Vivimos tiempos difíciles en nuestro país. La corrupción y la impunidad laceran a una sociedad cada día más escéptica. Por otra parte, los medios de comunicación reportan con frecuencia hechos que implican desaparición forzada de personas, o actos de tortura como técnicas de ‘investigación’. El día a día de una nación asediada por este tipo de escenas.

En materia de derechos humanos mucha gente tiene la idea que el Estado, es decir, el gobierno federal, estatal o municipal, es el único que puede violar nuestros derechos fundamentales, pero eso no es así.

Todos los particulares (personas físicas o empresas) pueden violar derechos humanos. Hace poco vimos como una línea aérea bajó con lujo de violencia a un pasajero. Si bien la ley permite la sobreventa de boletos (este tipo de leyes nos demuestra como el Estado se pone de tapete a los grandes capitales en todo el mundo), bajo ningún parámetro se justifica la saña y fuerza empleados en contra del afectado.

En pleno siglo XXI se sigue practicando la esclavitud. Recordemos el caso de una tintorería mexicana que tenía encadenada a una mujer, forzándola a trabajar en condiciones inhumanas. El año pasado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Trabajadores de la Hacienda Brasil Verde, determinó que en una hacienda de aquel país, donde se permitía la existencia de tiendas de raya, pagos irrisorios y privación de la libertad de los ‘trabajadores’, eran verdaderos actos de esclavitud. Males que se pensaban erradicados en nuestro continente desde hace años, nos demuestran cómo los ‘patrones’ o ‘empleadores’ pierden ese carácter para convertirse en verdaderos violadores de derechos humanos.