Integración de los consejos de la judicatura en México

Los consejos de la judicatura (en los subsecuente CJ) en nuestro país surgieron a finales del siglo pasado. Su principal función, por regla general, es la de encargarse de la vigilancia del poder judicial (observando y, en su caso, sancionando la actuación de jueces, magistrados y demás funcionarios judiciales); así como todo lo relativo al gobierno de cuestiones administrativas de dicho poder (nombramientos, manejo de recursos humanos, materiales y de inmuebles, etcétera).

No todas las entidades federativas tienen CJ, como es el caso de Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Colima, Puebla y Zacatecas, por lo que las actividades mencionadas en el párrafo que antecede las realiza el Pleno del Tribunal Superior de Justicia (en lo subsecuente TSJ).

En nuestro país no existe una fórmula única de conformación de los Consejos de la Judicatura (CJ), sino que la manera en que están integrados es variada, según la legislación correspondiente. Lo que es una constante en todos y cada uno de ellos es que siempre existirá una relación entre el órgano de administración (CJ) y el órgano judicial, pues siempre el Presidente del órgano jurisdiccional – ya sea la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) o el TSJ local – presidirá el CJ. El número de consejeros que integran los Consejos va de los 3 hasta los 7.

Por regla general, en la conformación de los CJ intervienen los 3 poderes del Estado, puesto que cada uno de ellos nombra a un determinado número de consejeros. Lo anterior, según un texto de Iván García Gárate, atiende a las siguientes razones:

“Si el órgano de vigilancia y supervisión se integra solamente por miembros del Poder Judicial, se corre el riesgo de afectar la independencia de los órganos jurisdiccionales inferiores y concentrar el poder en los órganos centrales y superiores del Poder Judicial.”

“Una segunda razón a favor de la integración de miembros que no pertenezcan al Poder Judicial es la labor del Consejo de la Judicatura Federal respecto del desarrollo de políticas judiciales en el ámbito de su competencia. Si el CJF es el encargado del diseño, instrumentación y ejecución de políticas públicas encaminadas a la administración, vigilancia y disciplina de los órganos jurisdiccionales para mejorar el sistema de impartición de justicia, sus integrantes deben tener conocimientos sobre el desarrollo de políticas públicas. En el caso de los integrantes del Poder Judicial difícilmente se tienen ese tipo de conocimientos especializados. … “

“Una tercera razón que no se deriva forzosamente de las facultades del Consejo de la Judicatura Federal, sino que obedece a una necesidad política, es la imperiosa tarea de mejorar la receptividad por parte de los jueces a las demandas de la comunidad política (que no significa sucumbir a las demandas de actores políticos). El Poder Judicial es independiente de otros poderes, pero no es independiente de la comunidad política y debe ser representativo de esta. …”

Si bien las razones señaladas con anterioridad hacen referencia al Consejo de la Judicatura Federal (CJF), podemos extrapolarlas a los CJ estatales. Pero la participación de poderes ajenos al judicial no es una constante, ya que en Estados como Nayarit, Querétaro y Sinaloa los CJ están integrados únicamente por miembros del poder judicial.

Por regla general los CJ está integrados por una mayoría de miembros elegidos por el propio poder judicial, ya sean por los TSJ estatales o la SCJN a nivel federal; lo anterior, según la SCJN¹, pues es necesario que el poder judicial tenga una designación mayoritaria de los integrantes del CJ, “a efecto de evitar suspicacias en cuanto a la intervención en la administración del Poder Judicial Local por parte de las personas designadas por Poderes ajenos al mismo, de tal suerte que indirectamente puede llevar a una intromisión del Poder Legislativo en la toma de decisiones administrativas del Poder Judicial, pues aquél, si así lo desea, puede colocar a éste en una situación de dependencia o subordinación administrativa por conducto de los Consejeros mayoritariamente nombrados por el Congreso del Estado”.

A pesar de lo señalado en el párrafo anterior, no todos los CJ tienen una integración mayoritaria de miembros del poder judicial, ya que Estados como Durango y San Luis Potosí tienen apenas la mitad de ellos, mientras que en Aguascalientes, Chiapas, Guanajuato, Jalisco y Nuevo León, los miembros designados por el poder judicial son minoría. El caso más extremo es el de Tamaulipas, ya que el poder judicial no puede nombrar a ningún consejero, sino que todos son designados por el Congreso (con excepción de su Presidente, que también preside el CJ).

Tratándose de la designación de los consejeros provenientes del poder judicial, la regla general es que éstos sean designados por el TSJ; no obstante, en algunos casos se prevé que los consejeros sean elegidos por votaciones de los propios jueces o magistrados, como son los casos de Aguascalientes, Jalisco, Sinaloa y Tabasco (personalmente, el sistema de elección entre pares no me parece conveniente, pues se debe evitar que los juzgadores estén haciendo proselitismo, como si se tratara de campañas políticas).

