La legitimación de los sindicatos para promover amparo contra leyes

Tomando en cuenta la abrogada Ley de Amparo de 1936, había sido criterio de los tribunales federales [1] que los sindicatos no podían promover juicio de amparo contra leyes en representación de sus agremiados, a menos que los trabajadores otorgaran expresamente un poder a favor del sindicato para efectos de la representación.

Atendiendo a la nueva normativa constitucional (desde 2011) y legal (2013) me parece que es hora que los tribunales del Poder Judicial de la Federación abandonemos tan rígidos criterios y permitamos que los sindicatos promuevan juicios de amparo a favor de los trabajadores que representan cuando se impugnen leyes que afecten de manera directa a la clase obrera.

En efecto, el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que el amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que se alegue que el acto reclamado viola derechos humanos. Debe hacerse énfasis en que el Poder Reformador de la Constitución, mediante esta redacción, permitió a partir del año 2011 la protección de derechos difusos o colectivos.

Por su parte, el artículo 5º, fracción I, de la Ley de Amparo, que desarrolla el mandato constitucional referido en el párrafo que antecede, dispone que el quejoso será la persona (física o moral) que aduzca ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que se alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan derechos humanos y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Esta disposición es acorde al texto fundamental, en lo que se refiere a la tutela de derechos colectivos mediante la acción de control constitucional.

Sobre el tema en particular, la doctrina ha señalado que:

“El ‘interés legítimo’ siempre estuvo ligado a la protección de los llamados intereses difusos, aquellos que consignados de alguna manera en el derecho positivo, reportaban algún provecho a los integrantes de amplios sectores de la sociedad, de una manera compartida por todos y sin la ‘exclusividad’ e índole ‘directa’ que son notas distintivas del ‘interés jurídico’. Su recepción en los fundamentos constitucionales del juicio de amparo lleva a una muy extensa ampliación de la tutela que otorga este proceso, aun para ciertas normas generales, que cobra especial relevancia para temas ambientales y urbanísticos.” [2]

Como se aprecia, el nuevo paradigma de protección de los derechos humanos pretende abandonar concepciones arcaicas en materias como la legitimación y ámbito protector del sumario de derechos fundamentales, permitiéndose la tutela de derechos colectivos por esta vía.

En íntima vinculación con el tema que nos ocupa, los artículos 123, apartado A, fracción XVI, de la Carta Magna; 8.1.a) del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y 8.1.a) de la Convención Interamericana de Derechos Humanos y 356 de la Ley Federal del Trabajo, prevén el derecho de los trabajadores para coaligarse o unirse en sindicatos para la defensa de sus intereses. Asimismo, los artículos 374, fracción III y 375 de la Ley Federal del Trabajo establecen que los sindicatos legalmente constituidos tienen capacidad para representar a sus miembros en la defensa de los derechos individuales que les correspondan, sin perjuicio del derecho de los trabajadores para obrar o intervenir directamente, cesando entonces, a petición del trabajador, la intervención del sindicato.

En ese orden de ideas, si el juicio de amparo permite la protección de derechos colectivos, inclusive en contra de normas de carácter general, y por mandatos constitucionales, convencionales y legales corresponde a los sindicatos la defensa de los derechos de los trabajadores, al realizar una interpretación pro persona a favor de la clase trabajadora, es evidente que los sindicatos tienen legitimación activa para ocurrir al sumario de derechos fundamentales para impugnar leyes o normas generales en defensa de sus agremiados, siempre y cuando dichas disposiciones afecten de manera directa y real derechos sustantivos de los trabajadores.

Por ejemplo, los sindicatos podrán promover amparo en contra de las reformas a las leyes laborales, pero no podrán hacerlo para impugnar normas fiscales, ya que éstas no afectan directamente las relaciones laborales (ni siquiera alegando que se afecta el salario, que es importantísimo en la relación de trabajo).

Estoy consciente de que esta postura podría traer algunos inconvenientes, sobre todo a la hora de pedir el cumplimiento de la sentencia de amparo, ya que ésta debería de beneficiar a los trabajadores (no al sindicato). Los miembros del sindicato tendrían que acudir ante el juez, en la etapa de cumplimiento, a efecto de demostrar que son trabajadores de un patrón y que forman parte del sindicato quejoso. Por su parte, el Juez de Distrito estaría obligado a emitir una interlocutoria en la que declarara que el fallo protector de garantías beneficia a determinada persona física.

