Amparo fiscal ¿sin límite temporal?

Hace poco la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió el Acuerdo General 16/2015 por el que ordenó el aplazamiento “… del dictado de la Resolución en los amparos en revisión del conocimiento de los Tribunales Colegiados de Circuito, en los que se impugnen normas generales en las que se establecen tributos locales, señalando como su acto de aplicación la retención realizada por el respectivo notario público en su calidad de auxiliar de la administración, con motivo de la emisión de instrumentos notariales o diverso documento privado generados con una anticipación de dieciséis días hábiles o más respecto al día de presentación de la demanda de amparo correspondiente”.

¿Qué tiene por objeto dilucidar la contradicción de tesis a que hace referencia el citado Acuerdo General? Algo de gran importancia en materia tributaria: determinar si, en determinados casos, el juicio de amparo indirecto contra leyes fiscales puede promoverse en cualquier tiempo o si, por el contrario, se debe sujetar al plazo genérico de 15 días para intentar la acción constitucional.

¿Qué originó esta contradicción de tesis? Trataré de resumirlo. Imagine que usted compra un bien inmueble y acude ante un notario público a protocolizar el contrato de compraventa respectivo. Como es sabido, el notario le retendrá algunos impuestos y derechos que se originan con motivo de la transacción, tales como el impuesto sobre adquisición de inmuebles (ISABI), impuesto sobre la renta (ISR) o derechos de inscripción ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio. La regla general del amparo dispone que a partir de ese momento usted cuenta con 15 días para promover el amparo en contra de los preceptos que regulan tales contribuciones.

Hasta aquí parecería no haber ningún problema; el inconveniente aparece cuando el notario público solo le informa al comprador (ya sea en la escritura o en el recibo que le expida) que retuvo una determinada cantidad de ISABI, ISR o derechos registrales, sin citar los artículos, incisos, subincisos, párrafos o transcribir las porciones normativas respectivas.

Lo anterior ha generado que algunos órganos jurisdiccionales sostengan que cuando el notario público no fundamente su retención (es decir, no cite expresamente el artículo, inciso, subiciso, fracción, párrafo o transcriba el artículo respectivo), entonces el juicio de amparo puede promoverse en cualquier momento, es decir, no importa que hayan pasado algunos meses, años o décadas (solo basta decir en la demanda de amparo que no sabía cuáles artículos se le aplicaron, pero ayer se los platicó el primo de un amigo, y a partir de esa fecha ‘renace’ el plazo para impugnar). Algunos otros juzgados y tribunales sostenemos que la falta de cita de preceptos legales no permite a los particulares a interponer el juicio en cualquier término, sino  que siempre se debe de estar al plazo genérico para impugnar leyes fiscales heteroaplicativas (15 días), contados a partir de la retención.

Las razones que justifican el segundo criterio son los siguientes:

Los notarios públicos no tienen el carácter de autoridades fiscales, por lo cual, en principio, no están obligados constitucionalmente a fundar las retenciones que realizan con motivo de sus funciones de auxiliar del fisco (al respecto, la SCJN emitió una jurisprudencia en ese sentido).

Basta que el notario público informe al comprador que retuvo alguna cantidad determinada de dinero e indique cuál es su destino (pagar derechos registrales, ISABI o ISR) para que sepa a ciencia cierta a qué se destinó su dinero y, consecuentemente, pueda impugnarlo por la vía del amparo a partir de ese momento, es decir, de la retención.

Sostener que no hay plazo para interponer el amparo contra leyes fiscales, cuando los particulares no fundamenten su retención, trastocaría el sistema del propio juicio constitucional, ya que para otras materias más delicadas, como la penal o la agraria, el plazo para interponer la demanda sería de 7 u 8 años, pero en materia fiscal no habría plazo. Al efecto debemos preguntarnos ¿habrá sido intención del legislador que la oportunidad para impugnar leyes fiscales no tenga límites o sea más generoso que para impugnar un acto que afecte la libertad personal (sentencia condenatoria) o afecte a un núcleo de población ejidal o comunal?

Si la SCJN resuelve que cuando un particular no cite el fundamento de la retención (que no se suele hacer), vendrá una oleada de amparos para ‘revivir muertos’, es decir, asuntos en los que ya había pasado el plazo de 15 días para impugnarlos, podrán ser traídos a la justicia federal ¿recuerda que por allá del año 2001 la Ley del ISR no gravaba los bonos de burócratas pero sí los de los trabajadores de la iniciativa, y que eso lo declaró inconstitucional la Corte? Pues si no presentó su demanda en ese entonces, podrá presentarla ahora (no importa que hayan pasado 14 años) y seguramente obtendrá la devolución de impuestos respectiva, con la cantidad debidamente actualizada, siempre y cuando el patrón no haya citado en el talón de pago del bono el artículo de la Ley del ISR que utilizó para la retención.

De igual manera, miles de recibos de pago expedidos por un sinnúmero de particulares (patrones, tiendas de autoservicios, prestadores de servicios profesionales) que retienen impuestos (IVA, IEPS, ISR), pero no citan los artículos legales respectivos en dichos documentos, darán una nueva oportunidad de impugnarlos.

Habrá que estar al pendiente de lo que resuelva la Corte.

Un comentario

  1. RIGOBERTO EDEL CONFESOR RODRGUEZ · · Responder

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