Fin de una chicana

Para los que no estén familiarizados con el término “chicana” del argot jurídico, se conoce como tal a la actuación de alguna de las partes, en un proceso judicial, que tiene como finalidad retrasar el dictado de alguna resolución o de la ejecución del fallo.

Generalmente, quien chicanea los procesos judiciales lo hace de mala fe, pues sabe que sus planteamientos, objeciones, incidentes o recursos no prosperarán, pero aun así los interpone ya que, se insiste, el objetivo es dilatar el proceso judicial (habrá quien ‘chicanee’ un asunto por desconocimiento de los medios de impugnación o -como lo hacen algunas autoridades- ‘chicaneen’ por obligación legal, pero eso es otra cosa). No toda persona que ejerza sus derechos legales o procesales está chicaneando un asunto, pero para quienes en el día a día vivimos la tramitación de los expedientes, ya sea como funcionarios judiciales o abogados litigantes, podemos asegurar, sin lugar a dudas, cuando estamos frente a una ‘chicana’.

En materia de amparo, una jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que tenía un fin verdaderamente noble, consistente en ‘perdonar’ el desconocimiento de la vía correcta en amparo (directa o indirecta), fue aprovechada por algunos quejosos para chicanear ‘a lo lindo’ los procesos de ejecución de sentencia (1).

La jurisprudencia en comento señalaba que si un acto de autoridad judicial era reclamable en amparo indirecto (ante juzgado de distrito), pero el quejoso se equivocaba en la vía y lo impugnaba como amparo directo (ante un tribunal colegiado), se debía de corregir la vía intentada y el colegiado tenía la obligación de mandar el expediente al juzgado para que este tramitara el juicio y emitiera el fallo respectivo. Hasta aquí no se puede reprochar nada a la SCJN, pues evidentemente estamos ante un criterio garantista que da preferencia al fondo que a las formas.

No obstante lo anterior, como había adelantado, algunos quejosos se aprovecharon de la bondad del criterio jurisprudencial y comenzaron a utilizarlo indebidamente, logrando detener el trámite de los procesos de ejecución de las autoridades judiciales. El mecanismo era el siguiente:

a) Se seguía todo el juicio y se llegaba hasta etapa de ejecución.

b) El juzgado resolvía una cuestión incidental relativa a dicha ejecución, como sería un incidente de liquidación de sentencia;

c) El condenado en el juicio interponía recurso de apelación contra la liquidación;

d) El tribunal de segunda instancia confirmaba la interlocutoria de liquidación;

e) El quejoso interponía amparo directo en contra de la resolución de 2a instancia que resolvió la liquidación de sentencia (a pesar de que cualquier persona que haya cursado la materia de amparo sabe que es impugnable en amparo indirecto);

f) Las autoridades responsables, debido a la carga de trabajo y en casos concretos que resolvimos en el juzgado, tardan entre 6 meses y 1 año en emplazar a los terceros perjudicados en el amparo directo, hecho lo cual, remiten el expediente al tribunal colegiado de circuito;

g) El tribunal colegiado de circuito, en un acuerdo de presidencia, le dice al quejoso que el fallo que resuelve un incidente de liquidación de intereses en la vía de ejecución no es impugnable en amparo directo, sino en la vía indirecta, por lo que ordena remitir los autos al juez de distrito respectivo para que siga conociendo del asunto.

h) El juez de distrito recibe el expediente, radica el juicio, lo tramita y dicta la sentencia correspondiente, en el caso concreto, concediendo un amparo para efectos (este trámite tarda entre 3 y 6 meses, dependiendo las cargas de trabajo y la dificultad del asunto).

g) El quejoso interpone recurso de revisión contra la sentencia del juez de distrito, y el asunto se va al tribunal colegiado de circuito que confirma el amparo para efectos concedido. Se regresa nuevamente el expediente a la sala responsable y dicta una nueva resolución.

Hasta aquí es el camino normal de un asunto, y a partir de este momento comenzaba la chicana de la parte condenada:

h) Dictada la sentencia por la sala (en cumplimiento a la sentencia de amparo indirecto), confirmando nuevamente la interlocutoria de liquidación de intereses, el quejoso nuevamente interpone amparo directo (a pesar de que ya se le había dicho que esa no era la vía), se repite todo el trámite desde los incisos f) a g).