El hecho de que este criterio pudiera generar alguna problemática operativa a los jueces federales, no debería ser pretexto para negar la legitimación activa de los sindicatos para promover el sumario de derechos fundamentales en contra de normas generales. A fin de cuentas, lo que debemos buscar en el Poder Judicial Federal es la manera de hacer más fácil el acceso al amparo a los ciudadanos del país; sobre todo si se trata de la clase trabajadora.

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Notas a pie de página:

[1] Época: Novena Época Registro: 180723 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XX, Septiembre de 2004 Materia(s): Administrativa Tesis: VI.3o.A.191 A Página: 1720.

AMPARO CONTRA LEYES. ES IMPROCEDENTE EL PROMOVIDO POR EL COMITÉ EJECUTIVO GENERAL DE UN SINDICATO EN NOMBRE DE SUS AGREMIADOS. Si bien es cierto que el artículo 375 de la Ley Federal del Trabajo reconoce a los sindicatos la facultad para representar a sus miembros en la defensa de los derechos individuales que les correspondan, también lo es que ello no basta para que se considere satisfecha la legitimación en el juicio de garantías, ya que tratándose de la vía constitucional de amparo, la representación procesal debe analizarse a la luz de la materia que regula el acto reclamado, de conformidad con el artículo 12 de la Ley de Amparo. En ese orden de ideas, si un sindicado pretende impugnar la inconstitucionalidad de un tributo, la representación en el proceso se encuentra regulada en los artículos 1o., 19 y 200 del Código Fiscal de la Federación, de cuyo contenido se advierte que tratándose de la representación de los particulares, deberá otorgarse escritura pública o carta poder firmada ante dos testigos y ratificadas las firmas del otorgante y testigos ante notario o fedatario público. Ahora bien, si en el caso, el comité ejecutivo general de un sindicato anexó los documentos que acreditan que representa al sindicato pero no obra en autos del juicio de amparo documento alguno en el que sus miembros hayan expresado su deseo ante notario, fedatario público o autoridad competente de que dicho comité los represente, es inconcuso que el citado comité no está legitimado para ocurrir al juicio de garantías en representación de sus agremiados, por no satisfacer los requisitos procesales para tener por acreditada la legitimación procesal e impugnar la inconstitucionalidad del impuesto; consecuentemente, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 73, en relación con los artículos 4o. y 12 de la Ley de Amparo. No pasa inadvertido para este tribunal la invocación por parte del sindicato recurrente del criterio aislado sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su anterior integración en la que determinó que el caso del Sindicato de Trabajadores de la Industria Azucarera y Similares de la República Mexicana contaba con la personalidad en el juicio de amparo para promover la inconstitucionalidad de la Ley de Ingresos para el Estado de Jalisco de 1960, sin que para ello requiriera el promovente poder especial ni individual, puesto que señalaba que aun siendo un tributo fiscal afectaba al salario de los trabajadores coaligados para la defensa y mejoramiento de sus intereses; sin embargo, al margen de ser criterio aislado que no obliga a este órgano colegiado en términos del artículo 192 de la ley de la materia, por ser una tesis que data desde mil novecientos sesenta y nueve, a la fecha los fundamentos en donde se apoyó han sido modificados; dicha tesis aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volumen 7, Primera Parte, página 33, con el rubro: “INDUSTRIA AZUCARERA Y SIMILARES DE LA REPÚBLICA MEXICANA, SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA. PERSONALIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO (LEY DE INGRESOS PARA EL ESTADO DE JALISCO DE 1960).”

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO CIRCUITO.

Amparo en revisión 271/2003. Comité Ejecutivo General del Sindicato Independiente de la Industria Automotriz, Similares y Conexos Volkswagen de México. 4 de marzo de 2004. Mayoría de votos. Disidente: Manuel Rojas Fonseca. Ponente: María del Pilar Núñez González. Secretario: Raúl Ballesteros Gutiérrez Rubio.

Amparo en revisión 16/2004. Comité Ejecutivo General del Sindicato Independiente de la Industria Automotriz, Similares y Conexos Volkswagen de México. 1o. de abril de 2004. Mayoría de votos. Disidente: Manuel Rojas Fonseca. Ponente: María del Pilar Núñez González. Secretario: Héctor Santacruz Sotomayor.

