Federalismo y centralismo. La lucha eterna.

La historia de México nos demuestra un constante debate en cuál es la forma de gobierno que le conviene tener: federal o central. En el siglo XIX tuvimos desde un federalismo exacerbado (con la Constitución de 1824) hasta gobiernos centrales con las Siete Leyes Constitucionales de 1836, donde el gobierno, e incluso los mismos gobernantes, cambiaban de bando constantemente, no siempre de manera pacífica.

En 1917 pareció llegar la solución final, estableciéndose un gobierno de tipo federal. No obstante, la solución no fue definitiva. En efecto, si analizamos diversas figuras jurídicas y, en especial, el contenido del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), advertiremos que cada vez se “federalizan” mayores competencias. La federalización no es más que un eufemismo para disfrazar la centralización del Estado, donde el poder federal absorbe para sí mayores competencias y los Estados renuncian a ejercerlas (todo ello mediante el procedimiento previsto en el artículo 135 de la CPEUM o los convenios de coordinación fiscal donde los Estados renuncian a ejercer su potestad tributaria y la ceden al gobierno federal).

Cada vez que se federaliza un impuesto, competencia o atribución, ésta escapa del ámbito competencial de los Estados federados y recae en el gobierno central (federal). Para advertir esta transformación, basta analizar cómo se ha ido reformando el citado artículo 73 a lo largo del tiempo. La tendencia que seguimos, al parecer, será un gobierno central multifuncional, con competencias residuales en los Estados federados.

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Original Cover of the Political Constitution of the United Mexican States (Photo credit: Wikipedia)

Ser un gobierno federal o central no es, per se, bueno o malo. Con este post lo único que quiero destacar es que los mexicanos, a casi 200 años de independencia, aun no sabemos con certeza qué tipo de gobierno queremos para nosotros.

P. D. Feliz año nuevo 2014.

¿El condicionamiento de la vigencia de la Constitución?

Como sabemos, la modificación a la Constitución Federal en materia de amparo se publicó el 6 de junio de 2011. En uno de los artículos transitorios se estableció que su vigencia iniciaría 4 meses después de su publicación (que fue el 4 de octubre siguiente, día en que inició la 10a época judicial). El citado 4 de octubre era la fecha límite que el legislador ordinario tenía para expedir la nueva Ley de Amparo; no obstante, ésta se emitió hasta el 2 de abril de 2013, es decir, durante casi un año y medio existió una omisión legislativa en la materia que nos ocupa.

Durante el tiempo en que existió la omisión legislativa, varios jueces determinamos tramitar los nuevos juicios de amparo (presentados a partir del 4 de octubre de 2011) aplicando la Ley de Amparo de 1936 (abrogada actualmente), en lo que no se opusiera al texto de la reforma constitucional. De esta manera, por ejemplo, para resolver sobre la procedencia del juicio de amparo no pedíamos que el quejoso acreditara en interés jurídico (como preveía la Ley de Amparo de 1936), sino que estudiábamos el interés legítimo, como ordena la Constitución Federal.

Recientemente, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó – en contradicción de tesis – que la reforma constitucional  de amparo (de 6 de junio de 2011) estaba condicionada a la emisión de la nueva normatividad en la materia (que se expidió hasta el 2 de abril de 2013).

El criterio en comento es el que les comparto a continuación (pendiente de publicar en el SJF):

2a./J. 147/2013 (10a.)

REFORMA AL ARTÍCULO 107 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE JUNIO DE 2011. SU EFICACIA E INSTRUMENTALIDAD QUEDARON SUJETAS A LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN LA LEY REGLAMENTARIA. Aun cuando la reforma citada entró en vigor el 4 de octubre de 2011, los juicios de amparo promovidos antes de la expedición de la actual Ley de Amparo y después de la entrada en vigor de la reforma constitucional, deben regirse conforme al anterior texto constitucional y la anterior Ley de Amparo, en tanto que si bien es cierto que la reforma constitucional entró en vigor el día señalado, no puede soslayarse que existió un desfase entre la fecha en que cobró vigencia y la expedición de la nueva Ley de Amparo, toda vez que en el artículo segundo transitorio del decreto de reforma constitucional se confirió al Congreso de la Unión la obligación de hacer las adecuaciones respectivas dentro de los 120 días posteriores a su publicación, sin que en ese lapso hubiera cumplido con tal mandato, lo cual ocasionó que no pudiera materializarse el contenido del primer párrafo del artículo 107 constitucional reformado, que expresamente condicionó las controversias de que habla el artículo 103 de la Constitución, a los procedimientos que determine la Ley Reglamentaria, la cual es la que le da eficacia e instrumentalidad al enunciado del repetido artículo 107.