Con la segunda ‘equivocación’ de la vía, el quejoso lograba chicanear el expediente cerca de un año, en lo que se corregía la vía del amparo (convirtiéndola nuevamente de directo a indirecto). Si otra vez se concedía otro amparo para efectos, la chicana podía volver a tener éxito en el futuro.

Pero una reciente jurisprudencia de la SCJN (2) ha determinado que el quejoso solo se puede equivocar una sola vez en la vía, y si el tribunal colegiado le dice en la primera vez que el amparo directo no era la vía, sino el indirecto, y en un segundo amparo el quejoso se vuelve a ‘equivocar’ (la segunda vez no es equivocación, es una simple chicana), entonces el segundo amparo es improcedente.

De esta manera, la ‘chicana’ del error en la vía se ha limitado a una sola ocasión, ya que en la segunda el juicio de amparo se sobreseerá. El criterio de la 1a Sala de la SCJN, que limita el ejercicio de este tipo de chicanas a una sola vez, me parece adecuado, pues no debemos de perder de vista que cada vez que se ejerce este tipo de prácticas dilatorias se hace nulo el derecho de prontitud en la impartición de la justicia de la parte vencedora en el juicio natural.

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Notas a pie:

(1) Jurisprudencia de la Segunda Sala de la SCJN, del rubro y texto: DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA COMO DIRECTO. PARA DETERMINAR LA OPORTUNIDAD EN SU PROMOCIÓN DEBE ATENDERSE A LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ ANTE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, AUN CUANDO EL TRIBUNAL COLEGIADO SE DECLARE INCOMPETENTE Y LA REMITA AL JUZGADO DE DISTRITO. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que las causas de improcedencia del juicio de amparo deben acreditarse plenamente y no inferirse con base en presunciones, y que la equivocación de la vía en que se presente la demanda correspondiente no debe dar lugar a imposibilitar la defensa del quejoso ante actos que estima lesivos de sus garantías individuales. En ese sentido, cuando en la demanda se reclamen actos que se ubiquen en alguno de los supuestos del artículo 114 de la Ley de Amparo, pero se dirija al Tribunal Colegiado de Circuito, debe estimarse oportuna su promoción si es presentada dentro del plazo legal ante la autoridad responsable, a pesar de que a la fecha en que se reciba en la Oficialía de Partes de los Juzgados de Distrito haya transcurrido el plazo previsto para ello, y que en esa demanda se expresen los antecedentes del acto reclamado, la protesta de decir verdad o algún otro de los requisitos establecidos por el artículo 116 de la Ley citada para la promoción del amparo indirecto; pues pretender desentrañar la intención del impetrante con la mención de esos requisitos, llevaría a establecer la vía de impugnación bajo indicios que constituyen un criterio subjetivo, siendo que lo aplicable es un criterio objetivo que no dé lugar a dudas sobre la intención de promover el amparo directo, como es la autoridad a la que se dirige y el lugar donde se presenta la demanda. En consecuencia, si su presentación ante la responsable ocurrió en tiempo, debe considerarse que la demanda de garantías fue presentada oportunamente, con independencia de que el Tribunal Colegiado de Circuito que la recibió se declare incompetente y que el Juez de Distrito ordene su regularización, en cuanto a la satisfacción de los requisitos de la demanda de amparo indirecto.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 42/2005-PL. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Cuarto y Quinto, ambos en Materia Civil del Tercer Circuito, y los Tribunales Colegiados Quinto y Sexto, ambos en Materia Civil del Primer Circuito. 24 de febrero de 2006. Cinco votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretaria: Blanca Lobo Domínguez.

