Primero vinieron por los socialistas, y yo no dije nada porque yo no era socialista.
Luego vinieron por los sindicalistas, y yo no dije nada porque yo no era sindicalista.
Luego vinieron por los judíos, y yo no dije nada porque yo no era judío.

Martin Niemöller. 

El derecho de asociación de juezas y jueces en nuestro país no está reconocido de manera expresa en la Constitución Federal, como sí lo hace la Constitución Española en su numeral 127. Esta prerrogativa, para personas juzgadoras, encuentra su origen en el artículo 9º, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por su parte, diversos instrumentos del soft law internacional, como son los Principios de Bangalore sobre la Conducta Judicial, establecen que los jueces, como cualquier otro ciudadano, son titulares del derecho de asociación, siempre y cuando lo ejerzan de forma que preserve la dignidad de las funciones jurisdiccionales, la imparcialidad y la independencia de la judicatura (artículo 4.6).

Los Comentarios Relativos a los citados Principios de Bangalore señalan, por ejemplo, que en el ejercicio de la libertad de asociación los juzgadores pueden incorporarse a una asociación profesional para el avance y protección de las condiciones de servicio y remuneración de los jueces o constituir juntamente con otros jueces un sindicato o asociación de esa naturaleza (párrafo 176). 

Atendiendo al carácter federal del sistema jurídico en México debería existir, por lo menos, una asociación de jueces y juezas en cada entidad federativa. No obstante lo anterior, no todos los Estados de la república tienen alguna asociación de personas juzgadoras; o teniéndola, no tiene actividad alguna. A nivel “nacional”, por decirlo de alguna manera, existen tres asociaciones: la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos (Conatrib), la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia (Amij) y la Asociación Mexicana de Juzgadoras (Amjuzgadoras).  La primera de ellas (Conatrib) reúne a los poderes judiciales locales; la segunda (Amij) congrega a aquéllos, así como a órganos jurisdiccionales federales, tales como la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, etcétera; finalmente, la tercera (Amjuzgadoras) reúne a mujeres juezas de órganos jurisdiccionales locales y federales del país. 

Dentro del Poder Judicial Federal (PJF) existe solo una asociación activa: la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito (Jufed) que, por el número de asociados individuales y sus acciones, es la más importante en el país. 

Poco a poco vamos viendo asociaciones formadas por otros funcionarios judiciales, tales como actuarios y secretarios. A manera de ejemplo podemos destacar el Colegio Nacional de Secretarios y Actuarios del PJF, o el Colegio de Secretarios de Estudio y Cuenta de la SCJN. Estas últimas también son importantes, puesto que ahí se encuentra el semillero de futuras juezas y jueces.

Algunas de las asociaciones mencionadas se dedicaron, durante mucho tiempo, solo a realizar congresos y actividades académicas para sus asociados. La Jufed también ha servido como interlocutora de jueces y magistrados con el órgano de gobierno del PJF, así como con la SCJN. Las asociaciones, de igual manera, han destinado sus esfuerzos y recursos a actividades de beneficencia y apoyo a la población más necesitada, ya sean comunidades originarias en todo el país, o donando material médico a hospitales públicos con motivo de la pandemia que estamos atravesando. 

La prueba de fuego para las asociaciones de jueces se dio hace poco tiempo. Como todos recordamos, existió una campaña de desprestigio en contra del PJF, acompañada, casi simultáneamente, de una serie de iniciativas legales que pretendían destruir su independencia. Colegios y barras de abogados, nacionales y de otros países, emitieron pronunciamientos en defensa de la independencia judicial. La única asociación de personas juzgadoras en el país que emitió una postura abierta y frontal sobre el tema fue la Jufed. Las demás asociaciones no dijeron nada, como si los ataques a una parte de la judicatura nacional no incidieran en el resto, recordándonos al poema de Martin Niemöller.

En los tiempos de cambio que vivimos es necesario que las juezas y jueces, sin importar fuero o materia, nos unamos. Requerimos que se vayan formando las asociaciones en las entidades federativas en las que no existen. Que se consoliden y fortalezcan las ya existentes. Y muy importante, que dejemos de voltear la mirada ante los problemas de otros. Es incomprensible que ante los ataques al poder judicial en una entidad federativa, todos los demás jueces y asociaciones guardemos silencio. Colegios y asociaciones deben dejar de ser simples agrupaciones que se reúnan ocasionalmente para tomarse la foto, transformándose en verdaderos mecanismos de defensa de los poderes judiciales, órganos elementales en los Estados democráticos de derecho. 

Además, es necesario que oigamos los justos reclamos de la sociedad para mejorar el sistema de impartición de justicia, desterrando prácticas como la corrupción o el nepotismo de nuestros tribunales. También debemos ser oídos, todos, en una reforma judicial que es inminente, sin que ello implique que estamos defendiendo privilegios indebidos, sino que lo hacemos en defensa de la independencia judicial, lo cual ha sido reconocido por el Informe del Relator Especial sobre la independencia de los Magistrados y Abogados (párrafo 61). En tal documento se establece que los jueces deben ser consultados, y participar activamente, en la preparación de la legislación relativa a su régimen jurídico y al funcionamiento del sistema judicial (párrafo 69). De esta manera, las voces de los jueces, a título individual, y de sus asociaciones tienen que ser escuchadas y atendidas en un ejercicio de parlamento abierto. De ahí la importancia de las asociaciones de personas juzgadoras en nuestro país.