Poder Judicial, outsourcing y ética judicial.

Recientemente la Comisión Nacional de Ética Judicial (en lo subsecuente “la Comisión”) emitió una interesante resolución en relación al expediente 2/2011, donde se analizó la figura del outsourcing.

El expediente derivó de una consulta formulada por un Consejero de la Judicatura Federal, en donde se preguntó a la Comisión si dicha figura (el outsourcing), contratada para la prestación del servicio de limpieza que se otorga al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) es acorde con los principios éticos que se observan dentro del Poder Judicial Federal (PJF).

En la resolución respectiva, la Comisión determinó (por mayoría de votos) que era incompetente para pronunciarse sobre el tema, con base en los siguientes argumentos torales:

“… el conflicto ético que en el presente caso plantea el promovente, no puede ser materia de análisis en cuanto al fondo por esta Comisión …, no sólo por no referirse a una conducta concreta de algún juzgador vinculada directamente con la función jurisdiccional que desempeña, o que pudiera mermar la respetabilidad de su cargo tanto en el ámbito público como en el privado, sino porque para abordar su estudio se requeriría, en primer lugar, determinar la naturaleza jurídica y los alcances legales de la figura contractual del outsourcing, lo que implicaría el análisis de la legislación y jurisprudencia laboral en México, así como de instrumentos internacionales sobre el tema …”

“Estudio jurídico que palmariamente se ubica fuera del ámbito competencial de esta Comisión … que, como se ha visto con antelación, se circunscribe a despejar las dudas o a dilucidar los conflictos éticos, derivados directamente del ejercicio de la función jurisdiccional a cargo de los titulares de los órganos de impartición de justicia del país …”

“Es necesario subrayar que el ámbito de competencia de esta Comisión … no incluye el análisis de las políticas administrativas de índole económico del Consejo de la Judicatura Federal, ni del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ni de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que forman parte de un ámbito técnico-administrativo que se rige por parámetros legales y contables sumamente especializados, cuya singularidad técnica se encuentra inmersa en un terreno completamente ajeno a la función jurisdiccional en si misma considerada, la cual corresponde en exclusiva a los titulares de los órganos nacionales de impartición de justicia.”

En el voto particular de los miembros disidentes de la Comisión, éstos consideraron que contratar servicios de limpieza por medio de la figura del outsourcing era contrario a la ética judicial, ya que ello es “en detrimento de los trabajadores y en beneficio de las empresas contratadas. Es de sentido común que éstas (las empresas) actúan con un propósito mercantil y sus beneficios derivan implícitamente de la privación de que son objeto los trabajadores …”.

Sumamente interesante el tema, que vincula cuestiones de ética judicial y administración pública. Me parece que la resolución de la mayoría de la Comisión fue correcta, ya que el tema propuesto no abarca cuestiones inherentes a la función judicial, sino única y exclusivamente tópicos relativos a la función administrativa del Consejo de la Judicatura.

¿Ustedes que opinan?

3 comentarios

  1. De acuerdo al art. 13, fracción II, emitir las recomendaciones correspondientes y si, concuerdo contigo, respecto al pronunciamiento de la Comisión, de paso, me encontré con esta tesis:

    Época: Novena Época
    Registro: 162923
    Instancia: SEGUNDA SALA
    TipoTesis: Jurisprudencia
    Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
    Localización: Tomo XXXIII, Febrero de 2011
    Materia(s): Constitucional
    Tesis: 2a./J. 1/2011
    Pag. 652

    [J]; 9a. Época; 2a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXXIII, Febrero de 2011; Pág. 652

    BENEFICIARIOS DE TRABAJOS O SERVICIOS. EL ARTÍCULO 15 A DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL, ADICIONADO POR DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 9 DE JULIO DE 2009, QUE LES ASIGNA LA RESPONSABILIDAD SOLIDARIA EN EL CUMPLIMIENTO DE DEBERES DE SEGURIDAD SOCIAL, ES CONSTITUCIONAL.

    El citado precepto en términos generales establece que el beneficiario de los trabajos o servicios asumirá las obligaciones previstas en la Ley del Seguro Social en relación con los trabajadores puestos a su disposición y dirección por parte de un patrón, cuando este último hubiese incumplido con ellas y el Instituto Mexicano del Seguro Social previamente le haya requerido, ya que el legislador ordinario estimó que las empresas de prestación de servicios o de mano de obra especializados -llamadas outsourcing-, en ocasiones no cuentan con medios suficientes para cubrir las obligaciones derivadas del vínculo laboral, y por ello era necesario asegurar el acceso y disfrute de los trabajadores a sus derechos sociales por medio de la institución de la responsabilidad solidaria, lo que motivó que el beneficiario fuera llamado a responder de los deberes correspondientes junto con el empleador. En ese tenor, el Congreso de la Unión no desbordó su facultad para expedir disposiciones en materia de trabajo, prevista en los artículos 73, fracciones X y XXX, y 123, apartado A, fracción XXIX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni es irracional ese instrumento de garantía si se tiene en cuenta, en primer lugar, que está encaminado a la protección y bienestar de los trabajadores y sus familiares, en aras de no dejarlos desamparados, además de que el beneficiario de la obra o el servicio no desconoce las condiciones laborales en tanto los trabajadores están a su disposición, mando, dirección o supervisión, lo que permite identificar plenamente al empleador, el lugar donde se ejecuta el trabajo, el número de días laborados, el horario y si se realiza una tarea operativa, profesional o administrativa. Ante esta conexión superlativa con la relación de trabajo, el beneficiario de los trabajos o servicios está en posibilidad material y jurídica de responder solidariamente en el cumplimiento de los deberes de seguridad social, no obstante carecer de la calidad de patrón al no pagar salarios ni proporcionar materia prima, maquinaria o herramientas de trabajo; aunado a que la responsabilidad solidaria no es absoluta frente a toda obligación incumplida, pues debe tenerse presente el artículo 26 de la Ley del Seguro Social y, en caso de pagar, tal beneficiario puede repetir contra el contratista independiente o intermediario.

    SEGUNDA SALA

    Amparo en revisión 419/2010. Inmobiliaria Alpamayo, S.A. de C.V. y otra. 9 de junio de 2010. Cinco votos. Ponente: José Fernando Franco González Salas. Secretario: Israel Flores Rodríguez.

    Amparo en revisión 649/2010. Aba Servicios Corporativos, S.A. de C.V. y otra. 25 de agosto de 2010. Cinco votos. Ponente: José Fernando Franco González Salas. Secretario: Israel Flores Rodríguez.

    Amparo en revisión 729/2010. Transportadora y Distribuidora de Fertilizantes, S.A. de C.V. 20 de octubre de 2010. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretario: José Álvaro Vargas Ornelas.

    Amparo en revisión 744/2010. Dirsamex, S.A. de C.V. y otras. 10 de noviembre de 2010. Unanimidad de cuatro votos. Ausente y Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano; en su ausencia hizo suyo el asunto José Fernando Franco González Salas. Secretario: Alberto Miguel Ruiz Matías.

    Amparo en revisión 808/2010. Colgate Palmolive, S.A. de C.V. 24 de noviembre de 2010. Cinco votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Arnulfo Moreno Flores.

    Tesis de jurisprudencia 1/2011. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del doce de enero de dos mil once.

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  2. El fundamento que señalo es del Reglamento de la Comisión Nacional de Ética Judicial, saludos!!!

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    1. Gracias Jorge, Saludos.

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