Empresas, derechos humanos y opiniones consultivas (II)

En un post anterior compartí una resolución donde el tribunal que integro determinó que las personas jurídicas no eran titulares de los derechos humanos consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).

Tras una nueva reflexión del tema, se determinó abandonar tal criterio, para concluir que las personas morales son titulares de los derechos humanos que prevé la CADH, a pesar de lo que determinó la Corte Interamericana de Derechos Humanos en una de sus más recientes opiniones consultivas.

Les comparto los razonamientos correspondientes de la sentencia, así como el  voto concurrente que formulé en ese asunto.

Texto de la sentencia:

“Antes de emprender el examen del fondo del asunto, es pertinente destacar que del análisis de los conceptos de violación expresados se identifican algunos que de manera temática han sido ya motivo de análisis, discusión y resolución en precedentes definidos por este Tribunal Colegiado funcionando en pleno, y que dicho sea de paso, está conformado por la propia integración de juzgadores; lo cual, en aras de respetar el principio de seguridad jurídica que debe imperar en las ejecutorias pronunciadas por los órganos jurisdiccionales, ahora hace indispensable retomarse para, en este apartado señalar destacadamente, una nueva reflexión sobre el particular por la mayoría de los magistrados.

En el presente asunto como en los precedentes que le antecedieron, se afirmó categóricamente que en términos tanto de la opinión consultiva OC-22/16, como de la resolución del caso “Cantos vs Argentina” no pueden reconocerse derechos humanos de la Convención citada a las personas jurídicas.

Es ahí donde nace la convicción de sentar una modificación del señalado criterio, en tanto que, para la mayoría es necesario hacer la precisión de que la citada afirmación se invocó como apoyo de las resoluciones dictadas, pero en la inteligencia de que esa limitante impuesta a las personas morales deviene del pensar de la Corte Interamericana quien así lo definió en sus determinaciones.

Esto es, a consideración de la mayoría de este Tribunal Colegiado esa lectura no se comparte; es así que, en aquellos asuntos ya resueltos al margen de la declarada inoperancia de los conceptos de violación de referencia, se abordó el análisis del derecho humano que invocaba violado la persona moral jurídica quejosa, solo que a la luz de la interpretación de los artículos 1° y 17 Constitucionales, que también reconocen en identidad los derechos humanos al recurso judicial efectivo, de debido proceso y de acceso a la justicia, entre otros.

Aspectos que se abordaron en esos términos por estimar que es de mayor beneficio hacer el examen conducente al amparo del derecho doméstico que también consagra, como ya se dijo, los derechos humanos que se alegaron violados previstos en los artículos 8° y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

         Para dar mayor claridad, éntrese en seguida al análisis.

En esencia, la persona moral quejosa, en el apartado de “preceptos constitucionales violados” de su demanda de amparo, refirió que se vulneró en su perjuicio la totalidad de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; de igual manera, en el concepto de violación sexto, la agraviada manifestó que el acta de notificación del acto administrativo impugnado es violatoria de los artículos 8 y 25 del tratado antes referido; mientras que en el concepto de violación cuarto, señaló que la jurisprudencia invocada por la Sala responsable contraviene el referido numeral 25.

         Como se destacó antes, la mayoría del Tribunal Colegiado no desconoce el criterio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos al resolver tanto la opinión consultiva OC-22/16, como la controversia del caso “Cantos vs Argentina”; en las que, en lo que a este examen interesa, sostuvo que únicamente las personas físicas tienen reconocidos los derechos humanos consagrados en el Pacto de San José y no puede hacerse extensivo a las personas jurídicas.

         Criterio que no se adopta por la mayoría de este Tribunal Federal, esencialmente, por lo siguiente.

