El 21 de octubre se celebró, en el Senado de la República, el evento «Una reforma con y para el poder judicial», donde Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal (TEPJF), Consejeros de la Judicatura Federal (CJF), legisladores, representantes del poder ejecutivo federal, y el Fiscal General de la República, en un acto protocolario dieron inicio a las discusiones de lo que será una reforma de gran calado al sistema de impartición de justicia. Se busca atender muchos de los reclamos que han sido documentados por organizaciones de la sociedad civil, o reconocidos por los propios tribunales, como son la lentitud en los trámites judiciales, opacidad, corrupción y nepotismo. Son males que existen, en mayor o menor medida, en nuestro país. Las juezas y jueces somos los primeros que debemos reconocerlo y realizar las acciones para corregir o extirpar tales anomalías.

A pesar del esfuerzo que está haciendo, por ejemplo, el Consejo de la Judicatura Federal para modernizar y mejorar la impartición de justicia en juzgados de distrito y tribunales de circuito, y combatir los problemas que habíamos indicado con anterioridad, lo cierto es que afinar el sistema judicial en México requiere de muchos actores. Hay que reconocer que las medidas que tomen la SCJN, el TEPJF o el CJF tienen límites establecidos por el marco legal que los rige. Las buenas intenciones llegan hasta donde la ley lo permite. Por lo tanto, el papel del legislador -ordinario y constituyente- resulta de suma importancia para lograr una correcta reforma judicial, que analice todo el sistema, optimizándolo en su conjunto, y no mediante iniciativas aisladas.

A efecto de que la reforma no se convierta en la anulación del poder judicial, es necesario que en las mesas de trabajo participen conjuntamente legisladores, representantes de la SCJN, del CJF y del TEPJF. También es indispensable escuchar y atender los puntos de vista de las distintas asociaciones de jueces y magistrados que hay en el país, así como juzgadores a título individual. La participación de los colectivos de abogados (BMA, ANADE, INCAM), académicos y asociaciones de la sociedad civil son indispensables en un tema tan importante.

Para lograr una reforma con legitimación democrática, además de escuchar a todos los interlocutores antes señalados, es necesario que las modificaciones legales o constitucionales no disminuyan ninguna de las garantías que en la actualidad la Constitución y las leyes prevén para salvaguardar la independencia judicial.

En las siguientes entregas destacaré algunos de los puntos que, desde mi punto de vista, deben atenderse para mejorar y fortalecer al Poder Judicial de la Federación.

Video: «Una reforma con y para el poder judicial»