[2] Ferrer Mac-Gregor, Eduardo y Sánchez Gil, Rubén, “El nuevo juicio de amparo. Guía de la reforma constitucional y la nueva Ley de Amparo”. Editorial Porrúa (Biblioteca Porrúa de Derecho Procesal Constitucional #80). 2ª edición, México, 2013. Pp. 41-43.

Material de la reforma educativa

Para los que estén interesados en consultar material relativo a la reforma educativa, con motivo de la plática que di en la Universidad de las Américas Puebla, les comparto los siguientes archivos:

Leyes de la reforma educativa (word).

Sentencia que sobreseyó en contra de la reforma constitucional (Juzgado 6o Auxiliar de Puebla).

Sentencia que negó el amparo en contra de la reforma legal (Juzgado 6o Auxiliar de Puebla).

Integración de los consejos de la judicatura en México

Los consejos de la judicatura (en los subsecuente CJ) en nuestro país surgieron a finales del siglo pasado. Su principal función, por regla general, es la de encargarse de la vigilancia del poder judicial (observando y, en su caso, sancionando la actuación de jueces, magistrados y demás funcionarios judiciales); así como todo lo relativo al gobierno de cuestiones administrativas de dicho poder (nombramientos, manejo de recursos humanos, materiales y de inmuebles, etcétera).

No todas las entidades federativas tienen CJ, como es el caso de Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Colima, Puebla y Zacatecas, por lo que las actividades mencionadas en el párrafo que antecede las realiza el Pleno del Tribunal Superior de Justicia (en lo subsecuente TSJ).

En nuestro país no existe una fórmula única de conformación de los Consejos de la Judicatura (CJ), sino que la manera en que están integrados es variada, según la legislación correspondiente. Lo que es una constante en todos y cada uno de ellos es que siempre existirá una relación entre el órgano de administración (CJ) y el órgano judicial, pues siempre el Presidente del órgano jurisdiccional – ya sea la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) o el TSJ local – presidirá el CJ. El número de consejeros que integran los Consejos va de los 3 hasta los 7.

Por regla general, en la conformación de los CJ intervienen los 3 poderes del Estado, puesto que cada uno de ellos nombra a un determinado número de consejeros. Lo anterior, según un texto de Iván García Gárate, atiende a las siguientes razones:

“Si el órgano de vigilancia y supervisión se integra solamente por miembros del Poder Judicial, se corre el riesgo de afectar la independencia de los órganos jurisdiccionales inferiores y concentrar el poder en los órganos centrales y superiores del Poder Judicial.”

“Una segunda razón a favor de la integración de miembros que no pertenezcan al Poder Judicial es la labor del Consejo de la Judicatura Federal respecto del desarrollo de políticas judiciales en el ámbito de su competencia. Si el CJF es el encargado del diseño, instrumentación y ejecución de políticas públicas encaminadas a la administración, vigilancia y disciplina de los órganos jurisdiccionales para mejorar el sistema de impartición de justicia, sus integrantes deben tener conocimientos sobre el desarrollo de políticas públicas. En el caso de los integrantes del Poder Judicial difícilmente se tienen ese tipo de conocimientos especializados. … “

“Una tercera razón que no se deriva forzosamente de las facultades del Consejo de la Judicatura Federal, sino que obedece a una necesidad política, es la imperiosa tarea de mejorar la receptividad por parte de los jueces a las demandas de la comunidad política (que no significa sucumbir a las demandas de actores políticos). El Poder Judicial es independiente de otros poderes, pero no es independiente de la comunidad política y debe ser representativo de esta. …”

Si bien las razones señaladas con anterioridad hacen referencia al Consejo de la Judicatura Federal (CJF), podemos extrapolarlas a los CJ estatales. Pero la participación de poderes ajenos al judicial no es una constante, ya que en Estados como Nayarit, Querétaro y Sinaloa los CJ están integrados únicamente por miembros del poder judicial.

Por regla general los CJ está integrados por una mayoría de miembros elegidos por el propio poder judicial, ya sean por los TSJ estatales o la SCJN a nivel federal; lo anterior, según la SCJN¹, pues es necesario que el poder judicial tenga una designación mayoritaria de los integrantes del CJ, “a efecto de evitar suspicacias en cuanto a la intervención en la administración del Poder Judicial Local por parte de las personas designadas por Poderes ajenos al mismo, de tal suerte que indirectamente puede llevar a una intromisión del Poder Legislativo en la toma de decisiones administrativas del Poder Judicial, pues aquél, si así lo desea, puede colocar a éste en una situación de dependencia o subordinación administrativa por conducto de los Consejeros mayoritariamente nombrados por el Congreso del Estado”.

