En los últimos días hemos constatado una serie de posicionamientos en contra de los garantes del orden constitucional y los protectores de los derechos humanos del país: juzgadores y juzgadoras federales. Basta ver las reacciones y comentarios en redes sociales y en las pláticas de café para advertir los resultados de tales maniobras. Se ha encontrado a un enemigo del pueblo fácilmente identificable, tanto como institución (Poder Judicial Federal) como a título personal, en el nombre y apellido de ministros de la Corte, jueces y magistrados de los tribunales federales en el país.

Esta campaña de desinformación y desprestigio se basa en verdades a medias, hechos falsos y, sobre todo, omisión de proporcionar información relevante. Me explico. En primer lugar, se pretende hacer creer que los reclamos que hace valer la judicatura federal son única y exclusivamente para defender su sueldo. Nada más alejado de la realidad. A lo largo de este tiempo se han emitido diversos pronunciamientos, e incluso promovido demandas de amparo, evidenciando que se busca minar diversas garantías de la independencia judicial, tales como la inamovilidad y el autogobierno de lo jueces.

Se afirma que jueces de distrito y magistrados de circuito ganamos alrededor de seiscientos mil pesos al mes. Esto es una premisa falsa, ya que nuestro sueldo no se acerca, para nada, a esa cantidad. Como señalé en el párrafo anterior, se busca limitar el debate a la cuestión de los salarios, lo cual es una manera de generar una errónea percepción de los reclamos de la judicatura. Nada se dice, por ejemplo, que hemos expuesto nuestras preocupaciones sobre diversas iniciativas de ley que buscan minar la independencia judicial. Por ejemplo, aquella que busca aniquilar el principio de inamovilidad judicial, de manera que los jueces sean rotados cada 3 o 6 años (que curiosamente coinciden con los periodos electorales); lo anterior permitirá que los juzgadores federales incómodos a los gobiernos estatales, municipales o caciques locales sean cambiados sin que ni siquiera se necesite una petición para ello.

Tampoco se considera que el debate incluye la iniciativa que propone que sean aplicados exámenes de control de confianza para acceder o permanecer en el cargo, de manera que los juzgadores puedan ser destituidos si no aprueban una pseudo prueba científica llamada polígrafo o, incluso, si no aprueban un examen médico (¿en cuanto tiempo deberá un juzgador correr los 100 metros o cuál será el nivel de colesterol máximo para emitir una sentencia?). Otra iniciativa busca que el poder legislativo tenga el control absoluto en la designación de los Consejeros de la Judicatura Federal. Todos estos temas son los que inciden en la independencia judicial y hay que discutir, pero maliciosamente solo se habla de los salarios.

El tema del que hablamos es tan importante para el orden constitucional y democrático del país que organizaciones de la sociedad civil y los principales colegios de abogados del país han alzado la voz para hacer notar los ataques a la independencia judicial y su impacto en el orden democrático del país. Inclusive, organismos internacionales han señalado su preocupación por el tema que nos ocupa. En otros países, en su momento, se hicieron advertencias como las señaladas, pero fueron ignoradas; actualmente esas naciones tienen regímenes autoritarios o francamente dictatoriales.

Estamos conscientes de que existen muchas áreas de oportunidad  para mejorar el sistema de impartición de justicia en el país, lo cual se debe de hacer con un debate serio que fomente los principios de separación de poderes e independencia judicial. Pero insisto, esto no se trata solo de sueldos, sino de debatir sobre la democracia y la protección de los derechos humanos.

Artículo publicado originalmente en el HuffPost México.

Sobre este tema, en el siguiente link se puede consultar el Posicionamiento de la Asociación de Jueces y Magistrados del PJF, de 10 de diciembre de 2018.

Recomiendo también la lectura del ensayo denominado ¿absolutismo-constitucional? Del Ministro en retiro Sergio Salvador Aguirre Anguiano.