Llaman la atención los casos de Quintana Roo y Jalisco, que hacen referencia a Consejeros ciudadanos; o el de Morelos, donde un Consejero es nombrado por la Universidad Autónoma de dicha entidad federativa.

El CJF está a punto de cumplir 20 años de existencia. Su necesidad para la administración del Poder Judicial Federal es evidente y está plenamente comprobada su efectividad operativa. No obstante, podríamos plantearnos si es el momento de reformarlo para llegar a su perfeccionamiento. Por ejemplo, a efecto de permitir una mayor participación de la ciudadanía, podría establecerse que uno de los Consejeros designados por el Senado provenga de la sociedad civil, siguiendo un procedimiento análogo al previsto para la designación de Consejeros Consultivos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos; de igual manera, podría considerarse que, siguiendo el ejemplo del Estado de Morelos, un Consejero de la Judicatura Federal fuera propuesto por la Universidad Nacional Autónoma de México (de una terna presentada por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la máxima casa de estudios) y que un Consejero fuera designado, de común acuerdo, por las barras o colegios de abogados con mayor representación a nivel federal. Finalmente, que de los 3 Consejeros elegidos por la SCJN, cuando menos uno de ellos fuera un Juez de Distrito.

Para conocer mejor cómo están integrados los CJ en nuestro país, les invito a revisar este breve resumen:

A nivel federal, según la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el CJF está integrado por 7 Consejeros: El Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN); 3 Consejeros elegidos por la SCJN de entre jueces y magistrados, 2 designados por el Senado y 1 por el Presidente de la República.

En Aguascalientes el CJ está integrado por 7 miembros: el Presidente del TSJ, uno nombrado por los jueces de primera instancia en materia penal y otro nombrado por jueces en materia civil, mixta y familiar; dos nombrados por el Congreso Estatal y dos nombrados por el Gobernador del Estado.

En Baja California el CJ está formado por el Presidente del TSJ, dos magistrados nombrados por el Pleno del TSJ, un juez designado por el TSJ, 2 nombrados por el Congreso del Estado y 1 por el Gobernador.

En Chiapas el CJ lo integran 5 Consejeros: El Presidente del TSJ, 1 juez de primera instancia designado por el Tribunal Constitucional local, 2 designados por el Congreso y 1 por el Gobernador.

En Coahuila de Zaragoza el CJ se conforma por 6 consejeros: El Presidente del TSJ, 1 designado por el gobernador, 1 por el Congreso, 1 magistrado del TSJ, 1 magistrado de tribunal distrital y 1 juez de 1a instancia (los de mayor antigüedad en sus respectivos cargos). En este Estado se señala que los presidentes del Tribunal Electoral, del Tribunal de lo Contencioso Administrativo y del Tribunal de Conciliación y Arbitraje siempre formarán parte siempre del CJ, pero sólo tendrán voto cuando se trate de asuntos relativos a los tribunales que presiden.

En el Distrito Federal el CJ se integra por 7 miembros: El Presidente del TSJ, 1 magistrado y 2 jueces elegidos por el TSJ, 1 nombrado por el Jefe de Gobierno y 2 más por la Asamblea Legislativa.

En Durango, el CJ se conforma por el Presidente del TSJ (quien tiene voto de calidad), 2 jueces de 1a instancia elegidos por el TSJ, 2 por el Congreso y 1 por el Gobernador.

En el Estado de México la conformación es la siguiente: El Presidente del TSJ, 2 magistrados del Pleno del TSJ designados por el CJ; 1 juez de 1a instancia designado por el CJ; 1 designado por el Gobernador y 2 por la Legislatura estatal.

En Guanajuato el órgano de gobierno del poder judicial no se llama CJ, sino Consejo del Poder Judicial, el cual está integrado por 5 miembros: el Presidente del TSJ, un juez de partido (resultante de concurso de oposición), 2 consejeros electos por el Congreso de entre las ternas propuestas por el Gobernador y el Pleno del TSJ, respectivamente) y 1 consejero designado por el Congreso.

En Guerrero el CJ está integrado por 5 consejeros: El Presidente del TSJ, 2 nombrados por el Gobernador con aprobación del Congreso, 1 magistrado y 1 juez designados por el Pleno del TSJ.

En Hidalgo el CJ también está integrado por 5 consejeros: El Presidente del TSJ, 1 magistrado y 1 juez designados por el Pleno del TSJ, 1 consejero designado por el Congreso y 1 por el Gobernador.

