Jurisprudencia fuerte. Una alternativa viable para la protección de los derechos humanos.

 

La protección de los derechos humanos por parte del Poder Judicial de la Federación tiene diversos antecedentes históricos, entre los que se encuentra el Acta Constitutiva y de Reformas de 18 de mayo de 1847, que en su artículo 25 establecía que “los tribunales de la Federación ampararán a cualquiera habitante de la república en el ejercicio y conservación de los derechos que le concedan esta Constitución y las leyes constitucionales, contra todo ataque de los poderes legislativo y ejecutivo, ya de la Federación, ya de los Estados”. La función protectora de los derechos de los ciudadanos a cargo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito se enfatizó con las reformas a la Constitución Federal de junio de 2011.

Una de las debilidades de la función jurisdiccional, tratándose de amparo contra leyes, es la fuerza vinculatoria de sus precedentes, lo que usualmente conocemos como jurisprudencia; es decir, aquellos criterios que, según los distintos mecanismos previstos por la Ley de Amparo, resultan obligatorios para diversos órganos estatales. Desde 1847 se estableció que las sentencias de amparo no podían hacer ninguna declaración general de inconstitucionalidad de la ley materia del juicio, lo que se ha conocido como el principio de relatividad de las sentencias.

Según este principio, solo aquellas personas que promuevan el juicio de amparo se verán beneficiadas con la sentencia estimatoria que obtengan; de manera que todos los demás ciudadanos que no hayan promovido dicha acción de control constitucional tendrán la obligación de seguir acatando la norma, aunque ya se haya declarado su inconstitucionalidad, inclusive por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

A efecto de paliar las inequidades que produce este principio, el legislador ha establecido diversos mecanismos, tales como la fuerza vinculante de los precedentes judiciales (jurisprudencia) o figuras como la declaratoria general de inconstitucionalidad. Por su parte, la SCJN, desde el año 2006, estableció que su jurisprudencia es obligatoria para todos los órganos jurisdiccionales del país, cuando se trate de leyes que, en su momento no se hayan impugnado, aunque se trate del segundo o ulterior acto de aplicación (1).

No obstante lo anterior, quienes estamos inmersos en el ámbito de los tribunales, ya sea como juzgadores o abogados postulantes, vemos que estas medidas legislativas o jurisprudenciales no son las suficientes para lograr una adecuado respeto a los derechos fundamentales de los ciudadanos.

Pongamos 2 ejemplos. En el primero, existe una ley fiscal que ya ha sido declara inconstitucional por la SCJN. A pesar de ello, las autoridades administrativas siguen cobrando el impuesto correspondiente, obligando a los contribuyentes a acudir al juicio contencioso (local o federal) a demandar la nulidad del crédito fiscal correspondiente. El segundo de los ejemplos es el de los matrimonios igualitarios. La Corte ya se pronunció, en jurisprudencia temática, que las leyes que no los permiten son inconstitucionales. Sin embargo, cuando dos personas del mismo sexo quieren casarse deben acudir al registro civil, y ante la negativa del funcionario correspondiente, tienen que promover un juicio de amparo indirecto.

En los dos casos anteriores las autoridades judiciales, por la fuerza vinculante de la jurisprudencia, estarán obligadas a resolver a favor de los ciudadanos, obligando, en el primer caso, a la autoridad fiscal a devolver los impuestos inconstitucionales pagados y, en el segundo, ordenando se permita la unión en matrimonio. Los ciudadanos involucrados, a fin de cuentas, lograron materializar su derecho, pero para ello tuvieron que acudir a las instancias judiciales correspondientes, lo que implica, diciéndolo coloquialmente, tiempo, dinero y esfuerzo.

Una manera de terminar con este tipo de prácticas, es lograr una reforma legal para lograr una jurisprudencia fuerte. Actualmente, la jurisprudencia de la SCJN, de los Plenos de Circuito y de los Tribunales Colegiados solo obliga a los demás órganos jurisdiccionales, ya sean locales y federales, no así a las autoridades administrativas que, atendiendo al principio de legalidad, están “obligadas” a aplicar leyes inconstitucionales.

Si se reformara el artículo 217 de la Ley de Amparo, estableciendo la obligatoriedad de la jurisprudencia para las autoridades administrativas, como sucede con el Tribunal Electoral(2), cesaría esta anomalía constitucional, de manera que, en los ejemplos que referimos, las autoridades fiscales no podrían cobrar impuestos inconstitucionales y las autoridades del registro civil se verían obligadas a unir en matrimonio a personas del mismo sexo, aun cuando la legislación ordinaria disponga lo contrario.