La opinión consultiva OC-22/16, no es vinculatoria para los juzgadores mexicanos, y aunque hemos definido en este órgano colegiado que no basta la simple decisión de separarse de una decisión orientadora como es aquélla sino que es necesario justificar porque no se adopta; en el caso concreto esa justificación bien se encuentra en que nuestro derecho doméstico sí contempla ese reconocimiento de todos los derechos humanos que sean afines a la naturaleza de las personas jurídicas (como es el caso del derecho humano a un recurso efectivo, a que se administre justicia, debido proceso, y demás contemplados en sus diferentes formas tanto en la Convención Americana sobre Derechos humanos, en sus artículos 8 y 25, como en el artículo 17 de la Constitución Federal), sin distinción del instrumento internacional que lo contemple, esto es, sin importar su naturaleza de Tratado, Convenio, Opinión, etc., pues es claro que la interpretación que ha dado nuestra Corte Mexicana del artículo 1 Constitucional ha sido en ese sentido, y además prevé también en su segundo y tercer párrafos el principio “pro personae” que en términos básicos dispone la aplicación de la normativa que implique mayor beneficio.

Lo anterior se apoya en la jurisprudencia 29/2015 de la Primera Sala de la SCJN, de rubro “DERECHOS HUMANOS RECONOCIDOS TANTO POR LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, COMO EN LOS TRATADOS INTERNACIONALES. PARA DETERMINAR SU CONTENIDO Y ALCANCE DEBE ACUDIRSE A AMBAS FUENTES, FAVORECIENDO A LAS PERSONAS LA PROTECCIÓN MÁS AMPLIA.”[1]

         Inclusive -sin que esto implique que se hace el examen formal, pues ni siquiera sería materia de la litis, ni la vía jurídica- una interpretación del propio artículo 1.2 del Pacto de San José, a la luz de los criterios nacionales permitiría válidamente pensar distinto a lo resuelto por la Corte Interamericana, ya que en aras del principio pro personae, no puede dejarse de lado a las personas morales de su amparo por el simple hecho de emplearse la palabra “persona”.

Un ejercicio similar se hizo por legisladores mexicanos desde el dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, con opinión igual de la Comisión de Reforma del Estado de la Cámara de Senadores, cuando se aprobó la reforma en materia de derechos humanos, específicamente al artículo 1º constitucional, estableciéndose: “Respecto al párrafo primero del artículo 1º constitucional, estas comisiones dictaminadoras estiman conveniente precisar que la incorporación del término “persona” propuesto desde la Cámara de Origen, es adecuado, entendiendo por tal, a todo ser humano titular de iguales derechos y deberes emanados de su común dignidad y en los casos en que ello sea aplicable debe ampliarse a las personas jurídicas”.

Aspecto que, se insiste, a criterio de la mayoría obligaría a pensar que los derechos humanos previstos en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos son reconocidos a las personas físicas por disposición expresa, pero también pueden extenderse a las personas jurídicas por ser afines a su naturaleza en tanto tratan del “derecho humano a un recurso efectivo”, que está reconocido en el derecho doméstico.

Por otro lado, la resolución de la controversia “Cantos vs Argentina”, aunque sí es vinculatoria para los juzgadores mexicanos; no puede desconocerse que por las mismas razones ya expuestas arriba, reporta menos beneficio frente a la aplicación de nuestro derecho nacional. Por lo que bien podemos afirmar que sí deben reconocerse los derechos humanos del Pacto de San José a las personas jurídicas, para así estar en armonía frente al principio de progresividad, pues es reconocido, tanto por la doctrina como por la jurisprudencia del Máximo Tribunal de la Nación al amparo del texto del artículo 1 constitucional; lo contrario, es decir, una interpretación distinta podría constituir una regresión desconociendo incluso el espíritu que soporta la reforma constitucional en materia de derechos humanos.

Así es, iríamos en retroceso de la evolución buscada sobre el respeto y reconocimiento de los derechos humanos, que se ha erigido a través del principio de progresividad.