En Jalisco los miembros del CJ son 5: El Presidente del TSJ, 1 electo de entre los jueces de 1a instancia inamovibles con más de 4 años en la judicatura y 3 más de origen ciudadano elegidos por dos terceras partes del Congreso estatal.

En Michoacán, al igual que en Guanajuato, el órgano de gobierno del PJ tiene el nombre de Consejo del Poder Judicial, que está integrado por 5 consejeros: el Presidente del TSJ, 1 consejero electo por el Congreso del Estado, 1 por el Gobernador, 1 juez y 1 magistrado, ambos electos por sus pares.

En Morelos el CJ también está integrado por 6 miembros: El Presidente del TSJ, 1 magistrado numerario elegido por el Pleno del TSJ, 1 juez de primera instancia designado por insaculación, 1 consejero designado por el Congreso y 1 por el Gobernador y 1 representante de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (el decano de la institución).

En Nayarit el CJ se integra por el Pleno del TSJ Y 2 jueces de primera instancia elegidos por insaculación por el TSJ.

Nuevo León tiene solo 3 consejeros: El Presidente del TSJ, 1 consejero elegido por el Gobernador y otro por el Congreso del Estado.

En Oaxaca el CJ tiene 5 miembros: El Presidente del TSJ, 1 consejero magistrado, 1 consejero juez designados bajo criterios de evaluación y antigüedad, 1 consejero designado por el Ejecutivo y 1 por el Legislativo.

En Querétaro, la conformación del CJ no está prevista en la Constitución estatal, sino en la Ley Orgánica correspondiente, de la siguiente manera: El Presidente del TSJ y 2 Magistrados designados por el Pleno del TSJ.

En Quintana Roo el CJ  se integra por 5 miembros: El Presidente del TSJ, 1 Magistrado designado por el Pleno del TSJ, 1 juez de primera instancia nombrado por el Colegio de Jueces y 2 consejeros ciudadanos (propuestos en ternas por el Gobernador y elegidos por el Congreso).

El CJ de San Luis Potosí está integrado por 4 miembros: El Presidente del TSJ, 1 consejero designado por el TSJ, 1 por el Congreso y 1 por el Gobernador.

En Sinaloa, la existencia del CJ está prevista en la Constitución local y su integración en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la siguiente manera: El Presidente del TSJ, 2 magistrados electos por el Pleno del TSJ, 3 jueces de primera instancia electos por sus pares y un juez menor electo por el Pleno del TSJ.

En Sonora no existe un CJ, sino un órgano llamado Consejo del Poder Judicial, integrado por 5 consejeros: El Presidente del TSJ, 1 magistrado del Pleno del TSJ  o magistrado regional de circuito elegido por el TSJ y 1 juez de primera instancia elegido por el TSJ, 1 designado por el Gobernador y 1 por el Congreso (todos los consejeros deben de tener un suplente, excepto el Presidente del TSJ).

El CJ de Tabasco tiene 7 consejeros: El Presidente del TSJ, 2 magistrados numerarios nombrados por el TSJ, 1 juez de primera instancia y 1 juez de paz elegidos por sus pares, 1 consejero designado por el Gobernador con aprobación del Congreso y 1 consejero nombrado por el Congreso.

En Tamaulipas el CJ tiene 5 miembros: El Presidente del TSJ, 2 consejeros designados por el Congreso a propuesta del Pleno del TSJ, uno designado por el Congreso y uno más por el Gobernador.

El CJ de Tlaxcala está integrado por 5 consejeros: El Presidente del TSJ, 1 magistrado y 1 juez elegidos por el TSJ, 1 consejero designado por el Congreso y 1 por el Gobernador.

En Veracuz el CJ tiene 6 consejeros: El Presidente del TSJ, 3 magistrados elegidos por el TSJ, 1 consejero designado por el Congreso y 1 por el Gobernador.

El CJ de Yucatán tiene 5 miembros: El Presidente del TSJ, 2 consejeros designados por el TSJ que tengan carrera judicial, 1 consejero nombrado por la Cámara de Diputados del Congreso y 1 por el Gobernador.

Si están interesados en consultar directamente las normas de las cuáles obtuve esta información, pueden hacer click en este link, que contiene el documento de word donde están transcritos los artículos correspondientes.

