Sentencia: Constitucionalidad de la prohibición de venta de ciertos alimentos en escuelas

Ayer dictamos una sentencia en el juzgado (la última del paquete de la llamada reforma educativa), donde el tema a dilucidar era la constitucionalidad de un par de normas que restringen el expendio de ciertos alimentos en las escuelas del país. Les dejo la nota informativa oficial del Consejo de la Judicatura Federal:

“México, D.F., a 25 de marzo de 2015

DGCS/NI: 40/2015

NOTA INFORMATIVA

CASO:

Juez federal resuelve que es constitucional restringir la venta, distribución y expendio de ciertos alimentos preparados en escuelas de preescolar, primaria, secundaria y media superior; pero determina que es inconstitucional prohibirlo en instalaciones de educación superior.

ASUNTO:

El Juez Sexto de Distrito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, Carlos Alfredo Soto Morales, informa que al resolver el juicio de amparo 1/2015, promovido por una empresa dedicada a la venta y distribución de bebidas en contra del Congreso de la Unión y otras autoridades, lo siguiente:

El 11 de septiembre de 2013, dentro de lo que se conoció como la “reforma educativa”, se adicionó el artículo 24 bis de la Ley General de Educación que dispone, en esencia, que la Secretaría de Educación Pública podrá establecer los lineamientos y prohibiciones para el expendio y distribución de alimentos en las instituciones educativas del país.

El 16 de mayo de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo emitido por los titulares de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Secretaría de Salud (SSA) por el que, entre otras cosas, prohibieron que en las escuelas se vendan alimentos con alto contenido de azúcares simples, harinas refinadas, grasas o sodio que no cumplieran con los criterios nutrimentales de dicha disposición.

Ante ello, una empresa dedicada a la venta y distribución de bebidas (refrescos con gas y sin gas, tés, jugos, néctares y bebidas energizantes) promovió el juicio de amparo 1/2015, del cual hoy se informa.

En la sentencia, la autoridad jurisdiccional estableció que la empresa quejosa carecía de interés legítimo para defender a los consumidores (en este caso alos alumnos de las escuelas del sistema educativo nacional), puesto que no existe un vínculo entre la agraviada y los derechos de los estudiantes.

Asimismo, determinó que es constitucional establecer restricciones en la venta, distribución y expendio de ciertos alimentos preparados en escuelas de los niveles educativos de preescolar, primaria, secundaria y media superior, ya que la mayoría de los educandos de esos grados son menores de edad y, por tanto tienen protección especial del Estado mexicano, atendiendo al interés superior del niño.

Por otra parte, el juez Carlos Alfredo Soto Morales estimó inconstitucional la prohibición de vender alimentos y bebidas en las instalaciones de educación superior (universidades), ya que la mayoría de sus alumnos son personas mayores de edad, que no tienen una tutela especial. Sobre todo, si las citadas bebidas se pueden adquirir libremente en tiendas de autoservicio, mercados, tianguis, vía pública, etcétera.

De esta manera, prohibir la venta de este tipo de alimentos a adultos, por el simple hecho de encontrarse dentro de una universidad, viola la libertad de trabajo y comercio tutelada por la Constitución Federal.

En consecuencia, concedió el amparo de la justicia federal solicitado por la agraviada, para el efecto de que se le permita vender sus productos en universidades, siempre y cuando éstas no compartan aulas o instalaciones comunes a las que asistan estudiantes de grados inferiores”.

Para leer la versión pública de la sentencia (PDF) seguir este enlace.

Ética y derechos humanos

El próximo lunes 23 de marzo platicaremos sobre ética y derechos humanos en la UMAD. Los esperamos, la entrada es libre.

UMAD DDHH

La dirección de la universidad es la siguiente:

  • Camino Real a Cholula 4212 Col. Exhacienda La Concepción Buenavista C.P. 72150 San Andrés Cholula, Puebla, México.
  • 01(222) 1415959 / 1415962 / 4047397

Palabras de bienvenida de la Ministra Sánchez Cordero al Ministro Medina Mora

El día de hoy (17 de marzo de 2015) el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dio la bienvenida al Ministro Eduardo Tomás Medina Mora Icaza, en la ceremonia de imposición de toga magisterial. Comparto con ustedes el discurso brindado por la Señora Ministra Olga Sánchez Cordero:

“Señor Ministro Luis María Aguilar Morales, Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Consejo de la Judicatura Federal y de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,señora Ministra, señores Ministros, señor Ministro Eduardo Tomás Medina Mora Icaza, señoras Consejeras, señores Consejeros, señora Magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, señores Magistrados, señor Presidente del Tribunal Electoral, estimada familia de Don Eduardo Tomás Medina Mora Icaza, amigas y amigos todos.