Contradicción de tesis 239/2013.- Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Octava Región, con residencia en Cancún, Quintana Roo.- 11 de septiembre de 2013.- Cinco votos.- Ponente: José Fernando Franco González Salas.- Secretaria: Maura Angélica Sanabria Martínez.

LICENCIADO MARIO EDUARDO PLATA ÁLVAREZ, SECRETARIO DE ACUERDOS DE LA SEGUNDA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, CERTIFICA: Que en términos de lo dispuesto por el punto octavo del Acuerdo General 1/2007 de trece de junio de dos mil siete, emitido por la Segunda Sala, modificado el uno de septiembre de dos mil diez; y 78, fracción XXVIII, del Reglamento Interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el rubro y texto de la anterior jurisprudencia fueron aprobados en sesión privada del veinticinco de septiembre de dos mil trece.- México, Distrito Federal, a veinticinco de septiembre de dos mil trece.- Doy fe.

La tesis de jurisprudencia en comento (obligatoria para Tribunales Colegiados y Juzgados de Distrito), pudiera ser contraria a una jurisprudencia emitida por la Primera Sala del más Alto Tribunal que estableció, en materia de amparo adhesivo, que aún cuando no se hubiera emitido la nueva Ley de Amparo -acorde al nuevo texto constitucional- los Tribunales Colegiados de Circuito debían de aplicar de manera directa lo dispuesto por la Carta Magna y tramitar dicho medio de impugnación (1).

Siguiendo con lo señalado en el párrafo anterior, la Primera Sala determinó que los órganos jurisdiccionales debían de hacer una aplicación directa de la Constitución reformada, no obstante que la nueva Ley de Amparo no se hubiera emitido, mientras que la Segunda Sala resolvió que hasta en tanto no se reformara la Ley de Amparo, se debía aplicar el texto constitucional vigente antes de la reforma de 6 de junio de 2011.

Este criterio podría dar a lugar a interpretaciones erróneas sobre la vigencia de las reformas constitucionales. En efecto, una lectura aislada de la citada jurisprudencia permitiría concluir que las reformas constitucionales no entran en vigor el día que el Poder Reformador de la Constitución lo indica de manera expresa en el propio texto constitucional (recordemos que los artículos transitorios de decretos de reforma de la Carta Magna forman parte íntegra de su texto), sino que la vigencia de la reforma constitucional dependerá de la voluntad del legislador ordinario, hasta en tanto emita la ley reglamentaria correspondiente.
No obstante, si atendemos a lo analizado en la sentencia de la contradicción de tesis que dio origen a la jurisprudencia en cita, podemos advertir que se refiere única y exclusivamente a la preparación de las violaciones procesales en procesos judiciales administrativos antes de interponer el amparo directo; por lo tanto, me parece que una correcta interpretación de esta jurisprudencia, es que el texto constitucional única y exclusivamente no estuvo vigente en  lo referente al artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
¿O podríamos afirmar, como señalé en párrafos anteriores, que la vigencia de todo el texto de la reforma constitucional estuvo condicionado a la emisión de la nueva Ley de Amparo y, por lo tanto, los juzgados y tribunales federales tenían la prohibición de aplicar de manera directamente el Texto Fundamental reformado (debido a su no entrada en vigor)?
No quedan muchos amparos pendientes de resolver que se presentaron antes del 2 de abril de 2013, así que poco podremos conocer acerca de cómo los órganos jurisdiccionales aplican e interpretan esta jurisprudencia.
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Notas al pie.
(1) Jurisprudencia 1a./J. 141/2012 (10a.) (IUS 2002961). SJF, Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 1, pp. 435, del siguiente texto: “AMPARO ADHESIVO. DEBE ADMITIRSE Y TRAMITARSE CON INDEPENDENCIA DE QUE NO EXISTA LA LEY SECUNDARIA QUE DETERMINE LA FORMA, TÉRMINOS Y REQUISITOS EN QUE DEBA PROMOVERSE. De la reforma al artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fracción III, inciso a), párrafo segundo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011, que entró en vigor el 4 de octubre de 2011, y de los antecedentes legislativos que le dieron origen, se advierte que se estableció la figura jurídica del amparo adhesivo, a efecto de que la parte que hubiere obtenido sentencia favorable y la que tenga interés jurídico en que subsista el acto reclamado, pueda presentar amparo en forma adhesiva al que promueva cualquiera de las partes que intervinieron en el juicio del que emana el acto reclamado. Asimismo, en esa reforma se estableció que la ley determinaría la forma y términos en que debería promoverse. Por consiguiente, la ausencia del ordenamiento legal que precise la forma, términos y requisitos en que deberá promoverse, no impide que dicho medio de control pueda presentarse y tramitarse, pues hasta en tanto el Congreso de la Unión no cumpla con el mandato constitucional a que se alude, los Tribunales Colegiados de Circuito están en posibilidad de aplicar, en lo conducente, directamente las disposiciones constitucionales en vigor, así como las disposiciones de la Ley de Amparo y del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a dicho ordenamiento legal, interpretándolas a la luz del texto constitucional. Arribar a una postura distinta sobre el particular implicaría desconocer la existencia de la garantía de acceso a la justicia, conforme a la cual toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, hasta en tanto no se expida la ley correspondiente.”

