La buena fe en el juicio de amparo

La doctrina y la jurisprudencia son acordes en señalar que el amparo es un juicio que parte de la buena fe de las partes. Esto se pone de relieve, sobre todo, en el juicio de amparo indirecto, donde el quejoso narra los hechos, bajo protesta de decir verdad, a efecto de que el juez tenga elementos suficientes para resolver 2 cuestiones sumamente importantes: la admisión a trámite de la demanda y el otorgamiento de la suspensión.

La buena fe en la narrativa de estos hechos implica que el agraviado no falte a la verdad (señalando hechos falsos) u omita decir cosas verdaderas que le son adversas.

Con el paso del tiempo he advertido que los quejosos son probos en este sentido, pero, como en todo, hay algunas excepciones. No falta quien alegue, por ejemplo, que se pretende rematar un bien de su propiedad, argumentando que jamás se ha enterado de ningún juicio en su contra; cuando llega el informe del juez responsable advertimos que nuestro “extraño a juicio” contestó la demanda, ofreció pruebas e interpuso todo tipo de recursos (incluso el amparo directo contra la sentencia definitiva). En este caso, la falsedad con la  que se condujo el ciudadano le permitió que se admitiera la demanda de amparo y se le concediera la suspensión del acto reclamado.

Otro tipo de “mentiras piadosas”, las menos frecuentes, se dan cuando el agraviado falsea el derecho. Aunque parezca increíble, hay personas que modifican las leyes a su favor. El año pasado leía una demanda y el agraviado decía que se le debía conceder el amparo, pues un artículo de la Constitución le daba la razón, inclusive lo transcribía; mientras avanzaba en la lectura pensé: ¡qué raro, no recuerdo haber leído esto en la Constitución! Al checar la versión de esa semana de la CPEUM me di cuenta que el quejoso había cambiado -a su favor- la redacción de un artículo constitucional (tal vez pensando que nadie se daría cuenta). Hace poco, una persona, en un amparo contra leyes fiscales, se inventó  todo un artículo (con todo y fracciones) para demostrar una supuesta antinomia.

Insisto que este tipo de casos son los menos (no llegan al 1%), pero rompen un equilibrio procesal delicado y su materialización podría considerarse como ilícita, con las consecuencias penales que ello podría acarrear al justiciable.

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