Atienza: ¿Cómo desenmascarar a un formalista?

En el tomo 34 de la revista Isonomía, el tratadista Manuel Atienza expone un decálogo titulado ¿Cómo desenmascarar a un formalista?, a continuación reproduzco su contenido:

“1. El empleo de un lenguaje oscuro y evasivo. Una resolución formalista suele estar redactada de manera que un lector culto, incluso un profesional del Derecho, no la entienda, o al menos no la entienda con facilidad. La utilización (sin necesidad) de términos “técnicos” o la omisión de indispensables referencias contextuales son estrategias adecuadas para ello.

2.  Apelación abusiva, injustificada, a valores como la seguridad jurídica o el debido proceso. El abuso proviene de que se trata de valores fundamentales, pero instrumentales y que, en consecuencia, no pueden separarse de los valores sustantivos que les dotan, en último término, de sentido: digamos que nadie querría tener la “seguridad” de que le van a discriminar, sino la seguridad de que le van a tratar con la misma consideración y respeto que a los demás.

3. El énfasis en las cuestiones procesales y la tendencia a considerarlas haciendo abstracción del fondo del asunto. El lector tiene un indicio claro de que se razona de manera formalista cuando, después de haber leído la motivación de una sentencia, ni siquiera puede saber cuál era el problema sustantivo que ahí se debatía.

4. La pasión por el rigor lógico, que muchas veces resulta ser una pasión no correspondida; quiere decirse con ello que el formalista suele tener una idea equivocada de lo que significa la lógica, lo que él ama es más bien una quimera, pues la lógica (formal) no impone nunca una solución, o no lo hace de manera incondicionada: la conclusión depende de cuáles sean las premisas de las que se parta. El verdadero amor por la lógica, en definitiva, no tiene por qué llevar a nadie al formalismo jurídico.

5. La apelación frecuente a la profesionalidad, a la neutralidad, a la objetividad, etc., como virtudes fundamentales del juzgador. Ocurre, sin embargo, que, en no pocas ocasiones, ese recurso se utiliza para ocultar la falta de profesionalidad, de independencia y de imparcialidad de quien las invoca.

6. La preferencia por las interpretaciones literales y descontextualizadas de las normas, en lugar de atender a las razones subyacentes de las mismas y a las consecuencias de las decisiones.

7. El uso de un lenguaje enfático y dirigido (retóricamente) a descartar cualquier tipo de duda en cuanto a la corrección de la decisión: “ha quedado meridianamente claro”, “resulta incontrovertible de todo punto”, etcétera.

8. Las referencias, en ocasiones, a ciertos símbolos de la cultura antiformalista… siempre y cuando resulten innocuas, esto es, no pongan en cuestión la solución formalista que se pretende justificar. El formalista de nuestros días, podríamos decir, es un jurista con mala conciencia.

9. La disociación entre los motivos reales (ideológicos, psicológicos, etc.) que le han llevado a la decisión y las razones que esgrime para justificar esa decisión. en el caso de las decisiones formalistas, es frecuente que la explicación de lo que ha ocurrido y la “justificación” que puede leerse en la resolución vayan por caminos muy separados.

10. La tendencia a incurrir en contradicción, especialmente si se examina un número significativo de resoluciones del juzgador. Al parecer no es fácil, y seguramente tampoco resulta conveniente, ser formalista todo el tiempo.”

El mecanismo de relevo del Presidente de la SCJN

Hoy se publicó en el diario La Razón un artículo denominado ¿Es conveniente el mecanismo de relevo en la Corte?, donde el autor se pregunta si sería oportuno que el Senado nombrara directamente al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), como acontece con la Corte Suprema de EEUU (SCOTUS, por sus siglas en inglés), a fin de evitar que la Corte “… se contamine con cuestiones extrajurisdiccionales … [h]acerlo de esta forma permitiría que los ministros dejen de distraerse cada cuatro años de la tarea para la que fueron designados“.

En primer término, debe celebrarse que los procedimientos de designación de la Suprema Corte (sin importar que se trate de su presidente o del nombramiento de un nuevo ministro) se ventilen  y analicen con más frecuencia  en la prensa, ya que ello denota un creciente interés en la estructura y funciones del Poder Judicial Federal

En segundo lugar, y en relación a la propuesta de la nota que comentamos, no me parecería sano que el Senado eligiera al Presidente de la SCJN, por las razones que brevemente expongo:

a) La designación del Presidente de la Corte, por parte de la Cámara de Senadores, se traduciría en una clara violación al principio de división de poderes; sería tanto como aceptar que el Titular del Ejecutivo Federal designara a los Presidentes de las Cámaras de Senadores o Diputados.