Consolidación de la SCJN como Tribunal Constitucional (2010)

Un post que escribí en el blog viejo, en enero de 2010. Ahora que lo vuelvo a releer, me parece que la nueva Ley de Amparo no sirvió de mucho para consolidar a la SCJN como Tribunal Constitucional (con excepción, tal vez, de la creación de los Plenos de Circuito).

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de nuestro país es el órgano cúspide dentro de los diversos tribunales de la República y tiene encomendadas un gran número de atribuciones, que se han ido incrementando con el paso del tiempo.

Si bien la SCJN actualmente tiene el carácter de auténtico tribunal constitucional, lo cual es reconocido por la doctrina, todavía conoce de un gran número de asuntos que son simples cuestiones de legalidad o que siendo cuestiones inherentes a temas de constitucionalidad, se trata de temas irrelevantes que la distraen de su función principal.

Para comprobar lo anterior, es suficiente con comparar el número de asuntos resueltos por la SCJN en 2009 (4,308) contra los fallados por la Corte Suprema (federal) de Estados Unidos (85) en ese año. En los procedimientos que dieron vida a las reformas de 1988 y 1994, el constituyente permanente expresó su voluntad de consolidar a la Corte como tribunal constitucional; a efecto de culminar lo anterior, es necesaria una serie de modificaciones legislativas y de interpretación jurisprudencial que incidan en lo cualitativo y lo cuantitativo de los asuntos que lleguen a la SCJN.

En el orden de lo cualitativo, se debe permitir que la Corte seleccione discrecionalmente aquellos asuntos que estime importantes para el orden jurídico nacional, es decir, adoptar la figura del writ of certiorari del derecho estadounidense, para que sea la SCJN la que decida discrecional y casuísticamente qué asuntos resolverá, sin sujetarse a reglas generales establecidas por el legislador o en acuerdos generales previamente emitidos por ella. Esta facultad debería de adoptarse en todo tipo de asuntos: juicios de amparo, revisiones administrativas, controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad.

A partir de la reforma de 1994, el número de controversias constitucionales presentadas ante la Corte aumentó exponencialmente, debido al aumento de los sujetos legitimados para intentar dicha acción de control constitucional y a un criterio laxo que permitió que en las demandas correspondientes se hicieran valer no sólo ataques a la Constitución Federal, sino también a cuestiones de mera legalidad, por violaciones a disposiciones secundarias. De esta manera, es necesario que en este tipo de asuntos la SCJN se pronuncie única y exclusivamente sobre cuestiones constitucionales y no sobre los tópicos de legalidad, también conocidos como inconstitucionalidad indirecta. De igual manera, debe de reducirse el número de supuestos de procedencia de la controversia constitucional.

