El dictamen pericial en materia fiscal (2009)

Un post que escribí hace más de cuatro años en el blog antiguo (13 de septiembre de 2009). Se los comparto.
Los dictámenes periciales, según el artículo 143 del Código Federal de Procedimientos Civiles, “… tendrá lugar en las cuestiones de un negocio relativas a alguna ciencia o arte”;de esta manera, cuando por en algún juicio de amparo se tengan que dilucidar cuestiones técnicas que puede escapar del conocimiento común del juzgador, es cuando se ofrece la prueba pericial.
En materia fiscal la prueba pericial se ha ofrecido, por regla general, para acreditar que el quejoso tiene interés jurídico. Tratándose de leyes autoaplicativas, la prueba pericial se ofrece para demostrar que el solicitante de amparo se encuentra dentro de los supuestos de la norma y, por lo tanto, con su simple entrada en vigor afecta su esfera jurídica; por otra parte, en relación a las leyes heteroaplicativas, la pericial tiene por objeto demostrar que en el acto que dio origen al juicio de amparo se aplicó alguno de los artículos reclamados en el sumario de garantías o determinado sistema fiscal.
Si bien, por regla general los dictámenes pericial que se ofrecen en los juicios de amparo son suficientes para demostrar el interés jurídico de los impetrantes de amparo, la práctica nos ha demostrado que existen ciertas experticiales que adolecen de ciertos defectos y, por lo tanto, podrían no ser útiles para probar el extremo que se pretende (conviene señalar que muchos de estos vicios no provienen de los contadores que los elaboran, sino derivan del cuestionario que proponen los abogados postulantes). He aquí algunos ejemplos.
Dictamenes periciales que se basan en pruebas insuficientes. En este tipo de estudios, que se dan con mucha frecuencia en los juicios de amparo, los peritos se basan en pruebas deficientes para tratar de dar una conclusión determinante, lo cual, pudiese ser incorrecto, pues una serie de pruebas deficientes no puede dar a lugar a un juicio inequívoco.
El ejemplo más claro es el siguiente: La Suprema Corte ha determinado que el acta constitutiva de una empresa, en la cual se asienta cuál es el objeto de una empresa, es insuficiente para determinar que efectivamente se realizan (Tesis Ius 207,783). Es decir, el hecho de que alguien vaya ante un notario público a constituir una empresa y diga que su objeto es el de fabricar naves espaciales y bases estelares, no significa que en efecto lo vaya a llevar a cabo. Lo mismo sucede con las empresas fantasmas, donde únicamente se constituyen con el fin de eludir o evadir impuestos pero, no obstante su legal constitución, jamás llevan a cabo los actos para las que se constituyeron.
Entonces, si el perito concluye que determinado quejoso sí es sujeto de cierto impuesto, por la simple lectura de su acta constitutiva, el valor de esa prueba pericial es dudoso. Realizando una analogía, si yo voy ante un notario público y digo que estoy enfermo, y posteriormente un médico me expide un certificado, sin revisarme físicamente, sino solamente leyendo el acta ante fedatario, ¿será legal ese certificado?
Otro supuesto podría considerarse aqué en que los peritos no revisan los documentos contables de las empresas (facturas, comprobantes de pagos, gastos, etcétera), sino lo que se ha denominado papeles de trabajo, que son concentrados de información contable creados por el propio contribuyente. Es decir, el perito basa su dictamen no en la contabilidad de la quejosa, sino en una relación que el mismo dice, equiparable al dicho bajo protesta de decir verdad (ver tesis ius 174,798).
Dictamenes periciales genéricos. En este tipo de prueba, el experto se limita a señalar una serie de cuestiones generales sobre lo que es la ley o el artículo impugnado, cuál es su mecánica, da ciertos conceptos relativos al objeto, base, tasa o tarifa del impuesto, límites de deducibilidad, etcétera. Sin embargo, en ningún momento hace referencia directa a la situación concreta de la quejosa; es decir, si se encuentra en los supuestos de la norma (autoaplicativa) o si en determinado acto de autodeterminación tributaria se aplicó algún precepto o sistema normativo (heteroaplicativa). Este tipo de dictámenes parece que tienen por objeto ilustrar al juzgador sobre la mecánica de un sistema fiscal, lo cual válidamente puede ser uno de los objetos secundarios del dictamen, pero no hay que pasar por alto que al fin de cuentas, son los tribunales quienes interpretan cómo se deben interpretar y aplicar las disposiciones fiscales.
Cuestiones interesantes que surgen con la práctica y convendría ahondar en su estudio y discusión.
Actualización: La idea de reciclar el viejo post en el nuevo blog me surgió de la lectura de la siguiente jurisprudencia:
PRUEBA PERICIAL CONTABLE EN EL AMPARO. VULNERA EL ARTÍCULO 16 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, SI SU DESAHOGO IMPLICA QUE LA AUTORIDAD IRRUMPA EN LA CONTABILIDAD DEL QUEJOSO, SIN QUE MEDIE EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PREVISTO EN LAS LEYES FISCALES.
Del citado precepto constitucional se advierte que nadie podrá ser molestado en su domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento; precisa, además, que la autoridad administrativa podrá exigir la exhibición de los libros y papeles indispensables para comprobar que se han acatado las disposiciones fiscales, sujetándose en estos casos, a las leyes respectivas. Así, el artículo 42, fracción II, del Código Fiscal de la Federación faculta a las autoridades hacendarias para realizar revisiones de gabinete o escritorio a fin de verificar si el contribuyente cumple con las disposiciones fiscales, de tal suerte que no es válido que con la justificación de practicar una prueba pericial en materia contable, ofrecida por la autoridad responsable, se pretenda cerciorar del cumplimiento de obligaciones fiscales de su contraparte, pues ello implica una facultad de comprobación ajena a las previstas en dicho precepto y, por ende, un acto de molestia violatorio del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En efecto, de realizarse la revisión que envuelve la prueba en cuestión, implicaría un daño no reparable en la sentencia definitiva, pues si en su desahogo el perito encuentra o descubre hechos que originen una posible responsabilidad y los diera a conocer, ello, sin duda, se constituiría en un medio diverso para acceder a su contabilidad, sin que el juzgador pueda repararlo en la sentencia definitiva, al no estar facultado para corregir o exculpar dicha situación, en tanto que su sentencia debe constreñirse al examen de legalidad o constitucionalidad que se le haya planteado en relación con los actos reclamados. En consecuencia, permitir el desahogo de la prueba pericial aludida, implicaría establecer que, ante la promoción de una demanda de amparo, la autoridad pueda revisar la contabilidad del quejoso como si estuviera ejerciendo una facultad de comprobación, pero sin cumplir con los requisitos legales ni constitucionales, sólo bajo el sustento de que como parte en el juicio de amparo, tiene derecho a ofrecer las pruebas que estime conducentes, lo que, como se dijo, no podría repararse en la sentencia definitiva, ni siquiera ante una eventual concesión del amparo, ya que tal revisión en sí no puede retrotraerse, peor aún, si se llegara a sobreseer el juicio.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO.

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