¿El condicionamiento de la vigencia de la Constitución?

Como sabemos, la modificación a la Constitución Federal en materia de amparo se publicó el 6 de junio de 2011. En uno de los artículos transitorios se estableció que su vigencia iniciaría 4 meses después de su publicación (que fue el 4 de octubre siguiente, día en que inició la 10a época judicial). El citado 4 de octubre era la fecha límite que el legislador ordinario tenía para expedir la nueva Ley de Amparo; no obstante, ésta se emitió hasta el 2 de abril de 2013, es decir, durante casi un año y medio existió una omisión legislativa en la materia que nos ocupa.

Durante el tiempo en que existió la omisión legislativa, varios jueces determinamos tramitar los nuevos juicios de amparo (presentados a partir del 4 de octubre de 2011) aplicando la Ley de Amparo de 1936 (abrogada actualmente), en lo que no se opusiera al texto de la reforma constitucional. De esta manera, por ejemplo, para resolver sobre la procedencia del juicio de amparo no pedíamos que el quejoso acreditara en interés jurídico (como preveía la Ley de Amparo de 1936), sino que estudiábamos el interés legítimo, como ordena la Constitución Federal.

Recientemente, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó – en contradicción de tesis – que la reforma constitucional  de amparo (de 6 de junio de 2011) estaba condicionada a la emisión de la nueva normatividad en la materia (que se expidió hasta el 2 de abril de 2013).

El criterio en comento es el que les comparto a continuación (pendiente de publicar en el SJF):

2a./J. 147/2013 (10a.)

REFORMA AL ARTÍCULO 107 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE JUNIO DE 2011. SU EFICACIA E INSTRUMENTALIDAD QUEDARON SUJETAS A LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN LA LEY REGLAMENTARIA. Aun cuando la reforma citada entró en vigor el 4 de octubre de 2011, los juicios de amparo promovidos antes de la expedición de la actual Ley de Amparo y después de la entrada en vigor de la reforma constitucional, deben regirse conforme al anterior texto constitucional y la anterior Ley de Amparo, en tanto que si bien es cierto que la reforma constitucional entró en vigor el día señalado, no puede soslayarse que existió un desfase entre la fecha en que cobró vigencia y la expedición de la nueva Ley de Amparo, toda vez que en el artículo segundo transitorio del decreto de reforma constitucional se confirió al Congreso de la Unión la obligación de hacer las adecuaciones respectivas dentro de los 120 días posteriores a su publicación, sin que en ese lapso hubiera cumplido con tal mandato, lo cual ocasionó que no pudiera materializarse el contenido del primer párrafo del artículo 107 constitucional reformado, que expresamente condicionó las controversias de que habla el artículo 103 de la Constitución, a los procedimientos que determine la Ley Reglamentaria, la cual es la que le da eficacia e instrumentalidad al enunciado del repetido artículo 107.

Contradicción de tesis 239/2013.- Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Octava Región, con residencia en Cancún, Quintana Roo.- 11 de septiembre de 2013.- Cinco votos.- Ponente: José Fernando Franco González Salas.- Secretaria: Maura Angélica Sanabria Martínez.

LICENCIADO MARIO EDUARDO PLATA ÁLVAREZ, SECRETARIO DE ACUERDOS DE LA SEGUNDA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, CERTIFICA: Que en términos de lo dispuesto por el punto octavo del Acuerdo General 1/2007 de trece de junio de dos mil siete, emitido por la Segunda Sala, modificado el uno de septiembre de dos mil diez; y 78, fracción XXVIII, del Reglamento Interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el rubro y texto de la anterior jurisprudencia fueron aprobados en sesión privada del veinticinco de septiembre de dos mil trece.- México, Distrito Federal, a veinticinco de septiembre de dos mil trece.- Doy fe.

La tesis de jurisprudencia en comento (obligatoria para Tribunales Colegiados y Juzgados de Distrito), pudiera ser contraria a una jurisprudencia emitida por la Primera Sala del más Alto Tribunal que estableció, en materia de amparo adhesivo, que aún cuando no se hubiera emitido la nueva Ley de Amparo -acorde al nuevo texto constitucional- los Tribunales Colegiados de Circuito debían de aplicar de manera directa lo dispuesto por la Carta Magna y tramitar dicho medio de impugnación (1).