(2) Jurisprudencia 13/2014 (10ª) de la 1a Sala de la SCJN (pendiente de publicar): DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA COMO DIRECTO. CASO EN EL QUE PARA DETERMINAR LA OPORTUNIDAD EN LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DEBE CONSIDERARSE LA FECHA EN LA QUE LLEGÓ PARA SU CONOCIMIENTO AL JUEZ DE DISTRITO. En aquellos supuestos en que el mismo quejoso: i) presente por segunda ocasión indebidamente una demanda de amparo indirecto ante la autoridad responsable; ii) con la finalidad de impugnar un acto dictado después de concluido el mismo juicio natural del que deriva el acto reclamado en el amparo previo; y, iii) que dicho acto constituya una resolución dictada en cumplimiento de una demanda de amparo indirecto; el juzgador de amparo contará con elementos suficientes para acreditar que el quejoso conocía la vía procedente, por lo que el error en la presentación de la demanda no deberá interrumpir el plazo para la promoción del juicio de amparo y la fecha que se tomará en cuenta para determinar la oportunidad del juicio será aquella en la que llegó al conocimiento del juez de distrito y no en la que la recibió la autoridad responsable. Ello siempre y cuando el tribunal colegiado al que se le turnó el primer amparo como directo, al declarar su incompetencia legal, haya explicado al quejoso los casos en los que procede el amparo directo, indicando que en contra de las resoluciones ahí reclamadas procede el amparo indirecto. Lo anterior, en virtud de que un primer error en la vía debe presumirse como una equivocación de buena fe procesal que no debe dejar al quejoso sin defensa; no obstante, una segunda equivocación en estas condiciones permite acreditar que el quejoso sabía cuál era la vía que debía iniciar y que la conducta procesal del quejoso está encaminada a entorpecer la buena marcha del juicio, por lo que en este supuesto, no se debe interrumpir el plazo para la promoción del juicio de amparo.

Contradicción de tesis 266/2013. Suscitada entre el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito y el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 22 de noviembre de 2013. La votación se dividió en dos partes: mayoría de cuatro votos por la competencia. Disidente: José Ramón Cossío Díaz. Unanimidad de cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo, en cuanto al fondo. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretaria: Alejandra Spitalier Peña.

Vacantes en el CJF. Dos alternativa de solución.

Como sabemos, los integrantes del Poder Judicial Federal no son elegidos por votación popular, sino que existen diversas mecánicas para la selección de sus integrantes. Los jueces y magistrados son nombrados al resultar vencedores de concursos de oposición. Los ministros de la SCJN son elegidos por el Senado de una terna propuesta por el Presidente de la República. Finalmente, los Consejeros de la Judicatura Federal son elegidos de la siguiente manera: 3 por el Pleno de la SCJN, 2 por el Senado y 1 por el Titular del Ejecutivo Federal. El Presidente de la Corte es a su vez el Presidente del Consejo de la Judicatura Federal (CJF)

Actualmente existen 2 lugares vacantes en el CJF, que corresponden al Senado, lo que significa que el órgano de administración y vigilancia no está trabajando con la totalidad de consejeros que lo integran.

Una de las plazas vacías que referimos en el párrafo anterior tiene más de un año sin ocupar. A efecto de evitar que en el futuros se sigan dando estas situaciones, en las que los poderes ejecutivo o legislativo no realizan la designación que les corresponde, podrían adoptarse dos medidas legislativas:

La primera consistiría en que el Consejero que haya terminado su encargo, permanezca en funciones hasta que el poder que deba sustituirlo haga la designación respectiva.

La segunda sería que la SCJN nombrara a un Consjero interino (de entre jueces y magistrados) que estaría en funciones hasta que el Presidente o el Senado hicieran el nombramiento respectivo.

De entre las dos propuestas anteriores me inclinaría por la primera, a efecto de que la conformación del CJF mantuviera las proporciones en su conformación (2 nombrados por el Senado y 1 por el ejecutivo), evitando un Consejo totalmente formado por puros juzgadores.

Aniversario de la Constitución.

En el blog antiguo, precisamente en 2011, un día como hoy comenté lo relativo al aniversario de la Constitución. Hoy conmemoramos el 97 aniversario de su promulgación y por eso retomo el post de aquél entonces:

Texto de 2011:

El 5 de febrero de 1917 se publicó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), aprobada por el Constituyente que se reunió en la Ciudad de Querétaro, convocado por el Presidente Venustiano Carranza. 

 Leyendo una nota publicada en el diario El País, por María de las Heras, podemos advertir algunos datos que arrojaron una encuesta:
 
“… 56% de los mexicanos adultos no tiene la más remota idea de qué se celebra. Y llegamos en un ambiente de debate que ha conseguido removerle esa característica de precepto inmutable del que gozó la Constitución por casi una centuria. Hoy apenas 14% de los ciudadanos piensa que es un marco legal adecuado a las circunstancias, un 47% más cree que si bien en principio se adecua, habría que hacerle varias modificaciones para actualizarla, y sorprende que 29% piense que de plano la Constitución de 1917 ya no sirve para normar el México del siglo XXI, y que por lo tanto necesitamos una nueva.” 