El sistema de integración de jurisprudencia debe modificarse, eliminando la votación calificada y reiteración de criterios para establecer su obligatoriedad. Los tribunales constitucionales más importantes del mundo toman sus decisiones vinculantes por mayorías simples, pronunciándose una vez sobre el tema, sin necesidad de repetir sus criterios. Tratándose de amparo, para que la jurisprudencia de la Corte sea obligatoria a los demás órganos jurisdiccionales del país es necesario que reitere el mismo criterio en cinco ocasiones consecutivas, lo cual nos parece inadecuado, en virtud que las sentencias de los tribunales constitucionales no se legitiman, ni adquieren valor, por medio del cansancio (repitiendo algo hasta convencer a sus destinatarios), sino por los argumentos plasmados en las sentencias.

En relación a los cambios cualitativos de los asuntos de la Corte, debemos analizar los datos estadísticos de la SCJN de los últimos años, para advertir el gran número de asuntos que se ventilan para dirimir conflictos de órganos del Estado (acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales), esto es, pleitos entre las élites del poder; asuntos en materia fiscal, promovidos por un reducido número de ciudadanos que cuentan con los recursos económicos para ello; así como contradicciones de tesis que ventilan la divergencia de criterios jurisdiccionales de manera abstracta. Es necesario que la Suprema Corte regrese a sus orígenes y devuelva al juicio de amparo su importancia, como principal catalizador en la expansión de los derechos fundamentales de los ciudadanos. ¿Qué nos permite asegurar que el juicio de amparo es el principal medio de control constitucional en nuestro país? La lectura al artículo 39 del Pacto Queretano de 1917, al establecer que todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste.

Asimismo, sería recomendable que los nuevos criterios jurisprudenciales permitan una mayor defensa de derechos que a la fecha no han sido abordados por la SCJN, facilitando el acceso a la justicia, como sería flexibilizar el concepto de interés jurídico para efectos de procedencia del juicio de amparo; señalar, sin lugar a dudas, que mediante el sumario de garantías se pueden reclamar violación a derechos humanos previstos en tratados internacionales.

Sin duda la Corte ha realizado un gran esfuerzo para tutelar los derechos constitucionales de los ciudadanos, pero el sistema jurídico no le permite a la SCJN consolidarse plenamente como tribunal constitucional. Basta recordar que el juicio de amparo mexicano, que en algún momento fue un referente internacional, ha sido superado por la doctrina constitucional moderna y por la legislación de otras latitudes del mundo. Para volver a la vanguardia en la protección de derechos fundamentales es necesaria una reconfiguración en el sistema jurídico (el proyecto de una nueva Ley de Amparo, preparado por la SCJN, se encuentra congelado en el Congreso de la Unión) y un cambio en los paradigmas de interpretación jurisprudencial.

Reconocemos que los cambios aquí propuestos son sólo algunas ideas que deben desarrollarse con mayor amplitud, pero el tiempo y el espacio para ellos son limitados. Esperemos que las próximas reformas constitucionales aborden algunas de ellas.

 

Amparos de maestros contra la reforma educativa

En días recientes se resolvieron juicios de amparo en contra de la llamada “reforma educativa”, dada la trascedencia de los asuntos y a efecto de hacer transparente la actuación en los expedientes respectivos, se emitieron notas informativas por parte de los Juzgados Sexto y Séptimo de Distrito del Centro Auxiliar de la 2a Región, que a continuación les comparto:

Nota del Juzgado Sexto:

En el fallo dictado por este juzgado federal se estableció que el juicio es improcedente y, por lo tanto, se sobresee tomando en consideración cuatro argumentos torales:

a) El principio de supremacía constitucional impide al Poder Judicial de la Federación analizar una reforma al Pacto Federal, ya sea que se aleguen violaciones de fondo o al procedimiento de su creación; esto significa, en esencia, que las modificaciones o adiciones que se hagan a la Constitución Federal no pueden ser combatidas por los ciudadanos mediante el juicio de amparo;

b) La Constitución Federal no prevé expresamente la procedencia del sumario de derechos fundamentales para combatir una reforma constitucional. Las autoridades sólo pueden hacer lo que les está permitido; en ese sentido, la Constitución no permite que el Poder Judicial de la Federación, vía juicio de amparo, analice si la Constitución es inconstitucional.

c) Existe jurisprudencia obligatoria de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que dice que los jueces no pueden revisar el procedimiento de reforma constitucional. Esa jurisprudencia es obligatoria para este Juzgado Federal y, por lo tanto, se encuentra constreñido a acatarla.

d) La improcedencia decretada no vulnera los principios de acceso a la justicia previstos en la Carta Magna y tratados internacionales en materia de derechos humanos. Se afirmó lo anterior pues los maestros quejosos no impugnaron la parte de la reforma constitucional, relativa al mejoramiento de la educación en nuestro país.

