Discrecionalidad judicial

Ya es lugar común hablar del siglo de los jueces o del gobierno de los jueces. Y en nuestro país no es para menos. A partir de la novena época el Poder Judicial Federal, en especial la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha adquirido especial relevancia en la vida política, jurídica y pública del país. Sus resoluciones impactan de sobremanera en nuestro estilo de vida. Ya sea adjudicando y delimitando competencias de los órganos del Estado, ampliando o restringiendo los derechos humanos y, con motivo de la entrada en vigor del nuevo sistema de justicia penal, definiendo los derechos y obligaciones de las partes en los nuevos procesos acusatorios. Por ello, cada vez toma más importancia el estudio de la actividad judicial. 

Un punto de análisis de sumo interés es el relativo a la discrecionalidad de los jueces. Estamos acostumbrados a hablar de la discrecionalidad de las autoridades administrativas, pero la judicial también tiene especial relevancia. Si bien es cierto uno de los pilares del Estado de derecho, y de la seguridad jurídica, es el principio que reza que las autoridades solo pueden hacer lo que les está permitido, tal postulado parece, cuando menos, diluirse al hablar de la función judicial, puesto que los juzgadores, día a día, toman decisiones con un grado de discrecionalidad que puede variar de intensidad.  

En principio, podríamos destacar 3 tipos de discrecionalidad: 1) la legal; 2) la interpretativa; y, 3) la absoluta.  

En la primera de ellas, el legislador reconoce que ciertas determinaciones deben de ser tomadas discrecionalmente por el juez. En estos supuestos la norma establece parámetros que el juzgador debe tomar en consideración para emitir su decisión. Ejemplo de esta facultad discrecional sería la imposición de una pena, una vez que se ha establecido que determinada persona cometió un delito. El juez deberá establecer cuántos años de prisión habrá de compurgar un sentenciado, dentro de los mínimos y máximos establecidos por el legislador. Otro caso lo encontramos cuando, dentro de un proceso civil, del juzgador determina el cuántum de la reparación del daño moral. 

El segundo tipo, la discrecionalidad interpretativa, surge de la necesidad de extraer la norma de una disposición legal. Cuando el texto de la ley o del reglamento a aplicar no es claro en cuanto a su redacción, corresponde al juez determinar cuál es su sentido. Del mismo modo, cuando la aplicación a raja tabla del texto legal sea contraria a la finalidad de la ley, evidentemente injusta o desproporcional, corresponderá al tribunal precisar el correcto significado de los vocablos utilizados por el creador de la disposición legal.  

Por último, habrá discrecionalidad absoluta cuando el sistema legal no prevé una respuesta a una problemática que se presenta ante el juez. Las lagunas normativas son el claro ejemplo de este tipo de situaciones. En muchas ocasiones el tribunal debe resolver problemas que son sometidos a su jurisdicción sin que el ley contemple el supuesto hipotético que le es presentado. Lo anterior es normal, puesto que es imposible que el legislador prevea todos y cada uno de los casos que se pueden materializar en el mundo real.   

Una vez planteados estos supuestos, debemos de preguntarnos ¿esta discrecionalidad tiene sustento en el sistema jurídico mexicano?. De ser así ¿tiene reglas o es ilimitada? La primera de las interrogantes encuentra su respuesta en el artículo 14, último párrafo, de la Constitución Federal, al disponer que en los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley, y a falta de ésta se fundará en los principios generales del derecho. Es decir, el Pacto Federal faculta de manera expresa a los jueces para que, en caso de ausencia de norma, se emita el fallo correspondiente, por lo que es evidente que se les faculta a decidir discrecionalmente.  

No obstante lo anterior, y dando respuesta a la segunda pregunta que nos acabamos de plantear, la discrecionalidad judicial no es absoluta, puesto que ello implicaría arbitrariedad y transgresión al principio de seguridad jurídica. De esta manera, la propia Constitución establece ciertas directrices y límites a tal discrecionalidad. Por ejemplo, al utilizar tal facultad, necesariamente deberá de motivar su decisión, como ordena el artículo 16 constitucional; de esta manera, el juzgador deberá explicar de manera razonada, y racional, por qué está resolviendo como lo hace. En materia de prohibiciones o límites encontramos la prevista en el artículo 14, al establecer que en los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía, y aún por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata. 

Existen otras disposiciones constitucionales que pueden servir de guía para la decisión discrecional del juzgador. Por ejemplo, el artículo 1º ordena que las normas relativas a derechos humanos se interpretarán favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Asimismo, la decisión discrecional del juzgador deberá sujetarse a los principios propios de la impartición de justicia, consagrados en el artículo 100 de la Constitución Federal: excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo e independencia.  

La discrecionalidad judicial no está guiada o acotada solo por lo que disponen los textos legales, los principios generales de derecho o la jurisprudencia, sino que cobran especial importancia los estudios doctrinarios en la materia. Así, para resolver problemas generados por lagunas normativas, se podrá acudir a la analogía para su solución. En materia de interpretación de textos legales, el juzgador podrá acudir a los métodos interpretativos teleológico, histórico, literal, sistemático, etcétera.  

Es importante que esta discrecionalidad sea ejercida por los jueces de manera prudente. A fin de cuentas, la facultad que les ha otorgado la sociedad para resolver los conflictos es un poder inmenso y que debe ser ejercido responsablemente dentro de los márgenes que establece la Constitución y las leyes. Siempre que se resuelva discrecionalmente debe buscarse la materialización de la justicia, sin que ello implique desatender otros principios importantes, como la seguridad jurídica.

Artículo publicado originalmente en la Revista INMEXIUS, No. 12.

Un comentario

  1. Roberto ruiz · · Responder

    Siempre interesantes sus puntos de vista lic. Soto. Gracias.

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