Compromiso de anticorrupción judicial

Hace poco escribí sobre la importancia de la ética en la lucha contra la corrupción bajo el sistema nacional anticorrupción (SNA). En congruencia con ello, me adherí al compromiso de anticorrupción judicial promovido por las más importantes barras de abogados de México, así como la barra internacional de abogados, recientemente firmado por los presidentes de dichas asociaciones y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Esta iniciativa no está dirigida solo a juzgadores, federales o locales, sino también a los abogados litigantes, quienes son los más asiduos usuarios del sistema de impartición de justicia. La corrupción es un lastre para la sociedad, y peor aquella existente al interior de tribunales. Los abogados deben denunciar algunas desafortunadas prácticas que se dan al día a día, como dar propina para la expedición de copias, o dar dinero para que salga rápido un acuerdo. Ya no se diga la venta de alguna resolución. Si no empezamos ahora, seguramente nuestros hijos y nietos seguirán enfrentando las mismas prácticas indebidas que existen en la actualidad.

Los invito a revisar y, en su caso, suscribir el compromiso.

Sin más preámbulo, les comparto la carta que dirigí al Ilustre y Nacional Colegio de Abogados, así como el compromiso suscrito.

Licenciado Alfonso Pérez Cuéllar Martínez. Presidente del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México.

Presente.

Como es de su conocimiento, en fechas recientes se reformó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a fin de establecer el sistema nacional anticorrupción (SNA), que implica la creación o modificación de varias instituciones legales, tales como el Comité de Participación Ciudadana, el Fiscal Anticorrupción y magistrados anticorrupción del Tribunal Federal de Justicia Administrativa), entre otros.

El Poder Judicial de la Federación tendrá una importante participación en la lucha en contra de la corrupción, pues muchas de las resoluciones que dicten las autoridades en la materia serán revisadas por los jueces de distrito y magistrados de circuito en vía de amparo. Inclusive, ciertos actos serán juzgados en procesos penales federales.

La Constitución Federal, en su artículo 100, párrafo 7o, dispone que la carrera judicial se regirá por los principios de excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo e independencia. El diverso numeral 128 de la Norma Fundamental refiere que todo funcionario público, sin excepción alguna, antes de tomar posesión de su encargo, prestará la protesta de guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen. En el caso particular de jueces y magistrados federales, la protesta constitucional se hace bajo la siguiente fórmula sacramental, ante los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal:

  • ¿Protestáis desempeñar leal y patrióticamente el cargo que se os ha conferido; guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión?
  • Sí protesto.
  • Si no lo hiciéreis así, la nación os lo demande.

 Es conveniente destacar que en la actualidad se cuenta con un Código de Ética del Poder Judicial de la Federación que define a la independencia judicial como la actitud del juzgador frente a influencias extrañas al Derecho, provenientes del sistema social. El citado código precisa que tal virtud consiste en juzgar desde la perspectiva del Derecho y no a partir de presiones o intereses extraños a aquél. De igual manera, el punto 5.17 de ese cuerpo deóntico dispone que los funcionarios judiciales deberán comportarse con honestidad, observando un comportamiento probo, recto y honrado.

El 29 de agosto de 2016, los presidentes de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados, de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, de la Barra Mexicana, colegio de abogados, así como la International Bar Association, suscribieron la Iniciativa de Integridad Judicial de la IBA: Compromiso de Anticorrupción Judicial, con la finalidad de prevenir, denunciar y luchar en contra de actos de corrupción que pudiesen existir en este poder del Estado.

Atendiendo a la invitación realizada para adherirse a dicho compromiso, convencido de que el combate a la corrupción en cualquiera de sus formas es un mandato constitucional y legal para los juzgadores mexicanos, suscribo en sus términos la citada iniciativa, convencido de que ello reafirmará mi convencimiento ético y personal, así como el juramento que hice al protestar el cargo de juzgador federal, en beneficio de la sociedad mexicana.

Sin otro particular, le reitero las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

Naucalpan de Juárez, Estado de México, 23 de mayo de 2017.

A T E N T A M E N T E.

 Carlos Alfredo Soto Morales.

Magistrado del Octavo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región,con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México.

