Inconvencionalidad de la Ley de Tratados

Advertir la inconstitucionalidad o inconvencionalidad de una norma general es una cuestión que requiere, según sea el caso, distintos grados de razonamiento lógico deductivo; los pasos que se necesiten para demostrarla, ya sea en una demanda o en una sentencia, dependerán, entre otras cosas, del grado de abstracción de la norma, la materia, la complejidad en su redacción, etcétera. No obstante lo anterior, hay disposiciones que no necesitan gran explicación para demostrar que atentan contra lo que dispone la Constitución Federal o algún tratado internacional. Imaginemos algún código penal que en la actualidad permitiera que en México se impusiera la pena de mutilación corporal (cortar las manos) a los ladrones; no se necesita tener más de dos dedos de inteligencia en la frente y haber dado algún vistazo al artículo 22 del Pacto Federal para argumentar y demostrar su inconstitucionalidad sin mucho esfuerzo argumentativo.

Hace poco, al leer la Ley sobre Celebración de Tratados (LCT), y en un ejercicio puramente académico, advertí algo que podría resultar paradójico: que dicha norma federal viola tratados internacionales. Veamos qué dicen los artículos 4o, párrafo segundo y noveno del ordenamiento en cuestión:

Artículo 4o.- Los tratados que se sometan al Senado para los efectos de la fracción I del artículo 76 de la Constitución, se turnarán a comisión en los términos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para la formulación del dictamen que corresponda. En su oportunidad, la resolución del Senado se comunicará al Presidente de la República.

Los tratados, para ser obligatorios en el territorio nacional deberán haber sido publicados previamente en el Diario Oficial de la Federación”.

“Artículo 9o.- El Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos no reconocerá cualquier resolución de los órganos de decisión de los mecanismos internacionales para la solución de controversias a que se refiere el artículo 8o. cuando esté de por medio la seguridad del Estado, el orden público o cualquier otro interés esencial de la Nación“.

El artículo 4o, párrafo segundo, de la LCT dispone que la vigencia y obligatoriedad de los tratados internacionales suscritos por el Presidente de la República, y ratificados por el Senado, está condicionada a su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Sobre este tópico veamos lo que dice la Convención de Viena sobre la Celebración de Tratados:

“ARTICULO 24 

Entrada en vigor 

1. Un tratado entrará en vigor de la manera y en la fecha que en él se disponga o que acuerden los Estados negociadores.

 2. A falta de tal disposición o acuerdo, el tratado entrará en vigor tan pronto como haya constancia del consentimiento de todos los Estados negociadores en obligarse por el tratado.

 3. Cuando el consentimiento de un Estado en obligarse por un tratado se haga constar en una fecha posterior a la de la entrada en vigor de dicho tratado, este entrará en vigor con relación a ese Estado en dicha fecha, a menos que el tratado disponga otra cosa.

 4. Las disposiciones de un tratado que regulen la autenticación de su texto, la constancia del consentimiento de los Estados en obligarse por el tratado, la manera o la fecha de su entrada en vigor, las reservas, las funciones del depositario y otras cuestiones que se susciten necesariamente antes de la entrada en vigor del tratado se aplicarán desde el momento de la adopción de su texto”.

Del tratado internacional podemos apreciar que la entrada en vigor de una convención dependerá de lo que disponga el propio tratado o la voluntad de los Estados negociadores; no advertimos que su vigencia pueda condicionarse – arbitrariamente – por uno de los contratantes a que se cumplan ciertas formalidades del derecho interno (a menos que así se estipulara textualmente en el tratado y se aceptara por los demás signantes).

Imaginemos que México firma un tratado internacional en materia de derechos humanos que dispone que su entrada en vigor será el 1o de enero de 2015, pero el Ejecutivo Federal olvida publicarlo y lo hace un par de meses después; en términos de la LCT ese convenio internacional surtirá efectos en el país hasta su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF), a pesar de que la voluntad expresada por México al suscribirlo era que entrara en vigor en una fecha distinta. En estas condiciones, me parece, la LCT no puede condicionar la entrada en vigor de un tratado internacional a su publicación en el DOF si en dicha convención se pactó una fecha distinta, de ahí su evidente inconvencionalidad.

Por otra parte, en relación a lo dispuesto por el artículo 9o de la LCT, que faculta al Estado mexicano a no acatar resoluciones dictadas por organismos internacionales de solución de controversias (imaginemos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos) cuando nuestro país crea que esté de por medio la seguridad del Estado, el orden público o cualquier otro “interés esencial de la Nación”, pone en evidencia el poco respeto que tenía el régimen autoritario al orden internacional cuando se aprobó, promulgó y publicó la LCT (1992).

Pensar en incumplir una resolución emitida por un organismo internacional (al que previamente se sometió México por un convenio internacional), sería tanto como aceptar que fuera correcto modificar el artículo 17 de la Constitución Federal, estableciendo que los ciudadanos podrán incumplir las resoluciones judiciales firmes si creen que no son justas; lo anterior sería un absurdo en el orden interno, entonces ¿por qué lo expresamos así hacia la comunidad internacional?.

Nuevamente, la LCT no puede servir de pretexto para incumplir lo señalado por un tratado internacional suscrito por el Estado mexicano, en términos de lo señalado por la Convención de Viena para la Celebración de Tratados, en el sentido que “una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado” (artículo 27). En relación a jurisdicción contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el artículo 68.1 del Pacto de San José dispone que “los Estados Partes en la Convención se comprometen a cumplir la decisión de la Corte en todo caso en que sean partes“, sin que se permita a las naciones a incumplir los fallos del citado tribunal internacional si no les gusta lo resuelto (alegando seguridad del Estado, orden público o interés especial -whatever that means, dirían los norteamericanos-).

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