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Notas a pie:

¹ Jurisprudencia P./J. 113/2009 del Pleno de la SCJN:

CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. EL DISEÑO ESTABLECIDO POR EL CONSTITUYENTE LOCAL PARA SU INTEGRACIÓN, TRANSGREDE LOS PRINCIPIOS DE DIVISIÓN DE PODERES Y DE AUTONOMÍA E INDEPENDENCIA JUDICIALES. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la vulneración a la autonomía o a la independencia de los Poderes Judiciales Locales implica una transgresión al principio de división de poderes, el cual se viola cuando se incurre en cualquiera de las siguientes conductas: a) Que en cumplimiento de una norma jurídica o voluntariamente se actualice un hecho antijurídico imputable a los Poderes Legislativo o Ejecutivo; b) Que dicha conducta implique la intromisión de uno de esos Poderes en la esfera de competencia del Poder Judicial, o bien, que uno de aquéllos realice actos que coloquen a éste en un estado de dependencia o subordinación; c) Que la intromisión, dependencia o subordinación de otro Poder verse sobre el nombramiento, promoción o indebida remoción de los miembros del Poder Judicial; la inmutabilidad salarial; la carrera judicial o la autonomía en la gestión presupuestal. A las anteriores hipótesis debe agregarse una más: si con motivo de la distribución de funciones establecida por el Constituyente Local se provoca un deficiente o incorrecto desempeño del Poder Judicial de la entidad federativa. Ahora bien, el Constituyente del Estado de Baja California estableció un nuevo diseño en la integración del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial, integrado por 5 miembros: el Presidente del Tribunal Superior de Justicia, quien lo presidirá, el Presidente del Tribunal de Justicia Electoral y 3 Consejeros designados por el Congreso del Estado. Atendiendo a los lineamientos enunciados, este diseño constitucional transgrede los principios de división funcional de poderes y de autonomía e independencia judiciales, porque no se genera una efectiva representación del Poder Judicial a través de la designación mayoritaria de sus integrantes en el órgano que se encargará de tomar las decisiones administrativas del citado Poder, tampoco se permite que la función jurisdiccional de los integrantes del Poder Judicial se refleje en la composición de su Consejo, y además, se ocasionan suspicacias en cuanto a la intervención en la administración del Poder Judicial Local por parte de las personas designadas por Poderes ajenos al mismo, de tal suerte que indirectamente puede llevar a una intromisión del Poder Legislativo en la toma de decisiones administrativas del Poder Judicial, pues aquél, si así lo desea, puede colocar a éste en una situación de dependencia o subordinación administrativa por conducto de los Consejeros mayoritariamente nombrados por el Congreso del Estado. En suma, el nuevo diseño constitucional local provoca un deficiente o incorrecto desempeño en las funciones del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Baja California, lo que ciertamente ocasionará retrasos en la administración de la justicia con sus correspondientes perjuicios.

Fin de una chicana

Para los que no estén familiarizados con el término “chicana” del argot jurídico, se conoce como tal a la actuación de alguna de las partes, en un proceso judicial, que tiene como finalidad retrasar el dictado de alguna resolución o de la ejecución del fallo.

Generalmente, quien chicanea los procesos judiciales lo hace de mala fe, pues sabe que sus planteamientos, objeciones, incidentes o recursos no prosperarán, pero aun así los interpone ya que, se insiste, el objetivo es dilatar el proceso judicial (habrá quien ‘chicanee’ un asunto por desconocimiento de los medios de impugnación o -como lo hacen algunas autoridades- ‘chicaneen’ por obligación legal, pero eso es otra cosa). No toda persona que ejerza sus derechos legales o procesales está chicaneando un asunto, pero para quienes en el día a día vivimos la tramitación de los expedientes, ya sea como funcionarios judiciales o abogados litigantes, podemos asegurar, sin lugar a dudas, cuando estamos frente a una ‘chicana’.

En materia de amparo, una jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que tenía un fin verdaderamente noble, consistente en ‘perdonar’ el desconocimiento de la vía correcta en amparo (directa o indirecta), fue aprovechada por algunos quejosos para chicanear ‘a lo lindo’ los procesos de ejecución de sentencia (1).

La jurisprudencia en comento señalaba que si un acto de autoridad judicial era reclamable en amparo indirecto (ante juzgado de distrito), pero el quejoso se equivocaba en la vía y lo impugnaba como amparo directo (ante un tribunal colegiado), se debía de corregir la vía intentada y el colegiado tenía la obligación de mandar el expediente al juzgado para que este tramitara el juicio y emitiera el fallo respectivo. Hasta aquí no se puede reprochar nada a la SCJN, pues evidentemente estamos ante un criterio garantista que da preferencia al fondo que a las formas.

