El derecho al olvido digital: un arma de doble filo.

En días pasados tuve el honor de asistir a la Universidad de los Andes, en Bogotá, al seminario “Libertad de expresión y derecho al olvido digital“. En este evento surgieron interesantes planteamientos, quisiera compartir algunos de ellos.

El supuesto derecho al olvido tiene como finalidad proteger la dignidad, la reputación y el buen nombre de una persona en concreto, a través de la eliminación de vínculos o información que pudieran afectar al interesado. ¿Cómo se logra lo anterior? Mediante la desindexación o desvinculación entre la información y los buscadores de internet, llamados intermediarios (por ejemplo, Google, Bing o Yahoo, por citar solo algunos). O que la propia fuente, es decir, la página web que contiene los datos, oculte o borre el contenido correspondiente.

El derecho al olvido no se originó en una ley o tratado internacional que específicamente lo reconozca como tal, sino que se ha desarrollado a partir de resoluciones jurisdiccionales. El precedente más importante es el caso Costeja, en el que la Corte de Justicia de la Unión Europea determinó que Google debía retirar o desindexar de su buscador una nota que aparecía en un periódico español, relativa a la subasta de un bien inmueble por deudas a la seguridad social.

A la fecha, ningún tratado internacional recoge expresamente el derecho al olvido. Acertadamente en este seminario se recordó que la Organización de las Naciones Unidas o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo, no tienen un comité o relator especial en esta materia. Sin embargo, poco a poco los países comienzan a legislar sobre el tema.

Quisiera delimitar la discusión del derecho al olvido a las noticias reportadas en la web, tales como periódicos o medios de comunicación digitales, blogs noticiosos, etcétera. Lo anterior, pues se pretende incluir en el derecho al olvido cuestiones como borrar el contenido de bases de datos del buró de crédito, o información que resguardan las empresas privadas u oficinas de gobierno (que pudieran ser propios del derecho de protección de datos personales). E inclusive, eliminar de redes sociales entradas de texto, fotografías o videos que hubiéramos compartido nosotros o terceros. De todos estos casos tal vez podamos hablar en el futuro.

Ahora bien, si existe un derecho al olvido respecto de las noticias publicadas en medios de comunicación digitales, debemos preguntarnos ¿los exgobernantes acusados de corrupción u otros delitos pueden pedir que las noticias que reportan sus conductas sean eliminadas de los buscadores o de las páginas de internet? Lo anterior no es descabellado. La Tercera Sala de la Corte Suprema de Chile, por votación dividida, resolvió que un periódico debía de borrar las noticias, en el portal electrónico de un periódico, relacionadas con un ex-carabinero acusado de delitos sexuales en contra de menores.

Cuando hablamos del derecho al olvido hay que ver las dos caras de la moneda. No se trata solamente de proteger la dignidad o reputación de una persona, sino de establecer límites y restricciones a las libertades de expresión, de prensa y de acceso a la información de la sociedad. Llegando al extremo, en ciertos casos, de borrar (en medios digitales) hechos que conforman la historia y la memoria colectiva de una localidad o de un país.

Como se trata de un derecho novedoso surgen varias interrogantes ¿quién debe llevarlo a cabo: los intermediarios (los buscadores de internet) o la fuente de la información (las páginas web de los medios de comunicación)? Si concluimos que los primeros, es decir, que Google, Yahoo o Bing (entre los múltiples buscadores existentes) son quienes tienen que ocultar de sus motores de búsqueda las noticias ¿hablamos propiamente de derecho al olvido o de un derecho humano a la desindexación?

También habría que analizar quién es el idóneo para resolver, en primera instancia, si procede este derecho al olvido. Si es el propio buscador, como acontece en Europa donde Google resuelve en qué casos procede y en qué casos no. O bien, si debe de ser una autoridad administrativa, como podría ser la encargada de la protección de datos personales. Otra alternativa sería plantear el asunto directamente a los jueces.

Si partimos de la premisa que es posible eliminar u ocultar digitalmente las noticias de los portales electrónicos: ¿deberían de ser los medios de comunicación quienes decidan si borran de sus páginas web las noticias? O tal vez debería de crearse un ombudsman de los medios de comunicación y derechos del lector que resuelva tales cuestiones.

No pretendo dar respuesta a todas estas interrogantes. Será la sociedad civil, la academia, el legislador y los tribunales quienes irán esclareciendo estas dudas.

De lo que sí estoy convencido es que ciertas noticias, como aquellas que involucran a servidores públicos o particulares en actos de corrupción o comisión de delitos, no deberían ser favorecidos mediante este novel derecho al olvido. Si alguno de estos afectados creyera que una nota o reportaje es falso o incorrecto, existen los medios legales para remediarlo, como sería el derecho de réplica. Finalmente, otro tipo de publicaciones, por ejemplo las que afecten a menores de edad, tal vez puedan ser tuteladas por esta vía.

Artículo publicado originalmente en el Huff Post.

 

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