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación me ha encomendado la honorable tarea de darle la bienvenida a esta institución; una institución cuyo camino de consolidación en democracia ha sido de capital importancia, no sólo para la Nación sino para cada una de las personas que la integramos. Le doy a nombre de mi compañera Ministra y de mis compañeros Ministros la más cordial bienvenida a esta institución del Estado Mexicano.

Señor Ministro le recibe una institución a la que hoy me atrevo a afirmar: todos los mexicanos se encuentran abiertos a escuchar los muy diversos argumentos y las diferentes posturas de quienes acuden ante ella a dirimir sus conflictos, una institución que a diario se involucra en un debate serio, minucioso a fin de determinar cuál es la solución que más se ajusta a nuestro pacto social.

Le doy la bienvenida a una institución plural, neutral, independiente y colegiada. Lo recibe el Tribunal Constitucional del Estado Mexicano, un institución que tiene hoy un papel fundamental en nuestra democracia, que es un elemento consustancial a ésta, precisamente porque es la encargada de defenderla.

Lo recibe una institución que al tiempo que defiende, respeta y garantiza los derechos de todas las personas, potencializa la participación de ellas en el orden democrático a través de los casos que le son sometidos a su consideración.

Lo recibe una institución que durante toda la vida independiente de México ha sido impulsora de grandes cambios, una institución protagonista de la historia, representativa de los momentos históricos que le ha tocado vivir y que hoy responde a un modelo plural de Estado, no homogéneo, un modelo en el que la premisa es la diferencia y, por tanto la solución radica en el diálogo y en la discusión democrática.

Lo recibe una Corte que se inserta en un modelo global, en el que sus pares, en la mayoría de los Estados democráticos dialogan y deciden en torno a los derechos humanos de todas las personas, tratando de hacer de ese enfoque el objetivo prioritario de su quehacer; una Corte que ha sido merecedora de premios internacionales en esta materia; una Corte que hoy centra sus debates en definir sus alcances, lo que son, pero más importante aún de lo que los ciudadanos podemos hacer con ellos.

Lo recibe señor Ministro, una Corte cuyo proceso de evolución ha sido largo y nunca exento de tropiezos, una Corte que ha vivido un proceso de transformaciones, que hay que decirlo claro y fuerte no tiene marcha atrás.

Como sabemos, en México muchas personas desde los más variados y diferentes frentes hemos trabajado duro para hacer posible la existencia de un Tribunal Constitucional fuerte e independiente como hoy lo conocemos.

Para llegar hasta lo que esta institución nos representa ha sido necesarios cambios y reformas constitucionales y legales, acuerdos políticos pero también cambios culturales, de rompimiento de paradigmas, de mentalidad y de actitud.

He participado modestamente de esta transformación desde hace veinte años y hoy, sin temor a equivocarme, puedo decirle que la Corte a la que llegué alguna vez con mis inquietudes e incertidumbres no es para nada la Corte, señor Ministro, que hoy lo recibe y que yo estoy a punto de dejar.

La Corte que encontré al llegar hace veinte años tenía una idea de los derechos muy diferente, se llevaba a cabo la interpretación constitucional con herramientas teóricas que ya hoy no corresponden a esta nueva realidad, el espectro de los derechos era limitado; había derechos que ni siquiera eran reconocidos.

La Corte a la que llegué concebía el orden constitucional en una esfera limitada de poderes y funciones, sin considerar organismos constitucionales autónomos, sin considerar la nueva realidad jurídica del nuevo orden llamado Distrito Federal.

El país era otro, los problemas eran otros, pero la necesidad del diálogo siempre ha estado presente, lo estuvo hace veinte años, lo está ahora más que nunca, por eso puedo decir también, sin temor a equivocarme que ese proceso de transformación institucional comienza en lo individual e implica un compromiso muy grande; un compromiso vital que va más allá de nuestras capacidades y cualidades personales, el proceso de transformación de lo que uno es al acceder al noble cargo de juez constitucional hasta convertirse en ello es un camino largo y sinuoso, ––lo fue para mí––.

De muchas transformaciones internas, de muchos paradigmas rotos, de muchas renuncias y de muchas dimisiones. El camino que lleva a convertirse en un juez constitucional es un camino que pasa por comprender que se es guardián de la Constitución y que eso significa defender los derechos humanos de todas las personas, de todas aquellas que acuden a esta instancia, realizando a forje de sentencia, la justicia más elemental.

Ser juez constitucional es ser también un árbitro entre los diversos y diferentes poderes que existen en un Estado de derecho; se requiere también del alto grado de sensibilidad y humanismo, de refinamiento teórico, pues se resuelven a través del derecho conflictos que muchas veces tienen su origen político; y por ello, quizá más que cualquiera otra cualidad se requiere de imparcialidad y de neutralidad institucional.