No obstante lo anterior, como había adelantado, algunos quejosos se aprovecharon de la bondad del criterio jurisprudencial y comenzaron a utilizarlo indebidamente, logrando detener el trámite de los procesos de ejecución de las autoridades judiciales. El mecanismo era el siguiente:

a) Se seguía todo el juicio y se llegaba hasta etapa de ejecución.

b) El juzgado resolvía una cuestión incidental relativa a dicha ejecución, como sería un incidente de liquidación de sentencia;

c) El condenado en el juicio interponía recurso de apelación contra la liquidación;

d) El tribunal de segunda instancia confirmaba la interlocutoria de liquidación;

e) El quejoso interponía amparo directo en contra de la resolución de 2a instancia que resolvió la liquidación de sentencia (a pesar de que cualquier persona que haya cursado la materia de amparo sabe que es impugnable en amparo indirecto);

f) Las autoridades responsables, debido a la carga de trabajo y en casos concretos que resolvimos en el juzgado, tardan entre 6 meses y 1 año en emplazar a los terceros perjudicados en el amparo directo, hecho lo cual, remiten el expediente al tribunal colegiado de circuito;

g) El tribunal colegiado de circuito, en un acuerdo de presidencia, le dice al quejoso que el fallo que resuelve un incidente de liquidación de intereses en la vía de ejecución no es impugnable en amparo directo, sino en la vía indirecta, por lo que ordena remitir los autos al juez de distrito respectivo para que siga conociendo del asunto.

h) El juez de distrito recibe el expediente, radica el juicio, lo tramita y dicta la sentencia correspondiente, en el caso concreto, concediendo un amparo para efectos (este trámite tarda entre 3 y 6 meses, dependiendo las cargas de trabajo y la dificultad del asunto).

g) El quejoso interpone recurso de revisión contra la sentencia del juez de distrito, y el asunto se va al tribunal colegiado de circuito que confirma el amparo para efectos concedido. Se regresa nuevamente el expediente a la sala responsable y dicta una nueva resolución.

Hasta aquí es el camino normal de un asunto, y a partir de este momento comenzaba la chicana de la parte condenada:

h) Dictada la sentencia por la sala (en cumplimiento a la sentencia de amparo indirecto), confirmando nuevamente la interlocutoria de liquidación de intereses, el quejoso nuevamente interpone amparo directo (a pesar de que ya se le había dicho que esa no era la vía), se repite todo el trámite desde los incisos f) a g).

Con la segunda ‘equivocación’ de la vía, el quejoso lograba chicanear el expediente cerca de un año, en lo que se corregía la vía del amparo (convirtiéndola nuevamente de directo a indirecto). Si otra vez se concedía otro amparo para efectos, la chicana podía volver a tener éxito en el futuro.

Pero una reciente jurisprudencia de la SCJN (2) ha determinado que el quejoso solo se puede equivocar una sola vez en la vía, y si el tribunal colegiado le dice en la primera vez que el amparo directo no era la vía, sino el indirecto, y en un segundo amparo el quejoso se vuelve a ‘equivocar’ (la segunda vez no es equivocación, es una simple chicana), entonces el segundo amparo es improcedente.

De esta manera, la ‘chicana’ del error en la vía se ha limitado a una sola ocasión, ya que en la segunda el juicio de amparo se sobreseerá. El criterio de la 1a Sala de la SCJN, que limita el ejercicio de este tipo de chicanas a una sola vez, me parece adecuado, pues no debemos de perder de vista que cada vez que se ejerce este tipo de prácticas dilatorias se hace nulo el derecho de prontitud en la impartición de la justicia de la parte vencedora en el juicio natural.

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Notas a pie:

(1) Jurisprudencia de la Segunda Sala de la SCJN, del rubro y texto: DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA COMO DIRECTO. PARA DETERMINAR LA OPORTUNIDAD EN SU PROMOCIÓN DEBE ATENDERSE A LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ ANTE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, AUN CUANDO EL TRIBUNAL COLEGIADO SE DECLARE INCOMPETENTE Y LA REMITA AL JUZGADO DE DISTRITO. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que las causas de improcedencia del juicio de amparo deben acreditarse plenamente y no inferirse con base en presunciones, y que la equivocación de la vía en que se presente la demanda correspondiente no debe dar lugar a imposibilitar la defensa del quejoso ante actos que estima lesivos de sus garantías individuales. En ese sentido, cuando en la demanda se reclamen actos que se ubiquen en alguno de los supuestos del artículo 114 de la Ley de Amparo, pero se dirija al Tribunal Colegiado de Circuito, debe estimarse oportuna su promoción si es presentada dentro del plazo legal ante la autoridad responsable, a pesar de que a la fecha en que se reciba en la Oficialía de Partes de los Juzgados de Distrito haya transcurrido el plazo previsto para ello, y que en esa demanda se expresen los antecedentes del acto reclamado, la protesta de decir verdad o algún otro de los requisitos establecidos por el artículo 116 de la Ley citada para la promoción del amparo indirecto; pues pretender desentrañar la intención del impetrante con la mención de esos requisitos, llevaría a establecer la vía de impugnación bajo indicios que constituyen un criterio subjetivo, siendo que lo aplicable es un criterio objetivo que no dé lugar a dudas sobre la intención de promover el amparo directo, como es la autoridad a la que se dirige y el lugar donde se presenta la demanda. En consecuencia, si su presentación ante la responsable ocurrió en tiempo, debe considerarse que la demanda de garantías fue presentada oportunamente, con independencia de que el Tribunal Colegiado de Circuito que la recibió se declare incompetente y que el Juez de Distrito ordene su regularización, en cuanto a la satisfacción de los requisitos de la demanda de amparo indirecto.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 42/2005-PL. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Cuarto y Quinto, ambos en Materia Civil del Tercer Circuito, y los Tribunales Colegiados Quinto y Sexto, ambos en Materia Civil del Primer Circuito. 24 de febrero de 2006. Cinco votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretaria: Blanca Lobo Domínguez.