En suma no debe desconocerse que en la propia resolución de esa controversia, en ese propio caso, el Tribunal Internacional determinó que el individuo podía invocar violación a sus derechos protegidos por la convención, incluso cuando tal violación derivara, a su vez, de la afectación a personas jurídicas, ya que se lee:

“[…] Sin embargo, la Corte hace notar que, en general, los derechos y las obligaciones atribuidos a las personas morales se resuelven en derechos y obligaciones de las personas físicas que las constituye o que actúan en su nombre o representación… […] 29. Esta Corte considera que si bien la figura de las personas jurídicas no ha sido reconocida expresamente por la Convención Americana, como sí lo hace el Protocolo 1 a la Convención Europea de Derechos Humanos, esto no restringe la posibilidad que bajo determinados supuestos el individuo pueda acudir al sistema interamericano de protección de los derechos humanos para hacer valer sus derechos fundamentales, aun cuando los mismos estén cubiertos por una figura o ficción jurídica creada por el mismo sistema del derecho […]”.

Esto es, aun cuando no reconoce que las personas morales sean titulares de derechos humanos, la Corte Interamericana determinó que el individuo podía invocar violación a sus derechos protegidos por la Convención, incluso cuando tal violación derivara a su vez de la afectación de personas morales.

Lo cual resulta del todo lógico porque las personas morales son una creación jurídica ficticia creada e integrada por personas físicas.

Asimismo, no podemos dejar de ver la jurisprudencia 21/2014[2] del Pleno del Máximo Tribunal del país, de rubro: JURISPRUDENCIA EMITIDA POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. ES VINCULANTE PARA LOS JUECES MEXICANOS SIEMPRE QUE SEA MÁS FAVORABLE A LA PERSONA.”, ya que el propio título de esa jurisprudencia ordena a todos los órganos jurisdiccionales a la aplicación de la jurisprudencia de la Corte Interamericana cuando resulte favorable a la persona; lo cual no se satisface en el asunto, porque a estimación de la mayoría es de mayor entidad el criterio que sobre el tema ha sustentado nuestra Corte Nacional, frente a lo definido por la Corte Internacional.

Por todo lo anterior, a criterio de la mayoría sí es analizable el derecho humano que aduce violado la persona moral quejosa, previsto en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, consistente en que no se le respeto el derecho a un recurso efectivo, el cual se aprecia ineficaz al amparo de la jurisprudencia 12/2016[3] de la Segunda Sala de la SCJN, de rubro: “RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL JUICIO DE AMPARO CUMPLE CON LAS CARACTERÍSTICAS DE EFICACIA E IDONEIDAD A LA LUZ DEL ARTÍCULO 25 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS.”

Pero además, en vías de analizar con mayor detalle los argumentos planteados en los conceptos de violación, se extrae de su contenido la intención de proponer por la parte quejosa una violación a los derechos humanos que también son reconocidos con afinidad en los artículos 1º y 17 de la Carta Fundamental Mexicana.

En efecto, los conceptos de violación se analizarán a la luz de los derechos fundamentales consagrados por el Pacto Federal, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al disponer que en los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en dicha Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, no prevé distinción alguna, por lo que debe interpretarse en el sentido de que comprende tanto a las personas físicas como a las morales o jurídicas, siendo que estas últimas gozarán de aquellos derechos en la medida en que resulten conformes con su naturaleza y fines.

VOTO CONCURRENTE QUE FORMULA EL MAGISTRADO CARLOS ALFREDO SOTO MORALES EN EL AMPARO DIRECTO 346/2016 (INTERNO 533/2016). 

Si bien comparto la mayoría de las determinaciones que sustentan la sentencia dictada en el presente asunto, así como el punto resolutivo correspondiente, el presente voto concurrente es para apartarme de las consideraciones que se expusieron en la parte inicial de esta ejecutoria, en el sentido que las personas morales sí son titulares de los derechos humanos consagrados en la Convención Americana de Derechos Humanos (en adelante CADH o Pacto de San José), bajo los siguientes argumentos.