Pero la imparcialidad es un aspecto interno que atañe al juzgador, ya que debe lograr decisiones y acuerdos en medio de profundas diferencias derivadas de muchos factores. El consenso para construir las decisiones en un órgano colegiado, que se integra colegiadamente, es algo muy complejo, pero su capacidad de diálogo, de interlocución, de argumentación, señor Ministro, estoy segura serán la clave para lograr que su voto no sea sólo uno más, sino el de mayoría y si no fuera ese el caso el del testimonio que dejen en sus votos particulares, que habrá de decir mucho de su papel como juez constitucional.

Una de las más altas responsabilidades y distinciones que como jurista una persona puede tener es la de ocupar un lugar en este Tribunal Constitucional, en el Tribunal Constitucional del Estado Mexicano. Por eso señor Ministro lo felicito y estoy segura que su paso por esta Corte será recordado por un juez que propició discusiones democráticas, un juez activista en el diálogo, como un juez defensor de los derechos humanos, un juez defensor de la Constitución, porque defender a la Constitución es defender un modelo particular de democracia, la democracia constitucional.

Sea usted bienvenido señor Ministro a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal Constitucional de todos los mexicanos. Muchas gracias señor Ministro”.

La versión estenográfica completa puede consultarse en este link.

Acciones afirmativas para alcanzar la equidad de género en el PJF

Comparto un artículo elaborado en coautoría con Karla Ruíz Calvo, titulado “Acciones afirmativas para alcanzar la equidad de género en la selección de jueces del Poder Judicial de la Federación en México. Una propuesta“, publicado en la Revista del Instituto de la Judicatura Federal, número 37.

En el texto, Karla Ruíz y su servidor, analizamos algunos de los llamados ‘techos de cristal’ existentes en el Poder Judicial Federal que impiden el acceso a los cargos de juezas y magistradas de las mujeres que integran la carrera judicial.

También desarrollamos algunas estadísticas sobre el acceso de las mujeres a los citados cargos de juzgadores, donde hacemos mención, por ejemplo, que han existido exámenes de oposición para el cargo de juez federal donde no resultó vencedora ninguna mujer. Los datos son igualmente alarmantes en la Suprema Corte de Justicia, ya que de 20 ministros que se han elegido en la 9a y 10a época, solo dos han sido mujeres.

Para eliminar el problema proponemos algunas acciones afirmativas, tales como modificar la puntuación que se asigna en los factores de desempeño y cuotas de género en los concursos de oposición para acceder al cargo.

Para leer el texto completo del artículo dar click en este link.

Atienza: ¿Cómo desenmascarar a un formalista?

En el tomo 34 de la revista Isonomía, el tratadista Manuel Atienza expone un decálogo titulado ¿Cómo desenmascarar a un formalista?, a continuación reproduzco su contenido:

“1. El empleo de un lenguaje oscuro y evasivo. Una resolución formalista suele estar redactada de manera que un lector culto, incluso un profesional del Derecho, no la entienda, o al menos no la entienda con facilidad. La utilización (sin necesidad) de términos “técnicos” o la omisión de indispensables referencias contextuales son estrategias adecuadas para ello.

2.  Apelación abusiva, injustificada, a valores como la seguridad jurídica o el debido proceso. El abuso proviene de que se trata de valores fundamentales, pero instrumentales y que, en consecuencia, no pueden separarse de los valores sustantivos que les dotan, en último término, de sentido: digamos que nadie querría tener la “seguridad” de que le van a discriminar, sino la seguridad de que le van a tratar con la misma consideración y respeto que a los demás.

3. El énfasis en las cuestiones procesales y la tendencia a considerarlas haciendo abstracción del fondo del asunto. El lector tiene un indicio claro de que se razona de manera formalista cuando, después de haber leído la motivación de una sentencia, ni siquiera puede saber cuál era el problema sustantivo que ahí se debatía.

4. La pasión por el rigor lógico, que muchas veces resulta ser una pasión no correspondida; quiere decirse con ello que el formalista suele tener una idea equivocada de lo que significa la lógica, lo que él ama es más bien una quimera, pues la lógica (formal) no impone nunca una solución, o no lo hace de manera incondicionada: la conclusión depende de cuáles sean las premisas de las que se parta. El verdadero amor por la lógica, en definitiva, no tiene por qué llevar a nadie al formalismo jurídico.

5. La apelación frecuente a la profesionalidad, a la neutralidad, a la objetividad, etc., como virtudes fundamentales del juzgador. Ocurre, sin embargo, que, en no pocas ocasiones, ese recurso se utiliza para ocultar la falta de profesionalidad, de independencia y de imparcialidad de quien las invoca.

6. La preferencia por las interpretaciones literales y descontextualizadas de las normas, en lugar de atender a las razones subyacentes de las mismas y a las consecuencias de las decisiones.