b) Existen grandes diferencias en los sistemas de conformación de la SCJN y la SCOTUS. Los Ministros (Justices) de la SCOTUS son nombrados de por vida, a diferencia de México, donde duran 15 años en su encargo; de esta manera, el Presidente (Chief Justice) de la SCOTUS tendrá tal carácter hasta su muerte o renuncia; si bien el Senado elige al Presidente de la SCOTUS, este es propuesto por el Presidente de los Estados Unidos (es decir, por el poder Ejecutivo Federal).

c) En lo que corresponde a la estructura orgánica y competencial de los poderes judiciales mexicanos y estadounidenses hay una gran diferencia: El Consejo de la Judicatura Federal (CJF), que en México se encarga de la administración y disciplina de los juzgados federales y tribunales de circuito; institución que no existe en Estados Unidos. Recordemos que el Presidente de la SCJN también lo es del CJF, lo cual implica una enorme carga de trabajo para el representante del PJF.

d) El sistema de selección mexicano, me parece, no crea un gran distractor para las funciones de la SCJN, puesto solo ocupa un periodo aproximado de un mes (desde la presentación de las propuestas a principios de diciembre, hasta la designación del Presidente, el primer día hábil de enero).

Esperemos que se sigan dando este tipo de propuestas, con las que podremos estar de acuerdo o no, pero que a fin de cuentas generan un sano debate.

*** Actualización de 17 de enero de 2015: En un artículo publicado por el Universal (Urgen reformar proceso para nombrar jueces (sic) de la Corte“, Pedro Salazar, Director del IIJ-UNAM, también propone que se elija al Presidente de la SCJN con el mecanismo que se prevé en Estados Unidos, es decir, por el titular del Ejecutivo con aprobación del Senado y de manera vitalicia.

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Nota: El procedimiento para la selección del Presidente de la SCJN está previsto en los artículos 28 a 32 del Reglamento Interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El blog Reflexiones Jurídicas en 2014

Los duendes de las estadísticas de WordPress.com prepararon un informe sobre el año 2014 de este blog. Aquí hay un extracto:

La sala de conciertos de la Ópera de Sydney contiene 2.700 personas. Este blog ha sido visto cerca de 17.000 veces en 2014. Si fuera un concierto en el Sydney Opera House, se se necesitarían alrededor de 6 presentaciones con entradas agotadas para que todos lo vean.

Haz click para ver el reporte completo.

Inconvencionalidad de la Ley de Tratados

Advertir la inconstitucionalidad o inconvencionalidad de una norma general es una cuestión que requiere, según sea el caso, distintos grados de razonamiento lógico deductivo; los pasos que se necesiten para demostrarla, ya sea en una demanda o en una sentencia, dependerán, entre otras cosas, del grado de abstracción de la norma, la materia, la complejidad en su redacción, etcétera. No obstante lo anterior, hay disposiciones que no necesitan gran explicación para demostrar que atentan contra lo que dispone la Constitución Federal o algún tratado internacional. Imaginemos algún código penal que en la actualidad permitiera que en México se impusiera la pena de mutilación corporal (cortar las manos) a los ladrones; no se necesita tener más de dos dedos de inteligencia en la frente y haber dado algún vistazo al artículo 22 del Pacto Federal para argumentar y demostrar su inconstitucionalidad sin mucho esfuerzo argumentativo.

Hace poco, al leer la Ley sobre Celebración de Tratados (LCT), y en un ejercicio puramente académico, advertí algo que podría resultar paradójico: que dicha norma federal viola tratados internacionales. Veamos qué dicen los artículos 4o, párrafo segundo y noveno del ordenamiento en cuestión:

Artículo 4o.- Los tratados que se sometan al Senado para los efectos de la fracción I del artículo 76 de la Constitución, se turnarán a comisión en los términos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para la formulación del dictamen que corresponda. En su oportunidad, la resolución del Senado se comunicará al Presidente de la República.

Los tratados, para ser obligatorios en el territorio nacional deberán haber sido publicados previamente en el Diario Oficial de la Federación”.

“Artículo 9o.- El Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos no reconocerá cualquier resolución de los órganos de decisión de los mecanismos internacionales para la solución de controversias a que se refiere el artículo 8o. cuando esté de por medio la seguridad del Estado, el orden público o cualquier otro interés esencial de la Nación“.

El artículo 4o, párrafo segundo, de la LCT dispone que la vigencia y obligatoriedad de los tratados internacionales suscritos por el Presidente de la República, y ratificados por el Senado, está condicionada a su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Sobre este tópico veamos lo que dice la Convención de Viena sobre la Celebración de Tratados:

“ARTICULO 24 

Entrada en vigor 

1. Un tratado entrará en vigor de la manera y en la fecha que en él se disponga o que acuerden los Estados negociadores.

 2. A falta de tal disposición o acuerdo, el tratado entrará en vigor tan pronto como haya constancia del consentimiento de todos los Estados negociadores en obligarse por el tratado.