Sólo impugnaron los artículos constitucionales que, estiman, afectan sus derechos laborales; sin embargo, se les dijo que dicha parte todavía no les agravia, en virtud de que aún falta que se emitan o adecúen las normas para regular la reforma constitucional en materia educativa.

Asimismo, los maestros no verán afectados sus derechos laborales hasta en tanto no participen en algún concurso de oposición o, en su defecto, sean evaluados de manera obligatoria para el ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia en el citado servicio profesional.

Será hasta entonces, cuando exista un acto de aplicación que incida en sus derechos fundamentales, en que podrán acudir al juicio de amparo.

La sentencia dictada por este Juzgado Federal puede ser impugnada por los maestros quejosos y el recurso de revisión podrá ser resuelto por un Tribunal Colegiado de Circuito o por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Nota del Juzgado Séptimo:

En los juicios de amparo promovidos masivamente por maestros, alumnos y padres de familia, se reclamó la reforma a los artículos 3 y 73 de la Constitución General de la República y la aducida ejecución de dichas disposiciones constitucionales, particularmente por lo que se refiere a la anunciada realización de la evaluación obligatoria, para la permanencia en el servicio profesional de los trabajadores de la educación, y la posible afectación de sus derechos laborales.

Al rendir sus informes con justificación, las autoridades responsables invocaron diversas causas de improcedencia del juicio, entre otras, la relativa a que el juicio de amparo no procede contra reformas a la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos, sobre la base del principio de supremacía constitucional contenido en el artículo 135 de nuestra Carta Magna, conforme al cual el Código Supremo sólo puede ser modificado mediante un complejo procedimiento en el que intervienen el Congreso de la Unión y las Legislaturas de los Estados, actuando como una unidad orgánica competencial.

El Juzgado Séptimo de Distrito del Centro Auxiliar de la Segunda Región al conocer de este y otros juicios de amparo relacionados con este mismo tema, analizó la causa de improcedencia aducida y llegó a la conclusión de que es fundada y de que les asiste razón a las autoridades responsables, en virtud de que la Constitución General de la República no establece que el Poder Judicial de la Federación tenga atribuciones para analizar y pronunciarse respecto de la validez y la constitucionalidad de las reformas a nuestra Carta Magna.

De conformidad con la jurisprudencia vigente y, por ende, obligatoria; así como la opinión doctrinal de diversos constitucionalistas, el juicio de amparo resulta improcedente contra reformas o modificaciones a la Constitución General de la República, pues el propio texto y contenido de nuestra Carta Magna es el fundamento del Control de Constitucionalidad, de tal manera que si la propia Constitución no prevé que el Poder Judicial de la Federación pueda otorgar el amparo contra preceptos constitucionales, entonces ciertamente el juicio de garantías resulta improcedente, atendiendo al principio de supremacía constitucional.

Consecuentemente, dado que resultó fundada la causa de improcedencia, lo que procede es decretar el sobreseimiento en los juicios de amparo. Dejando a salvo el derecho que tienen los trabajadores de la educación, para impugnar los actos de las autoridades, en caso de que estimen que vulneran o soslayan sus derechos laborales adquiridos.

Para acceder a las notas oficiales dar click en los siguientes enlaces: Sexto y Séptimo.

Versión pública de la sentencia dictada por el Juzgado Sexto.

Congreso: El reto del juzgador frente al nuevo orden jurídico nacional

Los días 23 y 24 de mayo de 2013, en la ciudad de Puebla, tuvo lugar el Congreso Nacional convocado por la Asociación Nacional de Magistrados y Jueces del PJF, A. C., titulado “El reto del juzgador frente al nuevo orden jurídico nacional”.

En este evento, en varias mesas de trabajo, jueces y magistrados federales discutimos sobre la cotidianidad de los asuntos que se nos presentan, así como a los retos que nos enfrentamos, entre otras cosas, por las recientes reformas en materia de derechos humanos y juicio de amparo.

Tuve el honor de presidir la mesa de control de convencionalidad. Platicamos sobre varios temas y llegamos a varias conclusiones. La mayoría de ellas por unanimidad, lo que podríamos pensar significaría  el apoyo general del gremio; sin embargo, y como en toda discusión humana, hubo sanos disensos, en los que las conclusiones de la mesa de trabajo se alcanzaron por mayorías de votos.