A pesar de lo señalado en el párrafo anterior, no todos los CJ tienen una integración mayoritaria de miembros del poder judicial, ya que Estados como Durango y San Luis Potosí tienen apenas la mitad de ellos, mientras que en Aguascalientes, Chiapas, Guanajuato, Jalisco y Nuevo León, los miembros designados por el poder judicial son minoría. El caso más extremo es el de Tamaulipas, ya que el poder judicial no puede nombrar a ningún consejero, sino que todos son designados por el Congreso (con excepción de su Presidente, que también preside el CJ).

Tratándose de la designación de los consejeros provenientes del poder judicial, la regla general es que éstos sean designados por el TSJ; no obstante, en algunos casos se prevé que los consejeros sean elegidos por votaciones de los propios jueces o magistrados, como son los casos de Aguascalientes, Jalisco, Sinaloa y Tabasco (personalmente, el sistema de elección entre pares no me parece conveniente, pues se debe evitar que los juzgadores estén haciendo proselitismo, como si se tratara de campañas políticas).

Llaman la atención los casos de Quintana Roo y Jalisco, que hacen referencia a Consejeros ciudadanos; o el de Morelos, donde un Consejero es nombrado por la Universidad Autónoma de dicha entidad federativa.

El CJF está a punto de cumplir 20 años de existencia. Su necesidad para la administración del Poder Judicial Federal es evidente y está plenamente comprobada su efectividad operativa. No obstante, podríamos plantearnos si es el momento de reformarlo para llegar a su perfeccionamiento. Por ejemplo, a efecto de permitir una mayor participación de la ciudadanía, podría establecerse que uno de los Consejeros designados por el Senado provenga de la sociedad civil, siguiendo un procedimiento análogo al previsto para la designación de Consejeros Consultivos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos; de igual manera, podría considerarse que, siguiendo el ejemplo del Estado de Morelos, un Consejero de la Judicatura Federal fuera propuesto por la Universidad Nacional Autónoma de México (de una terna presentada por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la máxima casa de estudios) y que un Consejero fuera designado, de común acuerdo, por las barras o colegios de abogados con mayor representación a nivel federal. Finalmente, que de los 3 Consejeros elegidos por la SCJN, cuando menos uno de ellos fuera un Juez de Distrito.

Para conocer mejor cómo están integrados los CJ en nuestro país, les invito a revisar este breve resumen:

A nivel federal, según la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el CJF está integrado por 7 Consejeros: El Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN); 3 Consejeros elegidos por la SCJN de entre jueces y magistrados, 2 designados por el Senado y 1 por el Presidente de la República.

En Aguascalientes el CJ está integrado por 7 miembros: el Presidente del TSJ, uno nombrado por los jueces de primera instancia en materia penal y otro nombrado por jueces en materia civil, mixta y familiar; dos nombrados por el Congreso Estatal y dos nombrados por el Gobernador del Estado.

En Baja California el CJ está formado por el Presidente del TSJ, dos magistrados nombrados por el Pleno del TSJ, un juez designado por el TSJ, 2 nombrados por el Congreso del Estado y 1 por el Gobernador.

En Chiapas el CJ lo integran 5 Consejeros: El Presidente del TSJ, 1 juez de primera instancia designado por el Tribunal Constitucional local, 2 designados por el Congreso y 1 por el Gobernador.

En Coahuila de Zaragoza el CJ se conforma por 6 consejeros: El Presidente del TSJ, 1 designado por el gobernador, 1 por el Congreso, 1 magistrado del TSJ, 1 magistrado de tribunal distrital y 1 juez de 1a instancia (los de mayor antigüedad en sus respectivos cargos). En este Estado se señala que los presidentes del Tribunal Electoral, del Tribunal de lo Contencioso Administrativo y del Tribunal de Conciliación y Arbitraje siempre formarán parte siempre del CJ, pero sólo tendrán voto cuando se trate de asuntos relativos a los tribunales que presiden.