Siguiendo con lo señalado en el párrafo anterior, la Primera Sala determinó que los órganos jurisdiccionales debían de hacer una aplicación directa de la Constitución reformada, no obstante que la nueva Ley de Amparo no se hubiera emitido, mientras que la Segunda Sala resolvió que hasta en tanto no se reformara la Ley de Amparo, se debía aplicar el texto constitucional vigente antes de la reforma de 6 de junio de 2011.

Este criterio podría dar a lugar a interpretaciones erróneas sobre la vigencia de las reformas constitucionales. En efecto, una lectura aislada de la citada jurisprudencia permitiría concluir que las reformas constitucionales no entran en vigor el día que el Poder Reformador de la Constitución lo indica de manera expresa en el propio texto constitucional (recordemos que los artículos transitorios de decretos de reforma de la Carta Magna forman parte íntegra de su texto), sino que la vigencia de la reforma constitucional dependerá de la voluntad del legislador ordinario, hasta en tanto emita la ley reglamentaria correspondiente.
No obstante, si atendemos a lo analizado en la sentencia de la contradicción de tesis que dio origen a la jurisprudencia en cita, podemos advertir que se refiere única y exclusivamente a la preparación de las violaciones procesales en procesos judiciales administrativos antes de interponer el amparo directo; por lo tanto, me parece que una correcta interpretación de esta jurisprudencia, es que el texto constitucional única y exclusivamente no estuvo vigente en  lo referente al artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
¿O podríamos afirmar, como señalé en párrafos anteriores, que la vigencia de todo el texto de la reforma constitucional estuvo condicionado a la emisión de la nueva Ley de Amparo y, por lo tanto, los juzgados y tribunales federales tenían la prohibición de aplicar de manera directamente el Texto Fundamental reformado (debido a su no entrada en vigor)?
No quedan muchos amparos pendientes de resolver que se presentaron antes del 2 de abril de 2013, así que poco podremos conocer acerca de cómo los órganos jurisdiccionales aplican e interpretan esta jurisprudencia.
______________________
Notas al pie.
(1) Jurisprudencia 1a./J. 141/2012 (10a.) (IUS 2002961). SJF, Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 1, pp. 435, del siguiente texto: “AMPARO ADHESIVO. DEBE ADMITIRSE Y TRAMITARSE CON INDEPENDENCIA DE QUE NO EXISTA LA LEY SECUNDARIA QUE DETERMINE LA FORMA, TÉRMINOS Y REQUISITOS EN QUE DEBA PROMOVERSE. De la reforma al artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fracción III, inciso a), párrafo segundo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011, que entró en vigor el 4 de octubre de 2011, y de los antecedentes legislativos que le dieron origen, se advierte que se estableció la figura jurídica del amparo adhesivo, a efecto de que la parte que hubiere obtenido sentencia favorable y la que tenga interés jurídico en que subsista el acto reclamado, pueda presentar amparo en forma adhesiva al que promueva cualquiera de las partes que intervinieron en el juicio del que emana el acto reclamado. Asimismo, en esa reforma se estableció que la ley determinaría la forma y términos en que debería promoverse. Por consiguiente, la ausencia del ordenamiento legal que precise la forma, términos y requisitos en que deberá promoverse, no impide que dicho medio de control pueda presentarse y tramitarse, pues hasta en tanto el Congreso de la Unión no cumpla con el mandato constitucional a que se alude, los Tribunales Colegiados de Circuito están en posibilidad de aplicar, en lo conducente, directamente las disposiciones constitucionales en vigor, así como las disposiciones de la Ley de Amparo y del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a dicho ordenamiento legal, interpretándolas a la luz del texto constitucional. Arribar a una postura distinta sobre el particular implicaría desconocer la existencia de la garantía de acceso a la justicia, conforme a la cual toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, hasta en tanto no se expida la ley correspondiente.”

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