(2) Jurisprudencia 13/2014 (10ª) de la 1a Sala de la SCJN (pendiente de publicar): DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA COMO DIRECTO. CASO EN EL QUE PARA DETERMINAR LA OPORTUNIDAD EN LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DEBE CONSIDERARSE LA FECHA EN LA QUE LLEGÓ PARA SU CONOCIMIENTO AL JUEZ DE DISTRITO. En aquellos supuestos en que el mismo quejoso: i) presente por segunda ocasión indebidamente una demanda de amparo indirecto ante la autoridad responsable; ii) con la finalidad de impugnar un acto dictado después de concluido el mismo juicio natural del que deriva el acto reclamado en el amparo previo; y, iii) que dicho acto constituya una resolución dictada en cumplimiento de una demanda de amparo indirecto; el juzgador de amparo contará con elementos suficientes para acreditar que el quejoso conocía la vía procedente, por lo que el error en la presentación de la demanda no deberá interrumpir el plazo para la promoción del juicio de amparo y la fecha que se tomará en cuenta para determinar la oportunidad del juicio será aquella en la que llegó al conocimiento del juez de distrito y no en la que la recibió la autoridad responsable. Ello siempre y cuando el tribunal colegiado al que se le turnó el primer amparo como directo, al declarar su incompetencia legal, haya explicado al quejoso los casos en los que procede el amparo directo, indicando que en contra de las resoluciones ahí reclamadas procede el amparo indirecto. Lo anterior, en virtud de que un primer error en la vía debe presumirse como una equivocación de buena fe procesal que no debe dejar al quejoso sin defensa; no obstante, una segunda equivocación en estas condiciones permite acreditar que el quejoso sabía cuál era la vía que debía iniciar y que la conducta procesal del quejoso está encaminada a entorpecer la buena marcha del juicio, por lo que en este supuesto, no se debe interrumpir el plazo para la promoción del juicio de amparo.

Contradicción de tesis 266/2013. Suscitada entre el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito y el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 22 de noviembre de 2013. La votación se dividió en dos partes: mayoría de cuatro votos por la competencia. Disidente: José Ramón Cossío Díaz. Unanimidad de cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo, en cuanto al fondo. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretaria: Alejandra Spitalier Peña.

Vacantes en el CJF. Dos alternativa de solución.

Como sabemos, los integrantes del Poder Judicial Federal no son elegidos por votación popular, sino que existen diversas mecánicas para la selección de sus integrantes. Los jueces y magistrados son nombrados al resultar vencedores de concursos de oposición. Los ministros de la SCJN son elegidos por el Senado de una terna propuesta por el Presidente de la República. Finalmente, los Consejeros de la Judicatura Federal son elegidos de la siguiente manera: 3 por el Pleno de la SCJN, 2 por el Senado y 1 por el Titular del Ejecutivo Federal. El Presidente de la Corte es a su vez el Presidente del Consejo de la Judicatura Federal (CJF)

Actualmente existen 2 lugares vacantes en el CJF, que corresponden al Senado, lo que significa que el órgano de administración y vigilancia no está trabajando con la totalidad de consejeros que lo integran.

Una de las plazas vacías que referimos en el párrafo anterior tiene más de un año sin ocupar. A efecto de evitar que en el futuros se sigan dando estas situaciones, en las que los poderes ejecutivo o legislativo no realizan la designación que les corresponde, podrían adoptarse dos medidas legislativas:

La primera consistiría en que el Consejero que haya terminado su encargo, permanezca en funciones hasta que el poder que deba sustituirlo haga la designación respectiva.

