Sabemos que recientemente se reformó la Constitución Federal, así como diversas leyes federales y estatales para crear el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA). Como señalamos al principio de este post, dicha reforma, por sí sola, no erradicará el gravísimo problema de corrupción que aqueja a nuestro país; sin embargo, es el primer paso para intentarlo.
El SNA implica la creación o modificación de varias instancias. Por ejemplo, el Comité de Participación Ciudadana, el Fiscal Anticorrupción, jueces anticorrupción (magistrados especializados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa) y el Comité Coordinador. También en la lucha contra la corrupción participan, con distintas atribuciones, la Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de la Función Pública, la Procuraduría General de la República, el Poder Judicial Federal, etcétera. Esto es solo a nivel federal, en los estados de la república también deberán hacerse los ajustes correspondientes.
En relación al punto 3 que mencioné anteriormente, es decir, personas comprometidas y convencidas de su cargo, toma especial relevancia la ética, que junto al marco legal correspondiente, guiarán su actuar. Para tal efecto, los funcionarios y ciudadanos encargados de hacer efectivo el SNA deberán actuar con prudencia, fortaleza, justicia y templanza (las cuatro virtudes cardinales).
Aquellos que tengan encomendada la investigación de la corrupción, verbigracia, tendrán que indagar una serie de actos, tales como contratos, licitaciones o adjudicaciones directas, que en la mayoría de los casos están cubiertos con cierto manto de legalidad. La investigación no se limitará a los funcionarios públicos, puesto que en muchas ocasiones actúan coludidos con otros ciudadanos, a través de negocios legalmente establecidos o empresas fantasma. De esta manera, la prudencia, entendida como el análisis de los hechos para tomar la mejor decisión, es indispensable en el combate a la corrupción.
La fortaleza y la justicia cobran especial importancia en esta tarea. Todas las personas que de manera directa o indirecta participen en el SNA tienen que actuar sin consideraciones partidarias. El SNA no es propiedad de ningún partido o fuerza política, sino de todos los mexicanos. De esta manera, tendrán que ser investigados y, en su caso, sancionados servidores públicos de cualquier partido, así como los particulares, sin importar que estén afiliados a alguna ideología política. Tampoco les deberá importar el nivel jerárquico del funcionario, ya sea un pez gordo, o un empleado de menor rango que, por ejemplo, cobre indebidamente por sacar copias fotostáticas. No dejarse intimidar por el propio poder del Estado, ni tampoco por los poderes fácticos, será indispensable para el éxito de su tarea.
Por último, mediante la templanza se debe evitar el protagonismo desmedido. Si bien este tipo de cargos siempre estarán en el ojo del huracán, bajo la mirada constante de la sociedad y los medios de comunicación, sus titulares no deben de buscar el aplauso en sus actividades, pues simplemente están haciendo su trabajo. Además, hay que tener en cuenta que varias de sus determinaciones no siempre tendrán el apoyo popular y serán ampliamente criticadas. Imaginemos el supuesto en el que un funcionario público es exonerado al demostrarse su inocencia; sin embargo, los juicios paralelos llevados a cabo por la opinión pública y medios de comunicación ya condenaron a esta persona. El SNA no debe entenderse como un medio para hacer una cacería de brujas, ni tampoco para convalidar linchamientos sociales o mediáticos.
En estos días que transcurren está pendiente por realizarse el nombramiento de varios funcionarios públicos clave para el SNA, como el caso del fiscal y jueces anticorrupción. Es importante que la sociedad civil se interese en estas designaciones, pero más aún, que le dé seguimiento a todo el sistema. En ello nos va el futuro del país.