7. El uso de un lenguaje enfático y dirigido (retóricamente) a descartar cualquier tipo de duda en cuanto a la corrección de la decisión: “ha quedado meridianamente claro”, “resulta incontrovertible de todo punto”, etcétera.

8. Las referencias, en ocasiones, a ciertos símbolos de la cultura antiformalista… siempre y cuando resulten innocuas, esto es, no pongan en cuestión la solución formalista que se pretende justificar. El formalista de nuestros días, podríamos decir, es un jurista con mala conciencia.

9. La disociación entre los motivos reales (ideológicos, psicológicos, etc.) que le han llevado a la decisión y las razones que esgrime para justificar esa decisión. en el caso de las decisiones formalistas, es frecuente que la explicación de lo que ha ocurrido y la “justificación” que puede leerse en la resolución vayan por caminos muy separados.

10. La tendencia a incurrir en contradicción, especialmente si se examina un número significativo de resoluciones del juzgador. Al parecer no es fácil, y seguramente tampoco resulta conveniente, ser formalista todo el tiempo.”

El mecanismo de relevo del Presidente de la SCJN

Hoy se publicó en el diario La Razón un artículo denominado ¿Es conveniente el mecanismo de relevo en la Corte?, donde el autor se pregunta si sería oportuno que el Senado nombrara directamente al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), como acontece con la Corte Suprema de EEUU (SCOTUS, por sus siglas en inglés), a fin de evitar que la Corte “… se contamine con cuestiones extrajurisdiccionales … [h]acerlo de esta forma permitiría que los ministros dejen de distraerse cada cuatro años de la tarea para la que fueron designados“.

En primer término, debe celebrarse que los procedimientos de designación de la Suprema Corte (sin importar que se trate de su presidente o del nombramiento de un nuevo ministro) se ventilen  y analicen con más frecuencia  en la prensa, ya que ello denota un creciente interés en la estructura y funciones del Poder Judicial Federal

En segundo lugar, y en relación a la propuesta de la nota que comentamos, no me parecería sano que el Senado eligiera al Presidente de la SCJN, por las razones que brevemente expongo:

a) La designación del Presidente de la Corte, por parte de la Cámara de Senadores, se traduciría en una clara violación al principio de división de poderes; sería tanto como aceptar que el Titular del Ejecutivo Federal designara a los Presidentes de las Cámaras de Senadores o Diputados.

b) Existen grandes diferencias en los sistemas de conformación de la SCJN y la SCOTUS. Los Ministros (Justices) de la SCOTUS son nombrados de por vida, a diferencia de México, donde duran 15 años en su encargo; de esta manera, el Presidente (Chief Justice) de la SCOTUS tendrá tal carácter hasta su muerte o renuncia; si bien el Senado elige al Presidente de la SCOTUS, este es propuesto por el Presidente de los Estados Unidos (es decir, por el poder Ejecutivo Federal).

c) En lo que corresponde a la estructura orgánica y competencial de los poderes judiciales mexicanos y estadounidenses hay una gran diferencia: El Consejo de la Judicatura Federal (CJF), que en México se encarga de la administración y disciplina de los juzgados federales y tribunales de circuito; institución que no existe en Estados Unidos. Recordemos que el Presidente de la SCJN también lo es del CJF, lo cual implica una enorme carga de trabajo para el representante del PJF.

d) El sistema de selección mexicano, me parece, no crea un gran distractor para las funciones de la SCJN, puesto solo ocupa un periodo aproximado de un mes (desde la presentación de las propuestas a principios de diciembre, hasta la designación del Presidente, el primer día hábil de enero).

Esperemos que se sigan dando este tipo de propuestas, con las que podremos estar de acuerdo o no, pero que a fin de cuentas generan un sano debate.

*** Actualización de 17 de enero de 2015: En un artículo publicado por el Universal (Urgen reformar proceso para nombrar jueces (sic) de la Corte“, Pedro Salazar, Director del IIJ-UNAM, también propone que se elija al Presidente de la SCJN con el mecanismo que se prevé en Estados Unidos, es decir, por el titular del Ejecutivo con aprobación del Senado y de manera vitalicia.

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Nota: El procedimiento para la selección del Presidente de la SCJN está previsto en los artículos 28 a 32 del Reglamento Interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El blog Reflexiones Jurídicas en 2014

Los duendes de las estadísticas de WordPress.com prepararon un informe sobre el año 2014 de este blog. Aquí hay un extracto:

La sala de conciertos de la Ópera de Sydney contiene 2.700 personas. Este blog ha sido visto cerca de 17.000 veces en 2014. Si fuera un concierto en el Sydney Opera House, se se necesitarían alrededor de 6 presentaciones con entradas agotadas para que todos lo vean.

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