“Dicho sea de paso, y de acuerdo con las cifras de la encuesta de hoy, apenas un 5% de los ciudadanos han leído la Constitución de cabo a rabo, mientras el 38% piensa que las modificaciones que se le han hecho recientemente a la Carta Magna han servido para hacerla mejor”.

El desconocimiento de la historia de México me preocupa, pero no me sorprende (algún día hice un examen a abogados titulados y, en la sección de conocimientos generales, pregunté que quién había sido el primer gobernante del México independiente. Pocos atinaron a contestar que fue Agustín de Iturbide. Alguno contestó que había sido ¡Benito Juárez!).
 
Realmente es inquietante el desconocimiento del texto constitucional (sólo el 5% había leido la CPEUM). Si no se lee el texto constitucional, se ignora cuáles son los derechos fundamentales con los que cuenta la ciudadanía, así como las reglas y atribuciones de los Poderes de la Unión. 
 
¿Qué desalentará a la ciudadanía a leer la CPEUM? Entre otras cosas, supongo, su redacción. Debido a una mala técnica legislativa-constitucional, la Carta Magna no es un texto “fundamental”, entendido como los postulados mínimos de respeto a derechos fundamentales y reglas del juego básicas de las autoridades. En efecto, la Constitución mexicana es una disposición que pretende regular a detalle todos los aspectos fácticos imaginables. Ya no son principios o reglas mínimas, sino disposiciones que son propias de una ley ordinaria o un reglamento. Basta con leer, por ejemplo, los artículos 27, 41, 73, 107 ó 123, para darnos cuenta que las reglas mínimas no son tan mínimas. Me imagino que cualquier ciudadano que empieza a leer esos artículos deja a un lado la CPEUM al tercer bostezo. 
 
Finalmente, quisiera abordar el tema de la elaboración de una Carta Magna nueva. ¿Realmente es necesario? Personalmente pienso que no. Con independencia de lo que apunté en el párrafo anterior, siempre he pensado que el problema en México no son los textos legales, sino los seres humanos, las personas que interpretan o aplican las normas legales. Las deficiencias constitucionales o legislativas son relativamente intrascendentes si los interpretes o aplicadores (léase autoridades de los poderes ejecutivo,  judicial u organismos autónomos) materializan dichas normas en beneficio de los ciudadanos y del país, siempre respetuosos de los derechos fundamentales, tanto de mayorías como de minorías. 
 

Un texto legal impecable, en manos de un mal intérprete o aplicador, se convierte en un arma de 2 filos. 

Para terminar, quisiera compartir con ustedes un fragmento de la columna que publicó Catón (el 5/2/2011), en el periódico Reforma:

 

“… Este día celebramos el cumpleaños de la señora más violada en México: doña Constitución. Los primeros en violarla fueron precisamente los encargados de velar por ella, quiero decir los legisladores. Tantas reformas y adiciones le han hecho que no la reconocerían ya los mismísimos que la engendraron. En los países donde hay respeto por la ley la Carta Magna es un sobrio documento que enumera una serie de principios sobre los cuales se constituye y organiza la vida política de la nación. En México la Constitución se ha convertido, por mala obra y desgracia de las sucesivas presidencias imperiales, en un enorme y casuístico mamotreto donde se contienen normas de todo orden y desorden, entre ellas algunas que deberían formar parte de leyes secundarias, y aun de reglamentos. Habrá que hacer una nueva Constitución. Y, más importante aún, habrá que formar una nueva generación de mexicanos que no se pasen todos los días por no voy a decir dónde la ley fundamental de su país …”

Actualización (2014):

Año con año se escriben nuevos textos criticando las constantes reformas a la Carta Magna (las cuales son ignoradas por el Poder Reformador de la Constitución), he aquí algunas de ellas:

Paco Calderón (de su página personal):

97 Aniversario de la CPEUM

97 Aniversario de la CPEUM

Catón (en reforma):