La mesa directiva de la asociación planea publicar las ponencias presentadas, así como las conclusiones de las mesas de trabajo. Ojalá se logre materializar este esfuerzo. Me parece que a la sociedad mexicana, especialmente a los juristas, les interesa saber qué piensan sus jueces.

A continuación les comparto el título de las ponencias que se presentaron en el congreso:

MESA 1. A-  NUEVA LEY DE AMPARO Y SU PROBLEMÁTICA

  • Algunos aspectos de la nueva Ley de Amparo, que tienen impacto en los asuntos relativos a los Juicios de Amparo Indirecto.
  • Notificaciones.
  • Suspensión en Materia Penal.
  • Comentarios sobre las fracciones V y VI del artículo 79 de la nueva Ley de Amparo.
  • Improcedencia en el Amparo de Oficio  (artículo 64, párrafo segundo, de la nueva Ley de Amparo)
  • Algunas Reflexiones sobre el Amparo Adhesivo en la nueva Ley de Amparo.
  • Estudio Preferente de las Violaciones de Fondo en el Juicio de Amparo (artículos 79, párrafo último, y 189, párrafo primero, de la nueva Ley de Amparo)
  • La integración de los Tribunales Colegiados Auxiliares a los Plenos de Circuito
  • Antecedentes y algunas figuras novedosas contenidas en la nueva Ley de Amparo

MESA 1. B-  NUEVA LEY DE AMPARO Y SU PROBLEMÁTICA

  • La resolución prioritaria de las resoluciones de contradicción de tesis y de sustitución de jurisprudencia, por parte de los Tribunales facultados para ello (Suprema Corte de Justicia de la Nación en Pleno o a través de sus Salas y Plenos de Circuito), previamente a resolver un caso concreto por algún Tribunal de la Federación, para cumplir con los estándares internacionales en materia de protección de los Derechos Humanos.
  • La procedencia de la jurisdicción concurrente en amparo en materia penal o su improcedencia, tratándose de la violación a las garantías de los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 Constitucionales.
  • Interpretación conforme de los artículos 128 y 129 de la nueva Ley de Amparo relativos a los requisitos para decretar la suspensión a petición de parte.
  • El juicio de amparo y los Actos de Particulares
  • La importancia de la interpretación amplia de los Actos de Particulares como objeto del Juicio de Amparo
  • Inconstitucionalidad del artículo 61, fracción I, de la nueva Ley de Amparo

MESA 2.-  REFORMA CONSTITUCIONAL EN MATERIA PENAL

  • La Reforma Constitucional en Materia Penal
  • El Nuevo Modelo del Sistema Procesal Penal 

 MESA 3.-  REFORMAS EN MATERIA LABORAL

  • Análisis del párrafo segundo del artículo 190 de la nueva Ley de Amparo.

MESA 4.-  CONTROL DE CONVENCIONALIDAD

  • Control de Convencionalidad
  • Control Difuso de la Constitucionalidad en el marco constitucional actual deja sin efectos las jurisprudencias en donde se indicaba que el Juez de Distrito No Viola Garantías Individuales
  • Inconvencionalidad del artículo 61, fracciones I y III de la Ley de Amparo
  • Algunas propuestas conceptuales en torno al control interno de convencionalidad en México.

MESA 5.-  PROBLEMAS DEL DÍA A DÍA EN LA PRÁCTICA DEL JUZGADOR

  • La Mediación por conducto del Juez en el Juicio Oral Mercantil.
  • El régimen de Responsabilidades Administrativas de los Jueces y Magistrados del Poder Judicial de la Federación y la Reforma Constitucional en materia de Derechos Humanos.
  • El uso de Toga Magisterial en las Audiencias Públicas.
  • ¿Cómo y cuándo se suspenden o modifican las pensiones complementarias?
  • La Prohibición de Meritorios en el Poder Judicial de la Federación y el enfoque de los Derechos Humanos y la Independencia Judicial.
  • La inseguridad de jueces, magistrados y demás integrantes del Poder Judicial de la Federación, derivada del ejercicio de sus funciones y la necesidad de tomar medidas orientadas a garantizar su derecho a la integridad personal.
  • ¿Es conveniente hacer obligatoria una determinada estructura de las Sentencias de Amparo?