Este Tribunal Colegiado de Circuito, al resolver el amparo directo 203/2016 (número interno 469/2016), ya había establecido que las personas jurídicas no eran titulares de los derechos humanos establecidos en la CADH. Los principales argumentos para sustentar tal determinación, en su momento fueron: a) El texto expreso del Pacto de San José; y b) La interpretación de que de dicha norma ha hecho la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

En efecto, el artículo 1.2 del tratado internacional en cuestión dispone:

“Artículo 1. Obligación de Respetar los Derechos

Para los efectos de esta Convención, persona es todo ser humano”.

De igual manera, se dijo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), al resolver el caso Cantos contra Argentina, determinó que “la figura de las personas jurídicas no ha sido reconocida expresamente por la Convención Americana”; posteriormente, dicho tribunal internacional, en el segundo punto resolutivo de la opinión consultiva OC-22/16 estableció que el citado artículo 1.2 “… sólo consagra derechos a favor de personas físicas, por lo que las personas jurídicas no son titulares de los derechos consagrados en dicho tratado, en los términos establecidos en los párrafos 37 a 70 de esta Opinión Consultiva”.

Aunado a los argumentos antes expuestos, nuevos razonamientos me llevan a concluir que debimos de seguir sustentando nuestra línea jurisprudencial. Por ejemplo, la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados[A] establece que los pactos internacionales deben de interpretarse al sentido corriente de los términos que los integran. De esta manera, no queda duda que el Pacto de San José está dirigido a las personas humanas, no a las jurídicas, colectivas o morales. Al efecto, conviene destacar que no existe reserva interpretativa por parte del Estado mexicano en el sentido que una persona física y una jurídica son idénticas o asimilables.

Si en la CADH no se otorgó ninguna prerrogativa a las personas jurídicas, sino que todos los derechos que prevé se reservaron a las personas humanas, es claro que en el caso concreto debe estarse a la restricción prevista en el citado Pacto de San José, el cual forma parte del parámetro de control de regularidad constitucional, desarrollado en jurisprudencia firme de la Suprema Corte de Justicia de la Nación[B]. Si la Suprema Corte ha señalado que la Constitución Federal puede tener restricciones que anulen el contenido de los tratados internacionales, es evidente que las restricciones que contengan dichos convenios internacionales deben de tomarse en consideración al fijar su alcance y contenido.

La interpretación antes señalada no contraviene lo dispuesto por el artículo 29 del Pacto de San José[C], puesto que la prohibición de restringir derechos o libertades a que hace referencia, debe entenderse respecto de aquéllos previstos por el citado tratado internacional que, como ya se ha dicho, están consagrados a favor de personas físicas (humanas). De esta manera, no puede existir restricción indebida de derechos y libertades en perjuicio de personas jurídicas, si éstas no son titulares de aquéllos.

Por otra parte, desde mi punto de vista, la interpretación de las normas, inclusive la pro persona, tiene como límite el texto expreso de la disposición a esclarecer. De esta manera, no puede decirse que, so pretexto de realizar una interpretación garantista de alguna disposición (constitucional, supranacional o nacional), esta quede completamente anulada en su literalidad. Si la CADH señala expresamente que solo protege a seres humanos, no es factible, desde mi punto de vista, decir que tal tutela también incluye a las ficciones legales creadas por las personas físicas.

De igual manera, al extender la protección de la CADH a las empresas, en aras de una interpretación extensiva del artículo primero Constitucional, conlleva una inaplicación tácita del artículo 1.2 del Pacto de San José, es decir, una declaratoria velada de inconstitucionalidad, lo cual no está permitido por el artículo 107, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, que proscribe esta acción de control constitucionalidad en contra de disposiciones que prevean derechos humanos contenidos en tratados internacionales.

Finalmente, el criterio que originalmente había adoptado este Tribunal Colegiado de Circuito conciliaba perfectamente el orden constitucional y el convencional, pues los conceptos de violación se analizaban a la luz de la Carta Queretana de 1917 (que sí prevé derechos fundamentales a favor que las personas morales[D]), no así respecto de aquellos contemplados en la CADH (por restricción expresa del citado tratado internacional).

