En abril de 2019 tuvo lugar el Seminario de Discusión «¿Cómo garantizar la independencia judicial en el siglo XXI?», organizado por la Escuela Judicial Electoral. En este evento, María Silva, Laurence Pantin, Leopoldo Gama y un servidor, platicamos sobre un tema que actualmente se encuentra en boga en México: la independencia judicial .

En el evento, los participantes hablamos sobre cuestiones académicas y prácticas sobre la independencia judicial. Se hicieron críticas y comentarios a las reformas que se han propuesto en México. En lo que atañe al título de este post, propuse algunas cuestiones necesarias para fortalecer la independencia judicial en nuestro país. Las explico brevemente:

• Fomentar la cultura de  la legalidad. El desconocimiento de la cultura de la legalidad en nuestro país es abrumador. Poca gente conoce las facultades elementales de los poderes judiciales, legislativo y ejecutivo. Se llega al extremo que al hablar de poder judicial, lo primero que viene  a la mente a muchas personas es de policías judiciales. Esto implicaría un gran ejercicio en nuestro país, comenzando por la instrucción primaria y secundaria. De instrumentarse correctamente, con suerte, veremos los resultandos en un par de generaciones.
• Es necesario rediseñar el procedimiento de selección de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia. Hay que abandonar el actual sistema de ternas, para volver a la propuesta unipersonal aprobada por el Senado. También se tiene que pensar en un sistema que permita la participación activa de la sociedad en todo el proceso de designación, especialmente en la propuesta del candidato. Para ello, se debería de facultar a las organización de las sociedad civil, barras y colegios de abogados, así como universidades, proponer aspirantes para que sean tomados en consideración como posibles candidatos.
• El beneficio del haber de retiro, que actualmente se prevé para Ministros de la SCJN, hacerlo extensivo de manera expresa, en el texto constitucional, a jueces y magistrados locales y federales.
• Es necesario repensar en el sistema de selección de jueces, tanto federales como locales. Se deben abrir los concursos de oposición a gente externa al poder judicial, permitiendo que lleguen al cargo de magistrado, académicos, abogados postulantes o funcionarios de las otras ramas o niveles de gobierno. Mejorar la forma en que se llevan a cabo los concursos internos (que deben ser la principal fuente de juzgadores, para dar un verdadero sentido a la carrera judicial). Debe de establecerse una manera meritocrática, objetiva, sin necesidad de concurso, para ser magistrado de circuito, sin haber pasado por la carrera judicial (limitando el número de personas que lleguen por este modo). Finalmente, al momento en que los Magistrados de las Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) culminen su encargo, la posibilidad que sean ratificados por el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), para convertirse en Magistrados de Circuito.
• Hay que replantear los procesos de designación de los demás cargos, desde oficiales administrativos a secretarios en órganos jurisdiccionales, así como en las áreas administrativas.
• Se tiene que homologar  periodo de designación de los Magistrados de la Sala Superior del TEPJF al de los Ministros de la SCJN (15 años). Establecer, constitucionalmente, la prohibición de que los Magistrados del TEPJF puedan ser Ministros de la SCJN y viceversa. En ambos casos se trata de órganos cúspide, por lo que al terminar el periodo para el cual se fue designado en cualquiera de las dos instituciones debe de finalizar la función judicial del servidor público que tuvo el honor de ocupar el cargo.
• Establecimiento de un observatorio ciudadano, tanto en el CJF como en la SCJN.
• Prever un porcentaje mínimo del PIB o del presupuesto para el Poder Judicial Federal y los poderes judiciales locales. Estos últimos podrían variar dependiendo las necesidades de cada entidad federativa.

Las anteriores son solo algunas ideas que he expuesto en otras ocasiones y que trataré de desarrollar en entregas posteriores. Lo más importante de todo esto es que todas estas cuestiones sean ampliamente debatidas. Existen áreas de oportunidad para mejorar al poder judicial, en beneficio del país y de las personas.