se tiene hacia los órganos judiciales terminales, la protección de los derechos humanos y la independencia judicial.
Si en el futuro me toca resolver algún asunto sobre el arraigo deberé tomar una posición, mientras tanto queda como pregunta académica.

Sentencia: Constitucionalidad de la prohibición de venta de ciertos alimentos en escuelas

Ayer dictamos una sentencia en el juzgado (la última del paquete de la llamada reforma educativa), donde el tema a dilucidar era la constitucionalidad de un par de normas que restringen el expendio de ciertos alimentos en las escuelas del país. Les dejo la nota informativa oficial del Consejo de la Judicatura Federal:

“México, D.F., a 25 de marzo de 2015

DGCS/NI: 40/2015

NOTA INFORMATIVA

CASO:

Juez federal resuelve que es constitucional restringir la venta, distribución y expendio de ciertos alimentos preparados en escuelas de preescolar, primaria, secundaria y media superior; pero determina que es inconstitucional prohibirlo en instalaciones de educación superior.

ASUNTO:

El Juez Sexto de Distrito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, Carlos Alfredo Soto Morales, informa que al resolver el juicio de amparo 1/2015, promovido por una empresa dedicada a la venta y distribución de bebidas en contra del Congreso de la Unión y otras autoridades, lo siguiente:

El 11 de septiembre de 2013, dentro de lo que se conoció como la “reforma educativa”, se adicionó el artículo 24 bis de la Ley General de Educación que dispone, en esencia, que la Secretaría de Educación Pública podrá establecer los lineamientos y prohibiciones para el expendio y distribución de alimentos en las instituciones educativas del país.

El 16 de mayo de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo emitido por los titulares de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Secretaría de Salud (SSA) por el que, entre otras cosas, prohibieron que en las escuelas se vendan alimentos con alto contenido de azúcares simples, harinas refinadas, grasas o sodio que no cumplieran con los criterios nutrimentales de dicha disposición.

Ante ello, una empresa dedicada a la venta y distribución de bebidas (refrescos con gas y sin gas, tés, jugos, néctares y bebidas energizantes) promovió el juicio de amparo 1/2015, del cual hoy se informa.

En la sentencia, la autoridad jurisdiccional estableció que la empresa quejosa carecía de interés legítimo para defender a los consumidores (en este caso alos alumnos de las escuelas del sistema educativo nacional), puesto que no existe un vínculo entre la agraviada y los derechos de los estudiantes.

Asimismo, determinó que es constitucional establecer restricciones en la venta, distribución y expendio de ciertos alimentos preparados en escuelas de los niveles educativos de preescolar, primaria, secundaria y media superior, ya que la mayoría de los educandos de esos grados son menores de edad y, por tanto tienen protección especial del Estado mexicano, atendiendo al interés superior del niño.

Por otra parte, el juez Carlos Alfredo Soto Morales estimó inconstitucional la prohibición de vender alimentos y bebidas en las instalaciones de educación superior (universidades), ya que la mayoría de sus alumnos son personas mayores de edad, que no tienen una tutela especial. Sobre todo, si las citadas bebidas se pueden adquirir libremente en tiendas de autoservicio, mercados, tianguis, vía pública, etcétera.

De esta manera, prohibir la venta de este tipo de alimentos a adultos, por el simple hecho de encontrarse dentro de una universidad, viola la libertad de trabajo y comercio tutelada por la Constitución Federal.

En consecuencia, concedió el amparo de la justicia federal solicitado por la agraviada, para el efecto de que se le permita vender sus productos en universidades, siempre y cuando éstas no compartan aulas o instalaciones comunes a las que asistan estudiantes de grados inferiores”.

Para leer la versión pública de la sentencia (PDF) seguir este enlace.