 3. Cuando el consentimiento de un Estado en obligarse por un tratado se haga constar en una fecha posterior a la de la entrada en vigor de dicho tratado, este entrará en vigor con relación a ese Estado en dicha fecha, a menos que el tratado disponga otra cosa.

 4. Las disposiciones de un tratado que regulen la autenticación de su texto, la constancia del consentimiento de los Estados en obligarse por el tratado, la manera o la fecha de su entrada en vigor, las reservas, las funciones del depositario y otras cuestiones que se susciten necesariamente antes de la entrada en vigor del tratado se aplicarán desde el momento de la adopción de su texto”.

Del tratado internacional podemos apreciar que la entrada en vigor de una convención dependerá de lo que disponga el propio tratado o la voluntad de los Estados negociadores; no advertimos que su vigencia pueda condicionarse – arbitrariamente – por uno de los contratantes a que se cumplan ciertas formalidades del derecho interno (a menos que así se estipulara textualmente en el tratado y se aceptara por los demás signantes).

Imaginemos que México firma un tratado internacional en materia de derechos humanos que dispone que su entrada en vigor será el 1o de enero de 2015, pero el Ejecutivo Federal olvida publicarlo y lo hace un par de meses después; en términos de la LCT ese convenio internacional surtirá efectos en el país hasta su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF), a pesar de que la voluntad expresada por México al suscribirlo era que entrara en vigor en una fecha distinta. En estas condiciones, me parece, la LCT no puede condicionar la entrada en vigor de un tratado internacional a su publicación en el DOF si en dicha convención se pactó una fecha distinta, de ahí su evidente inconvencionalidad.

Por otra parte, en relación a lo dispuesto por el artículo 9o de la LCT, que faculta al Estado mexicano a no acatar resoluciones dictadas por organismos internacionales de solución de controversias (imaginemos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos) cuando nuestro país crea que esté de por medio la seguridad del Estado, el orden público o cualquier otro “interés esencial de la Nación”, pone en evidencia el poco respeto que tenía el régimen autoritario al orden internacional cuando se aprobó, promulgó y publicó la LCT (1992).

Pensar en incumplir una resolución emitida por un organismo internacional (al que previamente se sometió México por un convenio internacional), sería tanto como aceptar que fuera correcto modificar el artículo 17 de la Constitución Federal, estableciendo que los ciudadanos podrán incumplir las resoluciones judiciales firmes si creen que no son justas; lo anterior sería un absurdo en el orden interno, entonces ¿por qué lo expresamos así hacia la comunidad internacional?.

Nuevamente, la LCT no puede servir de pretexto para incumplir lo señalado por un tratado internacional suscrito por el Estado mexicano, en términos de lo señalado por la Convención de Viena para la Celebración de Tratados, en el sentido que “una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado” (artículo 27). En relación a jurisdicción contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el artículo 68.1 del Pacto de San José dispone que “los Estados Partes en la Convención se comprometen a cumplir la decisión de la Corte en todo caso en que sean partes“, sin que se permita a las naciones a incumplir los fallos del citado tribunal internacional si no les gusta lo resuelto (alegando seguridad del Estado, orden público o interés especial -whatever that means, dirían los norteamericanos-).

Una campaña honesta para elección de juez

Bien dicen que una imagen (en este caso un video) vale más que mil palabras. De vez en cuando se escuchan ideas populistas que pretenden que los jueces sean elegidos por elección directa de los ciudadanos.  Recientemente encontré un video que refleja, de manera sarcástica, cuál es la verdadera naturaleza de la elección popular de jueces.

El video (que está en inglés) dice lo siguiente:

“Cuando se trata de elegir a un juez, quieres a un candidatos que represente la decisión aleatoria que no estás calificado para tomar.

Hola, no sabes nada de mi y no te interesa averiguarlo, lo que me convierte en el candidato judicial ideal.

Tengo mas de 30 años de experiencia manteniendo cero reconocimiento de mi nombre, y si me eliges, juro solemnemente mantenerme extraño para tí, inclusive cuando me postule para la reelección.

Tengo todas las cualidades que buscas en un juez:

1. Estoy en la papeleta electoral;

¿Quieres conocer a mi familia? Desde luego que no, esta es una actriz y este un bebé falso.¿Siquiera tengo una familia? No tienes idea ¿Siquiera soy humano? Jamás lo sabrás, pues cuando eliges a un juez así es como debe de ser.

Así que vota por mi, o no, no hay otro candidato, así que realmente no importa.

VOZ EN OFF: Pagado por el comité de elección de … él.

VOZ DE CANDIDATO: Soy un don nadie y apruebo este mensaje”.