“Hay una pregunta que me inquieta: ¿tiene madre la Constitución? Espero que la tenga, pues entonces podré decir en tono contundente: “Tantas reformas ha sufrido la Constitución que no la reconocería ni la madre que la parió”. Por verdadera esa frase merece ser inscrita, si no en bronce eterno o mármol duradero, sí por lo menos en plastilina verde. Mientras las leyes máximas de otros países permanecen ínsitas, impertérritas, impávidas, incólumes e integérrimas, la nuestra se mira más parchada y recosida que calzón de pobre. Tantas y tan nimias prescripciones se le han introducido que más que Carta Magna parece ya ley secundaria, o reglamento. Además la Constitución contiene no pocas disposiciones anticonstitucionales, quiero decir violatorias del espíritu original del Constituyente. Y eso no es lo más malo. Lo peor es que la norma fundamental es violada en modo tan sistemático y continuo que ha acabado por ser letra, si no muerta, por lo menos bastante desmayada. ¿Qué celebramos entonces este día? Nada. O, en el mejor de los casos, celebramos la sombra de una sombra. Cualquier ceremonia que en esta fecha se haga será, como la mayoría de los actos oficiales, ocasión hueca, formalismo, mero cumplimiento (de cumplo y miento). Por eso he preguntado si tiene madre la Constitución.”
 

Dislexias constitucionales y  Engordando la Constitución, de Héctor Fix Fierro.

Las demasiadas autonomías, de Pedro Salazar.

La Constitución motorizada, de Miguel Carbonell.

 

 

Control de convencionalidad de normas fiscales

Atendiendo a los nuevos parámetros de control de constitucionalidad y convencionalidad existentes en nuestro sistema jurídico, la Suprema Corte de Justicia de la Nación comienza a interpretar tratados internacionales, en concreto, aquellas porciones normativas que se refieren a impuestos.

Les comparto el criterio de la 1a Sala de la Corte.

SISTEMAS IMPOSITIVOS “ADECUADOS Y EQUITATIVOS”. SU CONCEPCIÓN CONFORME AL ARTÍCULO 34 DE LA CARTA DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS.

La Carta de la Organización de los Estados Americanos, suscrita en Bogotá en 1948 y reformada por los Protocolos de Buenos Aires en 1967, Cartagena de Indias en 1985, Washington en 1992 y Managua en 1993, específicamente en su artículo 34, prevé que los Estados miembros, a fin de acelerar su desarrollo económico y social, de conformidad con sus propias modalidades y procedimientos, en el marco de los principios democráticos y de las instituciones del Sistema Interamericano, han convenido en dedicar sus máximos esfuerzos al logro de diversas metas básicas, entre las que se encuentra, en su inciso c), el establecimiento de “sistemas impositivos adecuados y equitativos”. Ahora bien, en términos de dicho tratado internacional, su establecimiento constituye la voluntad de los Estados miembros de establecer un sistema impositivo que, como una expresión de la totalidad de las disposiciones de carácter tributario, resulte “adecuada” y “equitativa” de conformidad con las propias modalidades y procedimientos de cada entidad firmante. Esto, entendiendo al sistema impositivo como el orden jurídico tributario en su conjunto, es decir, como un conjunto organizado de normas percibido como un resultado total; de ahí que la idoneidad o equidad del sistema tributario en su totalidad no puede hacerse depender del establecimiento de un tributo o de la modificación de la tasa de uno de ellos, pues no es a lo que se refiere el tratado invocado.

PRIMERA SALA

Amparo en revisión 480/2013. América Móvil, S.A.B. de C.V. 30 de octubre de 2013. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Dolores Rueda Aguilar.

Esta tesis se publicó el viernes 31 de enero de 2014 a las 10:05 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

Videograbación de audiencias en juicios penales. El caso Alemán.

A propósito de la discusión del Código Nacional de Procedimientos Penales, varias voces han alegado su supuesta inconstitucionalidad, al no permitir la videograbación de las audiencias en los juicios.

Sobre este tema el Tribunal Constitucional Alemán (TC) ya se pronunció en una norma similar que establece:

“Las audiencias ante los tribunales son públicas, incluyendo aquéllas en las que se pronuncian las sentencias y autos. Las tomas y las grabaciones para la radio y la televisión, así como las grabaciones y filmaciones con el objeto de ser presentadas públicamente o de publicar su contenido, son inadmisibles.”

 Al analizar esta norma, el TC estableció que la prohibición de videograbar audiencias en juicios no era inconstitucional, pues no es lo mismo que las audiencias sean públicas (es decir, que cualquier persona pueda entrar al recinto judicial) a que deban de ser mediatizadas en radio, televisión o cine.