La segunda sería que la SCJN nombrara a un Consjero interino (de entre jueces y magistrados) que estaría en funciones hasta que el Presidente o el Senado hicieran el nombramiento respectivo.

De entre las dos propuestas anteriores me inclinaría por la primera, a efecto de que la conformación del CJF mantuviera las proporciones en su conformación (2 nombrados por el Senado y 1 por el ejecutivo), evitando un Consejo totalmente formado por puros juzgadores.

Aniversario de la Constitución.

En el blog antiguo, precisamente en 2011, un día como hoy comenté lo relativo al aniversario de la Constitución. Hoy conmemoramos el 97 aniversario de su promulgación y por eso retomo el post de aquél entonces:

Texto de 2011:

El 5 de febrero de 1917 se publicó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), aprobada por el Constituyente que se reunió en la Ciudad de Querétaro, convocado por el Presidente Venustiano Carranza. 

 Leyendo una nota publicada en el diario El País, por María de las Heras, podemos advertir algunos datos que arrojaron una encuesta:
 
“… 56% de los mexicanos adultos no tiene la más remota idea de qué se celebra. Y llegamos en un ambiente de debate que ha conseguido removerle esa característica de precepto inmutable del que gozó la Constitución por casi una centuria. Hoy apenas 14% de los ciudadanos piensa que es un marco legal adecuado a las circunstancias, un 47% más cree que si bien en principio se adecua, habría que hacerle varias modificaciones para actualizarla, y sorprende que 29% piense que de plano la Constitución de 1917 ya no sirve para normar el México del siglo XXI, y que por lo tanto necesitamos una nueva.” 

“Dicho sea de paso, y de acuerdo con las cifras de la encuesta de hoy, apenas un 5% de los ciudadanos han leído la Constitución de cabo a rabo, mientras el 38% piensa que las modificaciones que se le han hecho recientemente a la Carta Magna han servido para hacerla mejor”.

El desconocimiento de la historia de México me preocupa, pero no me sorprende (algún día hice un examen a abogados titulados y, en la sección de conocimientos generales, pregunté que quién había sido el primer gobernante del México independiente. Pocos atinaron a contestar que fue Agustín de Iturbide. Alguno contestó que había sido ¡Benito Juárez!).
 
Realmente es inquietante el desconocimiento del texto constitucional (sólo el 5% había leido la CPEUM). Si no se lee el texto constitucional, se ignora cuáles son los derechos fundamentales con los que cuenta la ciudadanía, así como las reglas y atribuciones de los Poderes de la Unión. 
 
¿Qué desalentará a la ciudadanía a leer la CPEUM? Entre otras cosas, supongo, su redacción. Debido a una mala técnica legislativa-constitucional, la Carta Magna no es un texto “fundamental”, entendido como los postulados mínimos de respeto a derechos fundamentales y reglas del juego básicas de las autoridades. En efecto, la Constitución mexicana es una disposición que pretende regular a detalle todos los aspectos fácticos imaginables. Ya no son principios o reglas mínimas, sino disposiciones que son propias de una ley ordinaria o un reglamento. Basta con leer, por ejemplo, los artículos 27, 41, 73, 107 ó 123, para darnos cuenta que las reglas mínimas no son tan mínimas. Me imagino que cualquier ciudadano que empieza a leer esos artículos deja a un lado la CPEUM al tercer bostezo. 
 
Finalmente, quisiera abordar el tema de la elaboración de una Carta Magna nueva. ¿Realmente es necesario? Personalmente pienso que no. Con independencia de lo que apunté en el párrafo anterior, siempre he pensado que el problema en México no son los textos legales, sino los seres humanos, las personas que interpretan o aplican las normas legales. Las deficiencias constitucionales o legislativas son relativamente intrascendentes si los interpretes o aplicadores (léase autoridades de los poderes ejecutivo,  judicial u organismos autónomos) materializan dichas normas en beneficio de los ciudadanos y del país, siempre respetuosos de los derechos fundamentales, tanto de mayorías como de minorías. 
 

Un texto legal impecable, en manos de un mal intérprete o aplicador, se convierte en un arma de 2 filos. 