 

INICIATIVA DE INTEGRIDAD JUDICIAL DE LA IBA:

COMPROMISO DE ANTICORRUPCIÓN JUDICIAL

 PREÁMBULO

 Declaración Anticorrupción

 Este compromiso se basa en mi solemne adhesión a la conservación y protección del Estado de Derecho, y para el cumplimiento de dicho fin yo:

  • Tomo en cuenta la necesidad de una estricta observancia de los principios fundamentales de la ética y la integridad en la práctica del derecho;
  • Reconozco que cualquier forma de corrupción socava la efectividad y legitimidad del proceso judicial y de la administración de justicia;
  • Acepto que el poder judicial debe mantenerse independiente y libre de todas la formas de influencia indebida e interferencia;
  • Reconozco que la erradicación de la corrupción judicial es fundamental para la lucha contra la corrupción en otros ámbitos de gobierno;
  • Confirmo los objetivos de:
    • Mantener la confianza del público en la administración de justicia;
    • Aumentar el respeto público a la institución del poder judicial, y
    • Proteger adecuadamente la reputación de los funcionarios judiciales y del poder judicial.

OPERATIVO

Compromiso de Anticorrupción Judicial

Consecuentemente, ME COMPROMETO a tomar todas las medidas necesarias para prevenir las prácticas corruptas que impactan al poder judicial y a cumplir los siguientes principios en la práctica del derecho.

General

  1. No cometeré ni toleraré prácticas de corrupción, directa o indirectamente, en el proceso judicial, sea a manera de soborno o como ejercicio de una influencia indebida sobre el poder judicial.
  2. No solicitaré, ofreceré o aceptaré cualquier beneficio significante o insignificante, directa o indirectamente, con la intención de afectar el resultado de un proceso judicial.
  3. No cometeré ni facilitaré, directa o indirectamente, actos que socaven la independencia judicial, incluyendo los intentos de interferencia política, económica, social o cualquier otra clase de interferencia, en el proceso judicial.
  4. En la medida en que participe en la toma de decisiones judiciales o en la administración de un proceso judicial, en todo momento me mantendré imparcial sin dar trato preferencial a cualesquiera individuos, entidades o grupos.
  5. Promoveré y cumpliré las normas locales de conducta ética y profesional en el ejercicio de la profesión.
  6. Reportaré, con prontitud, todas las violaciones a estos principios u otros incumplimientos éticos, a las autoridades competentes y/o a las asociaciones locales correspondientes.

Prohibición de dádivas, regalos y atenciones indebidas

7. Reconozco la necesidad de rechazar inequívocamente toda ventaja indebida tendiente a influir, directa o indirectamente, en la actuación de los profesionales del derecho en el ejercicio, por ellos, de cualquier tipo de funciones oficiales.

8. No solicitaré, recibiré o aceptaré promesas de pagos u otros beneficios, directa o indirectamente, de partes activamente involucradas en el proceso judicial.

9. No prometeré ni entregaré, directa o indirectamente, pagos o beneficios indebidos a jueces o personal de tribunales, para afectar el resultado del proceso judicial.

10. No entregaré ni aceptaré, en mi carácter oficial, regalos o atenciones indebidas, directa o indirectamente, con la excepción de regalos y atenciones mínimas, permitidas expresamente por reglamentos o los usos locales.

Prohibición de influencia indebida

11. Reconozco la necesidad de proteger la independencia e imparcialidad del poder judicial.

12. Combatiré todo intento de ejercicio de influencia indebida, ya sea política, económica, social o cualquier otra forma de influencia sobre el resultado de, o la interferencia en, un proceso judicial.

13. Si soy miembro del poder judicial o personal de tribunales, en todo momento mantendré la apariencia de, y practicaré la imparcialidad en mi calidad de funcionario judicial, y, particularmente, en mi interacción con partes activamente involucradas en un proceso judicial.

14. No buscaré ni ofreceré, directa o indirectamente, un tratamiento preferencial en un proceso judicial o cualesquiera individuos, entidades o intereses específicos o grupos políticos.

15. No arriesgaré, directa o indirectamente, mi función en el proceso de toma de decisiones judiciales u otros aspectos de un proceso judicial para obtener o mantener apoyo político.

Obligaciones de Reportar

16. Sujeto a cualquier deber primordial de confiabilidad a la que puedo estar obligado bajo las leyes de México, yo:

a) Reportaré, de manera oportuna, cualquier incumplimiento o sospecha de incumplimiento de los principios antes mencionados. Dichos reportes podrán ser realizados a las autoridades competentes y/o a asociaciones locales que tengan a cargo procesar o sancionar los actos de corrupción judicial, uso ilegal o abuso de un cargo público.

b) Haré mi mayor esfuerzo para facilitar y colaborar a procesar o sancionar las conductas de corrupción, incluyendo el ofrecimiento y entrega de información, testimonios o cualquier otra prueba.

DECLARADO Y CONFIRMADO por CARLOS ALFREDO SOTO MORALES, MAGISTRADO DEL OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA PRIMERA REGIÓN, DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN de MÉXICO.

A 23 de MAYO de 2017.

 

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