Reconozco el carácter garantista de la sentencia que concurro con este voto, la cual es acorde con el espíritu que ha guiado el proceder de la actual integración de este tribunal colegiado de circuito; sin embargo, por las razones expuestas, no comparto los razonamientos que sobre este tema se expresaron.

En consecuencia, mi voto concurrente es en el sentido de que la quejosa, al ser una persona jurídica, no es titular de los derechos humanos consagrados por la CADH, por lo que los conceptos de violación enderezados a demostrar la trasgresión a dicho tratado internacional debieron declararse inoperantes, sin perjuicio de estudiarlos a la luz de la Constitución Federal, como se hizo en la sentencia.

 

_____

Notas a pie de página de la sentencia:

 

[1] Visible en la Décima Época; Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; Libro 17; tomo I; página 240, de contenido siguiente: “Acorde con lo sostenido por el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia P./J. 20/2014 (10a.),* las normas de derechos humanos contenidas en los tratados internacionales y en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no se relacionan entre sí en términos jerárquicos, ya que se integran al catálogo de derechos que funciona como un parámetro de regularidad constitucional. Por tanto, cuando un derecho humano esté reconocido tanto en la Constitución Federal, como en los tratados internacionales, debe acudirse a ambas fuentes para determinar su contenido y alcance, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia; en el entendido de que cuando exista en la Constitución una restricción expresa al ejercicio de un derecho humano, se deberá estar a lo que indica la norma constitucional.”.

[2] Visible en la Décima Época; Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; Libro 5; tomo I; página 204, de contenido siguiente: “Los criterios jurisprudenciales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con independencia de que el Estado Mexicano haya sido parte en el litigio ante dicho tribunal, resultan vinculantes para los Jueces nacionales al constituir una extensión de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, toda vez que en dichos criterios se determina el contenido de los derechos humanos establecidos en ese tratado. La fuerza vinculante de la jurisprudencia interamericana se desprende del propio mandato establecido en el artículo 1o. constitucional, pues el principio pro persona obliga a los Jueces nacionales a resolver cada caso atendiendo a la interpretación más favorable a la persona. En cumplimiento de este mandato constitucional, los operadores jurídicos deben atender a lo siguiente: (i) cuando el criterio se haya emitido en un caso en el que el Estado Mexicano no haya sido parte, la aplicabilidad del precedente al caso específico debe determinarse con base en la verificación de la existencia de las mismas razones que motivaron el pronunciamiento; (ii) en todos los casos en que sea posible, debe armonizarse la jurisprudencia interamericana con la nacional; y (iii) de ser imposible la armonización, debe aplicarse el criterio que resulte más favorecedor para la protección de los derechos humanos.”.

[3] Localizable en la Décima Época; Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; Libro 15; tomo II; página 1771, con el contenido que dice: “De conformidad con el precepto citado, un recurso judicial efectivo es aquel capaz de producir el resultado para el que ha sido concebido, es decir, debe ser un medio de defensa que puede conducir a un análisis por parte de un tribunal competente para determinar si ha habido o no una violación a los derechos humanos y, en su caso, proporcionar una reparación. En este sentido, el juicio de amparo constituye un recurso judicial efectivo para impugnar la inconstitucionalidad, o incluso la inconvencionalidad, de una disposición de observancia general, pues permite al órgano jurisdiccional de amparo emprender un análisis para establecer si ha habido o no una violación a los derechos humanos de los solicitantes y, en su caso, proporcionar una reparación, lo que se advierte de los artículos 1o., fracción I, 5o., fracción I, párrafo primero, 77 y 107, fracción I, de la Ley de Amparo. Ahora bien, en cuanto a la idoneidad y la razonabilidad del juicio de amparo, la Corte Interamericana reconoció que la existencia y aplicación de causas de admisibilidad de un recurso o un medio de impugnación resultan perfectamente compatibles con el texto de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el entendido de que la efectividad del recurso intentado, se predica cuando una vez cumplidos los requisitos de procedibilidad, el órgano judicial evalúa sus méritos y entonces analiza el fondo de la cuestión efectivamente planteada. En esa misma tesitura, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que la circunstancia de que en el orden jurídico interno se fijen requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades de amparo analicen el fondo de los planteamientos propuestos por las partes no constituye, en sí misma, una violación al derecho fundamental a un recurso judicial efectivo; pues dichos requisitos son indispensables y obligatorios para la prosecución y respeto de los derechos de seguridad jurídica y funcionalidad que garantizan el acceso al recurso judicial efectivo.”.