A efecto de robustecer esta medida, también se debería de reformar el artículo 268 de la Ley de Amparo, para determinar que incurren en delitos las autoridades que apliquen una ley declarada inconstitucional por la Suprema Corte.

Como vemos, la adición de unas cuantas palabras a dos artículos de la Ley de Amparo reforzaría el poder vinculatorio de la jurisprudencia del Poder Judicial de la Federación, prohibiendo a las autoridades administrativas aplicar leyes declaradas inconstitucionales por jurisprudencia, en aras de materializar el pleno goce de los derechos fundamentales de los ciudadanos.

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Notas a pie:

(1) Jurisprudencias P./J. 4/2006, P./J. 5/2006, P./J. 6/2006, P./J. 7/2006 y P./J. 8/2006.

(2) El artículo 233 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación dispone que la jurisprudencia del Tribunal Electoral será obligatoria para autoridades jurisdiccionales y administrativas en materia electoral.

2 comentarios

  1. Víctor Arturo villalobos · · Responder

    Creo que sería una excelente herramienta no sólo para respetar los derechos humanos, sino que con ello además se tendría un carga laboral menor en los tribunales de amparo, dando más tiempo para mejorar la calidad en las sentencias del PJF, además, acortaría la obligatoriedad de la jusrisprudencia, tratándose de plenos de circuito y TC a que sólo será obligatoria en donde dicho tribunal ejerce jurisdiccion, sobre todos ante lo variado que son las legislaciones en materia administrativa… @elbuenvik

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  2. rosa ofelia valadez barreda · · Responder

    creo que el poder judicial de la federación se quedaría sin trabajo, ya que es precisamente la ilegalidad de los actos de autoridad, lo que nos obliga a los ciudadanos a ocurrir ante el tribunal federal en demanda de protección y amparo en contra de las autoridades señaladas como responsables. en fin, creo, que lo correcto, es que cada autoridad, haga lo que realmente le corresponde, y no obligue al ciudadano a acudir ante su superior jerárquico, dado que bien puede aplicar la ley, puede aplicar la jurisprudencia, y puede aplicar la resolución de los tribunales federales, sin tanto burocratismo, al que esta acostumbrado por mas de cien años, es tiempo de que el tribunal federal, deje trabajar a los tribunales del fuero común, conforme lo mandata la constitución en sus articulos 1, 8, 17, 21, y 133 constitucionales, , es decir, que sean independientes, que apliquen la legislación, la jurisprudencia, los criterios declarados inconstitucionales, sin temor a una reprimienda tanto de sus superiores jerarquicos, como en las ‘propias sentencias, material humano competente si lo hay y mucho, es solo el burocratismo ex esivo, que no deja avanzar al país, lo que lo tiene sumido en miles de expedientes que no tendrían razón de ser, si las autoridades del fuero común fueran autenticas autoridades que ejerzan el derecho aplicado en sus sentencias, de manera libre, y sin temor a una sanción, dado que por ello los tribunales federales están atiborrados de expedientes, que no tienen razón de ser, tan solo a veces por nimiedades, que ni eso pueden resolver libremente los jueces, tales como el derecho a sacar copias, el derecho a ver un expediente, el derecho a una prueba, el derecho a un recurso, todo ello esta previsto, pero por temor y por costumbre los jueces del fuero común, deniegan la administración de justicia a sabiendas de que el tribunal federal lo concederá. gastando inútilmente los recursos económicos que pueden servir mejor para felicitarlos. nos ahorraríamos mucho dinero, muchos recursos, si cada autoridad, realmente hiciera lo que legalmente le corresponde, y no se lave las manos, como poncio pilatos, argumentando bobadamente que el tribunal federal lo resolvera, o la suprema corte de justicia dirá la ultima palabra, si de un primer momento esta en sus manos administrar una justicia pronta, expedita, rápida y gratuita, pues madamas en un juicio de amparo, mínimo nos llevamos 3 meses, ello sin contar con que la responsable jamas rinde el informe justificado con las copias integras del expediente que tiene en su poder, y que ello origina, que la audiencia constitucional se suspenda y se señale nueva fecha y …. otros tres meses.
    es tiempo de ponernos a trabajar seriamente…. que la autoridad haga lo que realmente le corresponde, que no se lave las manos, que resuelva conforme a derecho, y que gaste menos recursos economicos, materiales, personales y de gestión, dado que ya de por si, el pueblo mexicano ya no aguanta tanta lentitud en la administración de justicia..

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