Algunos de los argumentos más importantes del TC son los siguientes:

“1. El Art. 5, párrafo 1, frase 2 de la Ley Fundamental protege la libertad de informar en la radio; a la libertad de radio pertenece al igual que como ocurre con la libertad de prensa por virtud del Art. 5, párrafo 1, frase 2 de la Ley Fundamental, la protección de la información desde que se genera, hasta la difusión de la noticia y la formación de la opinión. En principio, el acceso ilimitado a la información transfiere a los medios de comunicación, la protección que se les atribuye en una democracia libre. Dentro de la información, comprendida en el derecho fundamental, se cuenta la posibilidad de transmitir acústica y ópticamente un suceso a los oyentes y televidentes, completa o parcialmente, en vivo o diferidamente. A las posibilidades específicas de los medios de comunicación pertenece también el empleo de equipos de grabación y transmisión.”

“2. Las audiencias ante los tribunales, incluyendo aquéllas donde se dicta la sentencia, son fuentes de información. Su acceso al público lo regula el legislador en el marco de su competencia para reglamentar los procedimientos judiciales y atendiendo a los aspectos constitucionales como el principio del Estado de Derecho, el principio de la democracia y el de la protección de la personalidad. El §169 GVG regula para el caso de la jurisdicción ordinaria la publicidad en los tribunales.”

“De acuerdo con esto, toda persona puede tener acceso a las audiencias de los tribunales,  en la medida que no se haya contemplado excepción alguna. Dentro de los favorecidos se encuentran también los representantes de los medios de comunicación, que podrán ver y oír, y se encuentran autorizados para difundir la información con ayuda de la prensa, la radio y otros medios electrónicos. …”

“A la publicidad ilimitada de las audiencias ante los tribunales de conocimiento, se le contraponen, sin embargo, importantes intereses. Dentro de los intereses que se le contraponen se encuentra el derecho a la personalidad de los que participan en el proceso (Art. 1, párrafo 1, en relación con el Art. 2, párrafo 1 de la Ley Fundamental), el derecho de los participantes a un debido proceso (Art. 2, párrafo 1 en relación con el Art. 20, párrafo 3 de la Ley Fundamental; al respecto véase BVerfGE 57, 250 [274 y ss.]; 89, 120 [129]), así como la aptitud funcional de la administración de justicia, especialmente de la búsqueda de la verdad y la legalidad”.

“La limitación de la publicidad judicial mediante la prohibición legal de grabar y filmar las audiencias judiciales, tiene en cuenta los intereses de la protección de la personalidad, así como los requisitos de un debido proceso y de la búsqueda de la verdad y de la justicia.

“La posibilidad de las grabaciones y las filmaciones debe igualmente quedar excluida en interés de un debido proceso y la seguridad de encontrar la verdad y poder aplicar el derecho. La publicidad de los medios de comunicación es algo completamente distinto frente a la publicidad en las salas. Muchas personas cambian su comportamiento ante la presencia de los medios de comunicación. Algunos se sienten tranquilos ante los medios de comunicación, otros se atemorizan. El debido proceso se ve así en peligro, especialmente en lo que respecta a los acusados en un proceso penal, cuando debido a la presencia de los medios temen hacer referencia a cosas que son de importancia para encontrar la verdad; por ejemplo, circunstancias íntimas, penosas, o deshonrosas. El proceso de encontrar la verdad puede también sufrir cuando las personas que participan en el proceso dirigen su comportamiento con el objetivo de causar los efectos que esperan los medios de comunicación”.

(La sentencia íntegra puede consultarse en este link)

Acudir al derecho y a la jurisprudencia comparada siempre es importante para todo jurista. No debemos caer en la confusión de que televisión es igual a transparencia. Pongámonos en el lugar de la víctima del delito de violación ¿nos gustaría que además de acudir a testificar ante un tribunal, se difundieran en televisión imágenes de nuestra persona narrando cómo sucedieron los hechos?

Una audiencia puede ser perfectamente pública sin necesidad de micrófonos de radio o cámaras de televisión. Los derechos no son absolutos, la libertad de expresión y el derecho a videograbar lo que nos plazca puede atropellar el derecho de intimidad y dignidad de las personas. Me parece correcta la decisión del legislador. Habrá que ver cómo se ponderan esos derechos en sede constitucional.