Notas a pie del voto concurrente

[A] ARTICULO 31

Regla General de interpretación

  1. Un tratado deberá interpretarse de buena fe conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta su objeto y fin.

[B] Lo anterior en la jurisprudencia del Tribunal Pleno P./J. 20/2014 (10a.), registro 2’006,224, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 10ª época, Libro 5, Abril de 2014, Tomo I, página 202. Que a la letra dice: “DERECHOS HUMANOS CONTENIDOS EN LA CONSTITUCIÓN Y EN LOS TRATADOS INTERNACIONALES. CONSTITUYEN EL PARÁMETRO DE CONTROL DE REGULARIDAD CONSTITUCIONAL, PERO CUANDO EN LA CONSTITUCIÓN HAYA UNA RESTRICCIÓN EXPRESA AL EJERCICIO DE AQUÉLLOS, SE DEBE ESTAR A LO QUE ESTABLECE EL TEXTO CONSTITUCIONAL. El primer párrafo del artículo 1o. constitucional reconoce un conjunto de derechos humanos cuyas fuentes son la Constitución y los tratados internacionales de los cuales el Estado Mexicano sea parte. De la interpretación literal, sistemática y originalista del contenido de las reformas constitucionales de seis y diez de junio de dos mil once, se desprende que las normas de derechos humanos, independientemente de su fuente, no se relacionan en términos jerárquicos, entendiendo que, derivado de la parte final del primer párrafo del citado artículo 1o., cuando en la Constitución haya una restricción expresa al ejercicio de los derechos humanos, se deberá estar a lo que indica la norma constitucional, ya que el principio que le brinda supremacía comporta el encumbramiento de la Constitución como norma fundamental del orden jurídico mexicano, lo que a su vez implica que el resto de las normas jurídicas deben ser acordes con la misma, tanto en un sentido formal como material, circunstancia que no ha cambiado; lo que sí ha evolucionado a raíz de las reformas constitucionales en comento es la configuración del conjunto de normas jurídicas respecto de las cuales puede predicarse dicha supremacía en el orden jurídico mexicano. Esta transformación se explica por la ampliación del catálogo de derechos humanos previsto dentro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual evidentemente puede calificarse como parte del conjunto normativo que goza de esta supremacía constitucional. En este sentido, los derechos humanos, en su conjunto, constituyen el parámetro de control de regularidad constitucional, conforme al cual debe analizarse la validez de las normas y actos que forman parte del orden jurídico mexicano”.

[C] Artículo 29. Normas de Interpretación

Ninguna disposición de la presente Convención puede ser interpretada en el sentido de:

  1. a) permitir a alguno de los Estados Partes, grupo o persona, suprimir el goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en la Convención o limitarlos en mayor medida que la prevista en ella;
  2. b) limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad que pueda estar reconocido de acuerdo con las leyes de cualquiera de los Estados Partes o de acuerdo con otra convención en que sea parte uno de dichos Estados;
  3. c) excluir otros derechos y garantías que son inherentes al ser humano o que se derivan de la forma democrática representativa de gobierno, y
  4. d) excluir o limitar el efecto que puedan producir la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre y otros actos internacionales de la misma naturaleza.

[D] Modulados, desde luego, a la naturaleza de estas personas, según jurisprudencia firme de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

 

Un comentario

  1. […] de Derechos Humanos ya se ha pronunciado al respecto. En el tribunal de mi adscripción también hemos emitido sentencias sobre el tema. El incluir a las personas jurídicas oficiales (Estado, poderes ejecutivos, legislativos y […]

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