Jurisprudencia, reiteración y mayorías calificadas.

La semana pasada la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió, por mayoría de 6 votos contra 5, que la detención en centros de arraigo es constitucional. Como sabemos, para que la jurisprudencia – en amparo – del Pleno de la Corte sea obligatoria para los demás órganos jurisdiccionales del país se requiere que el criterio respectivo sea reiterado en 5 ocasiones, sin ningún caso en contrario, además de que cada uno de los precedentes obtenga una votación calificada de 8 votos. Sin duda es un sistema perverso diseñado por el legislador;  ¿acaso la Corte Suprema de EEUU debe reiterar en múltiples ocasiones una determinación para que, siguiendo la teoría del stare decisis, la sigan los demás juzgados y tribunales? ¿El Tribunal Constitucional Alemán debe reiterar sus resoluciones para que no sean simples ‘llamados a misa’?

La votación calificada también tiene graves inconvenientes. Imaginemos que en el transcurso de 5 años la Corte resuelve 20 o 30 casos relativos a la constitucionalidad del arraigo, todos ellos con la votación de 6 – 5. Aunque estemos en presencia de doctrina jurisprudencial estable, no será obligatoria para las Salas, tribunales o juzgados.
Ante este panorama ¿cómo deben actuar los jueces que están convencidos que la detención en centros de arraigo viola derechos humanos protegidos por la Constitución  y tratados internacionales?
Una primera postura sería adoptar el criterio mayoritario del Pleno de la Corte (abandonando la postura personal); a fin de cuentas se trata del órgano cúspide del Poder Judicial Federal y último intérprete de la Constitución.
La segunda postura implicaría pasar por alto la decisión de la Corte, declarando la inconstitucionalidad de la detención en centros de arraigo, estableciendo en la resolución correspondiente que si bien se tiene noticia de la decisión de la SCJN, al no ser obligatoria en términos de la Ley de Amparo, se puede resolver en sentido contrario.
Tal vez este tema sea de fácil solución para abogados y académicos, pero para quienes ejercemos la función jurisdiccional implica múltiples aristas, desde la deferencia que se tiene hacia los órganos judiciales terminales, la protección de los derechos humanos y la independencia judicial.
Si en el futuro me toca resolver algún asunto sobre el arraigo deberé tomar una posición, mientras tanto queda como pregunta académica.

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