 Nota: Quienes tengan acceso a la red interna del PJF, pueden consultar las ponencias en este link.

Control difuso. ¿En qué momento se debe ejercer por el juez?

En el último boletín electrónico de las reformas penal, de juicio de amparo y derechos humanos del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) se publicó una sentencia que dictamos en el juzgado hace poco.

En síntesis, en la sentencia se dijo que el control difuso de convencionalidad o constitucionalidad no puede ejercerse en cualquier momento y en cualquier ocasión, sino en el momento procesal oportuno en que se haya aplicado o vaya a aplicarse la norma que se estime inconstitucional o inconvencional; de lo contrario, se aceptaría que los juzgados pueden ejercer un control abstracto de constitucionalidad/inconvencionalidad, lo cual es propio de la academia, no de la judicatura.

Aquí un sumario de lo que dice el boletín:

 “…no se puede saber de antemano que la autoridad judicial, en efecto, vaya a condenar a la demandada, ahora agraviada, al pago de intereses; ni siquiera se tiene la certeza de que el juicio vaya a culminar con una sentencia, ya que éste puede concluirse anticipadamente por desistimiento de la parte, convenio, caducidad, etcétera.” (p. 10), luego entonces “… ejercer un control difuso respecto de los artículos que prevén medidas de apremio judiciales para vencer la resistencia de los contumaces, sin aplicación concreta, sería ejercer un control abstracto…” y “Los tribunales están para aplicar, interpretar y controlar las normas legales en casos concretos, no en supuestos hipotéticos.” (p. 9).

Asimismo, … “…la obligación de ejercer el control difuso ex officio, ya sea constitucional o convencional, no implica que en todos los acuerdos, proveídos, interlocutorias o resoluciones, la autoridad judicial haga un pronunciamiento expreso de la constitucionalidad o convencionalidad de los preceptos legales que apoyan su decisión, ya que ello no se infiere de ningún precedente judicial, ya sea nacional o internacional.” y que sostener tal criterio “…contravendría directamente el postulado previsto por el artículo 17 [constitucional]… pues sería prácticamente imposible impartir la justicia dentro de los plazos legales previstos para ello…” (p. 9), por lo tanto concluyó que “… el control difuso debe realizarse en el momento procesal oportuno en que debe, o debería, aplicarse la norma tildada de inconstitucional o inconvencional.” (p. 8).

Debido a que el CJF estimó relevante esta sentencia que dictamos en el juzgado, y se hizo pública en un medio oficial, creo conveniente compartirla con todos.

Aquí el link del boletín.

Acá el link de la versión pública de la sentencia.

Estado laico, misas y funcionarios

Cada determinado tiempo surge la misma situación: un alto funcionario (estatal o federal) asiste a un acto religioso y participa activamente en él; a continuación llegan las críticas a tal actuación y las acusaciones de que se está violando el estado laico previsto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM).

Decir que se viola el estado laico por que un funcionario vaya a misa (o a cualquier ceremonia religiosa) y participe en el rito activamente es una exageración.

En efecto, el artículo 24 de la CPEUM dispone que todo hombre es libre para profesar la creencia religiosa que más le agrade y para practicar las ceremonias, devociones o actos del culto respectivo. Tal derecho humano no está restringido a los servidores públicos (de ningún nivel jerárquico).

Varias actividades del Estado o sus servidores públicos pueden considerarse como violatorios del estado laico, como sería el tener crucifijos en oficinas, dar clases de religión en escuelas públicas, apoyar económicamente a una sola iglesia o religión, etcétera. Pero que un funcionario vaya a misa no es una de ellas.

Afirmar que los servidores públicos no pueden profesar su religión y que tienen prohibido asistir a actos de culto es tanto como pretender regresar a las épocas previas a la guerra cristera, que tanto daño hizo a nuestro país. La tolerancia y respeto a todas las ideologías y creencias debe de ser lo que guíe al país, no fanatismos anticlericales.

Para abundar un poco en el tema del estado laico, les comparto un texto que escribí hace ya un par de años:

Constitución y Estado laico: La sentencia 

McCreary County vs. American Civil Liberties Union of Kentucky en la jurisprudencia norteamericana (en la parte final hago algunas consideraciones en relativas a nuestro país).