En el Distrito Federal el CJ se integra por 7 miembros: El Presidente del TSJ, 1 magistrado y 2 jueces elegidos por el TSJ, 1 nombrado por el Jefe de Gobierno y 2 más por la Asamblea Legislativa.

En Durango, el CJ se conforma por el Presidente del TSJ (quien tiene voto de calidad), 2 jueces de 1a instancia elegidos por el TSJ, 2 por el Congreso y 1 por el Gobernador.

En el Estado de México la conformación es la siguiente: El Presidente del TSJ, 2 magistrados del Pleno del TSJ designados por el CJ; 1 juez de 1a instancia designado por el CJ; 1 designado por el Gobernador y 2 por la Legislatura estatal.

En Guanajuato el órgano de gobierno del poder judicial no se llama CJ, sino Consejo del Poder Judicial, el cual está integrado por 5 miembros: el Presidente del TSJ, un juez de partido (resultante de concurso de oposición), 2 consejeros electos por el Congreso de entre las ternas propuestas por el Gobernador y el Pleno del TSJ, respectivamente) y 1 consejero designado por el Congreso.

En Guerrero el CJ está integrado por 5 consejeros: El Presidente del TSJ, 2 nombrados por el Gobernador con aprobación del Congreso, 1 magistrado y 1 juez designados por el Pleno del TSJ.

En Hidalgo el CJ también está integrado por 5 consejeros: El Presidente del TSJ, 1 magistrado y 1 juez designados por el Pleno del TSJ, 1 consejero designado por el Congreso y 1 por el Gobernador.

En Jalisco los miembros del CJ son 5: El Presidente del TSJ, 1 electo de entre los jueces de 1a instancia inamovibles con más de 4 años en la judicatura y 3 más de origen ciudadano elegidos por dos terceras partes del Congreso estatal.

En Michoacán, al igual que en Guanajuato, el órgano de gobierno del PJ tiene el nombre de Consejo del Poder Judicial, que está integrado por 5 consejeros: el Presidente del TSJ, 1 consejero electo por el Congreso del Estado, 1 por el Gobernador, 1 juez y 1 magistrado, ambos electos por sus pares.

En Morelos el CJ también está integrado por 6 miembros: El Presidente del TSJ, 1 magistrado numerario elegido por el Pleno del TSJ, 1 juez de primera instancia designado por insaculación, 1 consejero designado por el Congreso y 1 por el Gobernador y 1 representante de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (el decano de la institución).

En Nayarit el CJ se integra por el Pleno del TSJ Y 2 jueces de primera instancia elegidos por insaculación por el TSJ.

Nuevo León tiene solo 3 consejeros: El Presidente del TSJ, 1 consejero elegido por el Gobernador y otro por el Congreso del Estado.

En Oaxaca el CJ tiene 5 miembros: El Presidente del TSJ, 1 consejero magistrado, 1 consejero juez designados bajo criterios de evaluación y antigüedad, 1 consejero designado por el Ejecutivo y 1 por el Legislativo.

En Querétaro, la conformación del CJ no está prevista en la Constitución estatal, sino en la Ley Orgánica correspondiente, de la siguiente manera: El Presidente del TSJ y 2 Magistrados designados por el Pleno del TSJ.

En Quintana Roo el CJ  se integra por 5 miembros: El Presidente del TSJ, 1 Magistrado designado por el Pleno del TSJ, 1 juez de primera instancia nombrado por el Colegio de Jueces y 2 consejeros ciudadanos (propuestos en ternas por el Gobernador y elegidos por el Congreso).

El CJ de San Luis Potosí está integrado por 4 miembros: El Presidente del TSJ, 1 consejero designado por el TSJ, 1 por el Congreso y 1 por el Gobernador.

En Sinaloa, la existencia del CJ está prevista en la Constitución local y su integración en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la siguiente manera: El Presidente del TSJ, 2 magistrados electos por el Pleno del TSJ, 3 jueces de primera instancia electos por sus pares y un juez menor electo por el Pleno del TSJ.

En Sonora no existe un CJ, sino un órgano llamado Consejo del Poder Judicial, integrado por 5 consejeros: El Presidente del TSJ, 1 magistrado del Pleno del TSJ  o magistrado regional de circuito elegido por el TSJ y 1 juez de primera instancia elegido por el TSJ, 1 designado por el Gobernador y 1 por el Congreso (todos los consejeros deben de tener un suplente, excepto el Presidente del TSJ).

