Consolidación de la SCJN como Tribunal Constitucional (2010)

Un post que escribí en el blog viejo, en enero de 2010. Ahora que lo vuelvo a releer, me parece que la nueva Ley de Amparo no sirvió de mucho para consolidar a la SCJN como Tribunal Constitucional (con excepción, tal vez, de la creación de los Plenos de Circuito).

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de nuestro país es el órgano cúspide dentro de los diversos tribunales de la República y tiene encomendadas un gran número de atribuciones, que se han ido incrementando con el paso del tiempo.

Si bien la SCJN actualmente tiene el carácter de auténtico tribunal constitucional, lo cual es reconocido por la doctrina, todavía conoce de un gran número de asuntos que son simples cuestiones de legalidad o que siendo cuestiones inherentes a temas de constitucionalidad, se trata de temas irrelevantes que la distraen de su función principal.

Para comprobar lo anterior, es suficiente con comparar el número de asuntos resueltos por la SCJN en 2009 (4,308) contra los fallados por la Corte Suprema (federal) de Estados Unidos (85) en ese año. En los procedimientos que dieron vida a las reformas de 1988 y 1994, el constituyente permanente expresó su voluntad de consolidar a la Corte como tribunal constitucional; a efecto de culminar lo anterior, es necesaria una serie de modificaciones legislativas y de interpretación jurisprudencial que incidan en lo cualitativo y lo cuantitativo de los asuntos que lleguen a la SCJN.

En el orden de lo cualitativo, se debe permitir que la Corte seleccione discrecionalmente aquellos asuntos que estime importantes para el orden jurídico nacional, es decir, adoptar la figura del writ of certiorari del derecho estadounidense, para que sea la SCJN la que decida discrecional y casuísticamente qué asuntos resolverá, sin sujetarse a reglas generales establecidas por el legislador o en acuerdos generales previamente emitidos por ella. Esta facultad debería de adoptarse en todo tipo de asuntos: juicios de amparo, revisiones administrativas, controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad.

A partir de la reforma de 1994, el número de controversias constitucionales presentadas ante la Corte aumentó exponencialmente, debido al aumento de los sujetos legitimados para intentar dicha acción de control constitucional y a un criterio laxo que permitió que en las demandas correspondientes se hicieran valer no sólo ataques a la Constitución Federal, sino también a cuestiones de mera legalidad, por violaciones a disposiciones secundarias. De esta manera, es necesario que en este tipo de asuntos la SCJN se pronuncie única y exclusivamente sobre cuestiones constitucionales y no sobre los tópicos de legalidad, también conocidos como inconstitucionalidad indirecta. De igual manera, debe de reducirse el número de supuestos de procedencia de la controversia constitucional.

El sistema de integración de jurisprudencia debe modificarse, eliminando la votación calificada y reiteración de criterios para establecer su obligatoriedad. Los tribunales constitucionales más importantes del mundo toman sus decisiones vinculantes por mayorías simples, pronunciándose una vez sobre el tema, sin necesidad de repetir sus criterios. Tratándose de amparo, para que la jurisprudencia de la Corte sea obligatoria a los demás órganos jurisdiccionales del país es necesario que reitere el mismo criterio en cinco ocasiones consecutivas, lo cual nos parece inadecuado, en virtud que las sentencias de los tribunales constitucionales no se legitiman, ni adquieren valor, por medio del cansancio (repitiendo algo hasta convencer a sus destinatarios), sino por los argumentos plasmados en las sentencias.

En relación a los cambios cualitativos de los asuntos de la Corte, debemos analizar los datos estadísticos de la SCJN de los últimos años, para advertir el gran número de asuntos que se ventilan para dirimir conflictos de órganos del Estado (acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales), esto es, pleitos entre las élites del poder; asuntos en materia fiscal, promovidos por un reducido número de ciudadanos que cuentan con los recursos económicos para ello; así como contradicciones de tesis que ventilan la divergencia de criterios jurisdiccionales de manera abstracta. Es necesario que la Suprema Corte regrese a sus orígenes y devuelva al juicio de amparo su importancia, como principal catalizador en la expansión de los derechos fundamentales de los ciudadanos. ¿Qué nos permite asegurar que el juicio de amparo es el principal medio de control constitucional en nuestro país? La lectura al artículo 39 del Pacto Queretano de 1917, al establecer que todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste.

Asimismo, sería recomendable que los nuevos criterios jurisprudenciales permitan una mayor defensa de derechos que a la fecha no han sido abordados por la SCJN, facilitando el acceso a la justicia, como sería flexibilizar el concepto de interés jurídico para efectos de procedencia del juicio de amparo; señalar, sin lugar a dudas, que mediante el sumario de garantías se pueden reclamar violación a derechos humanos previstos en tratados internacionales.

Sin duda la Corte ha realizado un gran esfuerzo para tutelar los derechos constitucionales de los ciudadanos, pero el sistema jurídico no le permite a la SCJN consolidarse plenamente como tribunal constitucional. Basta recordar que el juicio de amparo mexicano, que en algún momento fue un referente internacional, ha sido superado por la doctrina constitucional moderna y por la legislación de otras latitudes del mundo. Para volver a la vanguardia en la protección de derechos fundamentales es necesaria una reconfiguración en el sistema jurídico (el proyecto de una nueva Ley de Amparo, preparado por la SCJN, se encuentra congelado en el Congreso de la Unión) y un cambio en los paradigmas de interpretación jurisprudencial.

Reconocemos que los cambios aquí propuestos son sólo algunas ideas que deben desarrollarse con mayor amplitud, pero el tiempo y el espacio para ellos son limitados. Esperemos que las próximas reformas constitucionales aborden algunas de ellas.

 

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