Para terminar, quisiera compartir con ustedes un fragmento de la columna que publicó Catón (el 5/2/2011), en el periódico Reforma:

 

“… Este día celebramos el cumpleaños de la señora más violada en México: doña Constitución. Los primeros en violarla fueron precisamente los encargados de velar por ella, quiero decir los legisladores. Tantas reformas y adiciones le han hecho que no la reconocerían ya los mismísimos que la engendraron. En los países donde hay respeto por la ley la Carta Magna es un sobrio documento que enumera una serie de principios sobre los cuales se constituye y organiza la vida política de la nación. En México la Constitución se ha convertido, por mala obra y desgracia de las sucesivas presidencias imperiales, en un enorme y casuístico mamotreto donde se contienen normas de todo orden y desorden, entre ellas algunas que deberían formar parte de leyes secundarias, y aun de reglamentos. Habrá que hacer una nueva Constitución. Y, más importante aún, habrá que formar una nueva generación de mexicanos que no se pasen todos los días por no voy a decir dónde la ley fundamental de su país …”

Actualización (2014):

Año con año se escriben nuevos textos criticando las constantes reformas a la Carta Magna (las cuales son ignoradas por el Poder Reformador de la Constitución), he aquí algunas de ellas:

Paco Calderón (de su página personal):

97 Aniversario de la CPEUM

97 Aniversario de la CPEUM

Catón (en reforma):

“Hay una pregunta que me inquieta: ¿tiene madre la Constitución? Espero que la tenga, pues entonces podré decir en tono contundente: “Tantas reformas ha sufrido la Constitución que no la reconocería ni la madre que la parió”. Por verdadera esa frase merece ser inscrita, si no en bronce eterno o mármol duradero, sí por lo menos en plastilina verde. Mientras las leyes máximas de otros países permanecen ínsitas, impertérritas, impávidas, incólumes e integérrimas, la nuestra se mira más parchada y recosida que calzón de pobre. Tantas y tan nimias prescripciones se le han introducido que más que Carta Magna parece ya ley secundaria, o reglamento. Además la Constitución contiene no pocas disposiciones anticonstitucionales, quiero decir violatorias del espíritu original del Constituyente. Y eso no es lo más malo. Lo peor es que la norma fundamental es violada en modo tan sistemático y continuo que ha acabado por ser letra, si no muerta, por lo menos bastante desmayada. ¿Qué celebramos entonces este día? Nada. O, en el mejor de los casos, celebramos la sombra de una sombra. Cualquier ceremonia que en esta fecha se haga será, como la mayoría de los actos oficiales, ocasión hueca, formalismo, mero cumplimiento (de cumplo y miento). Por eso he preguntado si tiene madre la Constitución.”
 

Dislexias constitucionales y  Engordando la Constitución, de Héctor Fix Fierro.

Las demasiadas autonomías, de Pedro Salazar.

La Constitución motorizada, de Miguel Carbonell.

 

 

Control de convencionalidad de normas fiscales

Atendiendo a los nuevos parámetros de control de constitucionalidad y convencionalidad existentes en nuestro sistema jurídico, la Suprema Corte de Justicia de la Nación comienza a interpretar tratados internacionales, en concreto, aquellas porciones normativas que se refieren a impuestos.

Les comparto el criterio de la 1a Sala de la Corte.

SISTEMAS IMPOSITIVOS “ADECUADOS Y EQUITATIVOS”. SU CONCEPCIÓN CONFORME AL ARTÍCULO 34 DE LA CARTA DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS.

La Carta de la Organización de los Estados Americanos, suscrita en Bogotá en 1948 y reformada por los Protocolos de Buenos Aires en 1967, Cartagena de Indias en 1985, Washington en 1992 y Managua en 1993, específicamente en su artículo 34, prevé que los Estados miembros, a fin de acelerar su desarrollo económico y social, de conformidad con sus propias modalidades y procedimientos, en el marco de los principios democráticos y de las instituciones del Sistema Interamericano, han convenido en dedicar sus máximos esfuerzos al logro de diversas metas básicas, entre las que se encuentra, en su inciso c), el establecimiento de “sistemas impositivos adecuados y equitativos”. Ahora bien, en términos de dicho tratado internacional, su establecimiento constituye la voluntad de los Estados miembros de establecer un sistema impositivo que, como una expresión de la totalidad de las disposiciones de carácter tributario, resulte “adecuada” y “equitativa” de conformidad con las propias modalidades y procedimientos de cada entidad firmante. Esto, entendiendo al sistema impositivo como el orden jurídico tributario en su conjunto, es decir, como un conjunto organizado de normas percibido como un resultado total; de ahí que la idoneidad o equidad del sistema tributario en su totalidad no puede hacerse depender del establecimiento de un tributo o de la modificación de la tasa de uno de ellos, pues no es a lo que se refiere el tratado invocado.

PRIMERA SALA

Amparo en revisión 480/2013. América Móvil, S.A.B. de C.V. 30 de octubre de 2013. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Dolores Rueda Aguilar.

Esta tesis se publicó el viernes 31 de enero de 2014 a las 10:05 horas en el Semanario Judicial de la Federación.