El CJ de Tabasco tiene 7 consejeros: El Presidente del TSJ, 2 magistrados numerarios nombrados por el TSJ, 1 juez de primera instancia y 1 juez de paz elegidos por sus pares, 1 consejero designado por el Gobernador con aprobación del Congreso y 1 consejero nombrado por el Congreso.

En Tamaulipas el CJ tiene 5 miembros: El Presidente del TSJ, 2 consejeros designados por el Congreso a propuesta del Pleno del TSJ, uno designado por el Congreso y uno más por el Gobernador.

El CJ de Tlaxcala está integrado por 5 consejeros: El Presidente del TSJ, 1 magistrado y 1 juez elegidos por el TSJ, 1 consejero designado por el Congreso y 1 por el Gobernador.

En Veracuz el CJ tiene 6 consejeros: El Presidente del TSJ, 3 magistrados elegidos por el TSJ, 1 consejero designado por el Congreso y 1 por el Gobernador.

El CJ de Yucatán tiene 5 miembros: El Presidente del TSJ, 2 consejeros designados por el TSJ que tengan carrera judicial, 1 consejero nombrado por la Cámara de Diputados del Congreso y 1 por el Gobernador.

Si están interesados en consultar directamente las normas de las cuáles obtuve esta información, pueden hacer click en este link, que contiene el documento de word donde están transcritos los artículos correspondientes.

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Notas a pie:

¹ Jurisprudencia P./J. 113/2009 del Pleno de la SCJN:

CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. EL DISEÑO ESTABLECIDO POR EL CONSTITUYENTE LOCAL PARA SU INTEGRACIÓN, TRANSGREDE LOS PRINCIPIOS DE DIVISIÓN DE PODERES Y DE AUTONOMÍA E INDEPENDENCIA JUDICIALES. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la vulneración a la autonomía o a la independencia de los Poderes Judiciales Locales implica una transgresión al principio de división de poderes, el cual se viola cuando se incurre en cualquiera de las siguientes conductas: a) Que en cumplimiento de una norma jurídica o voluntariamente se actualice un hecho antijurídico imputable a los Poderes Legislativo o Ejecutivo; b) Que dicha conducta implique la intromisión de uno de esos Poderes en la esfera de competencia del Poder Judicial, o bien, que uno de aquéllos realice actos que coloquen a éste en un estado de dependencia o subordinación; c) Que la intromisión, dependencia o subordinación de otro Poder verse sobre el nombramiento, promoción o indebida remoción de los miembros del Poder Judicial; la inmutabilidad salarial; la carrera judicial o la autonomía en la gestión presupuestal. A las anteriores hipótesis debe agregarse una más: si con motivo de la distribución de funciones establecida por el Constituyente Local se provoca un deficiente o incorrecto desempeño del Poder Judicial de la entidad federativa. Ahora bien, el Constituyente del Estado de Baja California estableció un nuevo diseño en la integración del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial, integrado por 5 miembros: el Presidente del Tribunal Superior de Justicia, quien lo presidirá, el Presidente del Tribunal de Justicia Electoral y 3 Consejeros designados por el Congreso del Estado. Atendiendo a los lineamientos enunciados, este diseño constitucional transgrede los principios de división funcional de poderes y de autonomía e independencia judiciales, porque no se genera una efectiva representación del Poder Judicial a través de la designación mayoritaria de sus integrantes en el órgano que se encargará de tomar las decisiones administrativas del citado Poder, tampoco se permite que la función jurisdiccional de los integrantes del Poder Judicial se refleje en la composición de su Consejo, y además, se ocasionan suspicacias en cuanto a la intervención en la administración del Poder Judicial Local por parte de las personas designadas por Poderes ajenos al mismo, de tal suerte que indirectamente puede llevar a una intromisión del Poder Legislativo en la toma de decisiones administrativas del Poder Judicial, pues aquél, si así lo desea, puede colocar a éste en una situación de dependencia o subordinación administrativa por conducto de los Consejeros mayoritariamente nombrados por el Congreso del Estado. En suma, el nuevo diseño constitucional local provoca un deficiente o incorrecto desempeño en las funciones del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Baja California, lo que ciertamente ocasionará retrasos en la administración de la justicia con sus correspondientes perjuicios.